Nuevo varapalo a la exalcaldesa Marín por vulnerar los derechos laborales de una concejal del PP

La exalcaldesa Candi Marín, en una rueda de prensa.
La exalcaldesa Candi Marín, en una rueda de prensa. / JAVIER CARRIÓN/AGM

La alcaldía de Moratalla dictó una resolución en julio de 2016 negándole la excedencia forzosa por cargo público en el puesto de directora de la escuela infantil municipal

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El paso por la alcaldía de Moratalla de Candi Marín, dirigente de Izquierda Unida y destacada militante de CC OO, no se va a recordar por su encendida defensa de los derechos de los empleados municipales, como quizás cabría esperar atendiendo a sus orígenes políticos y sindicales. Antes al contrario, viene acumulando en los últimos meses algunos destacados varapalos judiciales por vulneración de la legislación laboral, el último de los cuales afecta a una concejal del PP.

Ya el pasado marzo se vio imputada (investigada) por un juzgado de Caravaca de la Cruz por presunto acoso laboral, lesiones psicológicas y delito de odio, de los que habría sido víctima la secretaria accidental del Ayuntamiento de Moratalla, A.S.C.. Esta alta funcionaria municipal interpuso una querella denunciando que la entonces primera edil moratallera la había sometido durante largos meses a un trato «humillante y degradante, con gritos continuos y malos modos», y con una «actitud amenazante y de falta de respeto», que la condujeron a tal situación de estrés y tensión que tuvo que necesitar asistencia médica y psicológica.

Dos meses más tarde, el pasado mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia condenó a la alcaldía de Moratalla -presidida en el momento de los hechos por Candi Marín- por haber privado a una vecina de Moratalla y hermana de una concejal del PP del puesto de trabajo que había conseguido legítimamente, conforme a su formación y méritos profesionales. El juez consideró que la entonces alcaldesa de IU «se extralimitó en sus funciones» e incurrió en «una injerencia en las funciones del tribunal calificador, creando una manifiesta indefensión» a la aspirante al puesto «y vulnerando sus derechos más elementales».

Pues bien, como no hay dos sin tres, otro juzgado, esta vez el de lo Social número 5 de Murcia, acaba de enmendar la plana y condenar a la alcaldía de Moratalla por haber vulnerado los derechos laborales de una edil del PP, Rosa Rodríguez Martínez, al negarle la excedencia forzosa por razón de su responsabilidad política, que había reclamado para el puesto de directora del Centro de Conciliación de la Vida Familia y Laboral, dependiente del Consistorio moratallero.

Rosa Rodríguez, que venía desempeñando ese puesto desde febrero de 2003 con un contrato temporal, pidió una excedencia voluntaria en agosto de 2014, que se le fue ampliando hasta que en mayo de 2015 fue elegida concejal por el PP.

En noviembre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Moratalla convocó un concurso para cubrir el puesto de directora de ese centro público, haciendo constar que se trataba de un contrato de sustitución «hasta la incorporación de la directora-coordinadora».

El 8 de julio de 2016, Rosa Rodríguez solicitó su reingreso en la plaza vacante con la intención de reclamar, seguidamente, que se le concediera la excedencia forzosa por su condición de concejal. Pero la Alcaldía, presidida por Candi Marín, rechazó su petición aduciendo que la excedencia voluntaria de que venía disfrutando no le daba derecho a conservar el puesto citado.

La edil popular presentó una demanda y ahora el juez le ha otorgado la razón plenamente, señalando en primer lugar que las tareas de directora del centro de conciliación que desempeñó desde 2003 no podían cubrirse con un contrato temporal -ello constituía un fraude de ley-, por lo que la relación laboral tenía que considerarse de carácter indefinido. Y dejando constancia, en segundo lugar, de que tenía perfecto derecho a convertir su excedencia voluntaria en forzosa, desde el momento en que fue elegida para un cargo público, por lo que la negativa a aceptar su solicitud constituyó «una restricción al ejercicio del derecho constitucional» contemplado en el artículo 23 de la Constitución Española.

La sentencia obliga al Ayuntamiento a aceptar el reingreso de Rosa Rodríguez a su puesto de directora, «en las mismas condiciones, con efectos desde el 1 de agosto de 2016», y a disfrutar de una excedencia forzosa por el desempeño de cargo público electo en el Ayuntamiento.

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