Navarro achaca a Cámara la decisión que permitió dar el pelotazo a Samper

Miguel Ángel Cámara, camino del juzgado./Vicente Vicéns / AGM
Miguel Ángel Cámara, camino del juzgado. / Vicente Vicéns / AGM

«El jefe de Urbanismo me dijo que lo de la 'alternativa B' venía impuesto desde La Glorieta», declara el exconcejal en el juicio por el 'caso Nueva Condomina'

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La llamada 'alternativa B', que se introdujo en la normativa urbanística de la ciudad de Murcia durante la tramitación del proyecto Nueva Condomina, y que fue la que acabó posibilitando el descomunal pelotazo de las empresas que lideraba quien fue propietario del Real Murcia, Jesús Samper, se trató de una imposición del entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. «La incorporación de las alternativas A y B -a los trabajos para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)- fue algo muy tardío. El director de la Gerencia de Urbanismo (Pedro Morillas) me vino a ver y me dijo que eso nos lo mandaban desde La Glorieta y que había que incluirlo en el PGOU. Yo dije: 'Si viene impuesto desde arriba..., pues inclúyelo'», relató ayer en el juzgado Ginés Navarro, quien fue mano derecha del primer edil murciano y concejal de Urbanismo durante seis años. Fue precisamente a raíz de sus discrepancias con el plan urbanístico que impulsaba Jesús Samper como acabó perdiendo el cargo y las simpatías de quien había sido su principal mentor político.

«Enemistad no tengo con Cámara. La relación es simplemente inexistente. Inexistente en lo político, en lo personal y en lo profesional, aunque somos compañeros de facultad», aclaró ayer Ginés Navarro a preguntas de Vicente Sanmartín, letrado del exalcalde.

La trascendencia de la declaración del antiguo concejal de Urbanismo sobre la 'alternativa B' deriva de que fue ese instrumento urbanístico el que supuestamente se creó ex profeso para el proyecto Nueva Condomina, pues permitía un incremento brutal de la edificabilidad a cambio de construir una infraestructura de interés para el municipio, como lo fue el estadio de fútbol. Acogiéndose a esa opción recién creada por el Ayuntamiento, los terrenos adquiridos por una firma de Samper pasaron de un aprovechamiento urbanístico de muy baja densidad (0,09 m2/m2) a otro de hasta 0,4 m2/m2, lo que suponía un aumento del 450%.

«Enemistad no tengo con Cámara. La relación es simplemente inexistente en lo personal, en lo político y en lo profesional»

«Sin la alternativa B, (el empresario) no habría podido sacar adelante su proyecto, porque no le habrían salido los números», resumió.

En completa ingnoracia

Cuando el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, le preguntó quién tenía el poder desde La Glorieta de imponer la introducción de esa nueva alternativa en el urbanismo municipal, Ginés Navarro apuntó a que solo podía ser el alcalde o el secretario general del Consistorio. «No sé si uno tomó la decisión y el otro la redactó, o al revés», indicó. Sin embargo, acabó reconociendo que, en realidad, el único que podía dar esa orden era Cámara.

«Le dije que había cosas raras y que quería hablarlo, pero no quiso hacerlo»

Pese a haber ejercido las competencias de Urbanismo entre los años 1995 y 2001, Navarro -más conocido por el sobrenombre de 'Maco'- afirmó que Cámara lo mantuvo siempre en la ignorancia en todo lo referente al proyecto Nueva Condomina. Incluso explicó que tardó meses en enterarse, y que además lo hizo por la prensa, de que el alcalde había suscrito un Protocolo Marco con Samper en julio de 1999. «Yo lo supe en diciembre, cuando ya había comprado los terrenos, y entonces me di cuenta del valor que tenía» el documento.

Para conocer el texto concreto tuvo que pasar mucho más tiempo, nada menos que doce años, pues se lo mostró el juez cuando fue citado a testificar en el juzgado, en 2011.

Cascales sostuvo que el protocolo no tuvo carácter secreto y que los medios de comunicación lo publicaron horas después, lo que fue desmentido por otros dos testigos

Por cuestiones como esa, Navarro explicó ayer a la magistrada de lo Penal número 5 de Murcia, Natividad Navarro Abolafio, que se quejó a Cámara «de que había cosas raras que no me gustaban en ese proyecto y que las teníamos que aclarar. Pero nunca me dio respuesta ni pude hablar con él de eso».

Y entre que Cámara le habría mantenido apartado del proyecto, «y que yo quise abstenerme de conocer nada de ese asunto», la consecuencia fue que Navarro no habría participado en contacto ni negociación alguna.

