Murcianos en busca de sus raíces

Un profesional, realizando una prueba de ADN en un laboratorio. / AFP

Justicia realiza cada año más de una veintena de pruebas de paternidad en la Región y el 85% confirma el parentesco

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

La exhumación de los restos del pintor Salvador Dalí, ordenada la pasada semana por un juzgado de Madrid para determinar la paternidad que reclama una vecina de Figueras (Gerona), Pilar Abel, como supuesta hija del artista, ha vuelto a poner en el candelero una realidad a la que los tribunales murcianos no son ajenos. También en la Región son muchos los ciudadanos que cada año deciden acudir a la Justicia para encontrar sus orígenes -o su legado-. Solo el pasado año, 24 murcianos solicitaron pruebas de paternidad en los juzgados para confirmar la sospecha de un parentesco. De acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, en lo que va de año ya se han presentado otras ocho solicitudes.

Los ciudadanos que deciden acudir a los tribunales para tratar de aclarar quién es su progenitor o para confirmar una paternidad que les ronda la mente hacen uso de un derecho que está recogido en la Constitución, concretamente en el artículo 39 -«La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que proceda»-.

Estas demandas recaen en los juzgados de Primera Instancia de la Región y, normalmente, la ley exige que vayan acompañadas de algún tipo de prueba -cartas, fotografías, testigos...- que acredite que efectivamente el candidato a padre sostuvo una relación, aunque fuese puntual, con la madre del niño. Si la persona demandada se niega, la negativa puede ser considerada como un reconocimiento de los hechos.

Una prueba vinculó a un hombre con el bebé que tuvo su cuñada; otra avaló una relación sexual «a los pies del castillo de Lorca»

En Murcia, son los profesionales del Instituto de Medicina Legal (IML) los que se encargan de tomar las muestras de ADN necesarias para la realización de estas pruebas, una vez que las encarga el juzgado. Estas son remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en Madrid, que se encarga del análisis de la muestra y de comunicar el resultado directamente al juez. El director del IML de Murcia, Rafael Bañón, avanza que la mayoría de estas pruebas son confirmatorias. Los demandantes suelen asentar sus sospechar en indicios que acaban siendo confirmados. No en vano, de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio, a lo largo del pasado año y en lo que llevamos de 2017 se han emitido 21 informes de paternidad en la Región, de los que 18 -un 85,7%- han avalado el parentesco.

Las pruebas de paternidad han dejado en los últimos años en la Región algunos casos curiosos. La Audiencia Provincial confirmó, el pasado noviembre, la paternidad de una lorquina que nació de una relación sexual mantenida fuera del matrimonio «a los pies del castillo» de la Ciudad del Sol. La sentencia señaló que la madre de la demandante relató en el juicio, «con todo lujo de detalles», cómo se produjo aquel contacto sexual, que se desarrolló en el interior del coche con el que se habían desplazado al lugar tras participar en la fiesta de despedida de un compañero de trabajo.

Meses antes, la justicia murciana había asignado a un hombre la paternidad del hijo que alumbró su cuñada. La frecuencia con que la mujer visitaba la casa de su hermana por encontrarse esta enferma fue uno de los indicios tenidos en cuenta por los tribunales para atribuir la paternidad del hijo que alumbró al esposo de la segunda.

Estas pruebas han dejado también algunos casos polémicos. Fue el de Álvaro Área Fuentes, un militar gallego, afincado en Torre Pacheco, padre de un bebé dado en adopción sin su permiso. Un fallo del Juzgado de Primera Instancia número 6 de San Javier le reconoció como padre del bebé que meses antes fue entregado en adopción en el hospital de Los Arcos. Álvaro empezó a buscar a su hijo cuando un trabajador social le alertó de que su expareja no había sufrido un aborto, como le contó, sino que tras dar a luz cedió la tutela del menor a la Comunidad.

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