De concejales a testigos

Ginés Navarro García. Exedil de Urbanismo: «Yo pensaba que todo el mundo tenía derecho a optar a un plan tan importante»
Ginés Navarro, popularmente conocido como 'Maco', dirigió la Concejalía de Urbanismo entre 1995 y abril de 2001, en que fue apartado en apariencia a partir de las discrepancias que tuvo con el alcalde Cámara «por las cosas raras» que estaban ocurriendo con el convenio Nueva Condomina. Navarro sostuvo que su opinión era que «ante un proyecto tan importante para Murcia, como era construir un nuevo estadio en torno a un gran proyecto residencial y comercial, todo el mundo tenía derecho a presentar una oferta», por lo que era partidario de un concurso público. Su opinión no se tuvo en cuenta y se dejó todo en manos de Samper y del Real Murcia, aunque acabó en manos de empresas de aquel. «Yo no me enteré de eso», explicó.
Miguel Cascales Tarazona. Exedil de Deportes: «No me sorprendió que el proyecto fuera asumido por las empresas de Samper»
Miguel Cascales, hoy diputado del PP en la Asamblea Regional, desempeñó el cargo de edil de Deportes de Murcia entre 1995 y 2005. Ayer, al declarar como testigo, explicó que la gran preocupación de sus primeros tiempos en esa concejalía era que el Real Murcia pudiera contar con un nuevo estadio. Fue entonces cuando aparecieron Samper y Romeu, que se había hecho cargo del club, y plantearon donar una campo a la ciudad a cambio de poder desarrollar un complejo residencial y comercial. Cuando el fiscal le preguntó si no le sorprendió que el proyecto lo asumieran las empresas de Samper y no el Real Murcia, como estaba comprometido, aseguró que «no, como tampoco a los concejales del PSOE, que votaron a favor del proyecto».
María Pilar Megía Rico. Exedil de Urbanismo y Medio Ambiente: «El convenio estaba solo a falta de la aprobación cuando llegué a la Concejalía»
Pilar Megía fue concejal de Urbanismo desde mediados de 2001 a 2003. «Cuando yo llegué a la Concejalía, el convenio de Nueva Condomina estaba totalmente encarrilado, a falta de ser aprobado. Yo no participé ni en el tema del aval (que se le obligó a depositar a Samper como garantía de que iba a construir el campo de fútbol), ni en el asunto de la cesión del 10% del aprovechamiento (equivalente a 18 millones de euros, que se le perdonó sin respaldo legal alguno al empresario por parte del Consistorio)». Megía se limitó a recordar que ese convenio lo defendió personalmente en un Pleno el entonces alcalde Cámara y que ella nunca albergó la menor duda de que «todo era legal, ya que venía con los preceptivos informes y había pasado todos los filtros».

«Yo solo vi a Samper en tres ocasiones: en diciembre de 1999, cuando presentó el proyecto a los portavoces de la oposición y se me invitó también a mí; otra vez que me llamó el alcalde y me pidió que lo recibiera en la Concejalía y que no fue más allá de un encuentro de cortesía, y, por último, en el campo de fútbol, en un partido contra el Real Madrid», aseguró. Cuando el letrado del exalcalde le preguntó si no había habido un contacto más, en el Hotel Siete Coronas, junto al entonces concejal Miguel Cascales y representantes de Nueva Condomina y Metrovacesa, en un intento de llegar a algún consenso, sostuvo que no recordaba tal encuentro.

Los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Murcia recordaron ayer, por momentos, a los de la sede consistorial en los tiempos del gobierno de Cámara, pues tuvieron que comparecer como testigos no pocos de quienes fueron sus concejales: Cascales (Deportes), Pilar Megía (Urbanismo y Medio Ambiente), José Arce (Obras y Servicios), Francisco Porto (Educación y Patrimonio) y hasta quien fue jefe de gabinete de Cámara, el hoy edil Eduardo Martínez-Oliva, además de los exconcejales socialistas José Salvador Fuentes Zorita y José Luis Sánchez Alegre, y Concepción Hernández, de IU.

«Declaración de intenciones»

La tercera sesión del juicio por el 'caso Nueva Condomina' la abrió Miguel Cascales, quien se desveló ansioso por restar valor al llamado 'protocolo secreto' firmado entre Cámara y Samper y dejar constancia de que «no era más que una declaración de intenciones». Tanto fue así que a la primera referencia que hizo el fiscal a ese documento -«¿participó usted en su redacción?», le interpeló-, Cascales se lanzó a señalar que «eso solo fue una declaración de intenciones».

«Le pregunto si participó usted en su elaboración, no lo que era ese documento», le reconvino el representante del Ministerio Público.

Ello no impidió que en los minutos siguientes el exconcejal y actual diputado popular en la Asamblea volviera a repetir, hasta en otras cuatro ocasiones, lo de la «declaración de intenciones».

Cascales fue más allá al manifestar que en absoluto tuvo carácter secreto ese documento, y que incluso lo difundieron varios medios de comunicación en las horas siguientes, «pues era imposible ocultar nada relacionado con el Real Murcia».

Estas afirmaciones fueron desmentidas por otros dos testigos, Ginés Navarro y el exconcejal socialista Fuentes Zorita, pues ambos manifestaron que no supieron del protocolo al menos hasta diciembre, cuando ya Samper había adquirido los terrenos donde iba a desarrollar su proyecto, y que además lo hicieron por una publicación en prensa. Dos declaraciones que coinciden con un recorte de prensa que esgrimió ayer el propio abogado de Cámara, Vicente Sanmartín, también de diciembre de 1999, en el que el entonces alcalde reconocía por vez primera la firma de ese documento.

El ya fallecido Jesús Samper llegó a negar hasta cuatro veces en el juzgado, cuando fue citado como imputado en 2010, que tal protocolo hubiera existido nunca. Hasta que el fiscal Lozano se lo mostró y tuvo que reconocer la evidencia.

Por su parte, el propio Cámara admitió en la declaración prestada la semana pasada que había firmado ese documento en julio de 1999, aunque insistió en señalar que no tenía valor jurídico alguno ni iba más allá de sentar unas bases para una futura colaboración.

Lo cierto es que, con ese documento en sus manos, Samper logró que dos entidades bancarias se sumaran inmediatamente a su proyecto. Además se presentó a una subasta y adquirió un terreno de casi un millón de metros cuadrados al norte del municipio, con clara ventaja sobre el resto de los postores, pues sabía que le iba a ser recalificado para levantar Nueva Condomina.

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