El Consistorio ordena a Golosinas Fini que eche al suelo 1.733 m² de una nave ilegal

La resolución de la Junta de Gobierno declara «imposible de legalizar» la edificación, que se levantó sin licencia

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Es ilegal e ilegalizable, por lo que solo cabe su derribo. Tal es el sentido de la resolución que adoptó el pasado 2 de agosto la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura respecto de una edificación de 1.733 metros cuadrados por parte de la empresa Golosinas Fini, por lo que ordena que proceda a su inmediato derribo. La mencionada resolución, que no había trascendido hasta ayer, es firme en vía administrativa, por lo que la única opción que le queda a la mercantil es acudir a la vía contencioso-administrativa en los juzgados de la Región.

La orden, suscrita por la alcaldesa socialista Esther Clavero, es consecuencia de la inspección que técnicos municipales realizaron en enero de 2016 sobre esa nave industrial, ante las denuncias cursadas por un grupo de vecinos del paraje de La Brancha que se quejaban de un exceso de ruidos y aseguraban que la construcción se había acometido de manera irregular. El informe de la inspección concluyó que existía un exceso de obra de 1.733 m2, que podría ser legalizable mediante una licencia de obra mayor, siempre que se pudiera justificar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos que rigen para esa zona.

En junio del año pasado, el concejal de Urbanismo inició un procedimiento para la restitución de la legalidad urbanística y en febrero de este año, una vez rechazadas las alegaciones de la empresa y constatada la imposibilidad de legalizar esa construcción, se acordó el derribo de los 1.733 m2 que estaban fuera de la ley. Sin embargo, Golosinas Fini todavía tenía en ese momento la posibilidad de presentar un recurso de reposición, como acabó haciendo.

El 2 de agosto, la Junta de Gobierno aprobó la desestimación de ese recurso y, consecuentemente, se ratificó en la decisión de declarar la imposibilidad de legalizar la construcción.

El Consistorio otorga a la mercantil que inicie los trabajos de demolición en el plazo máximo de treinta días y que lo acabe como muy tarde en un mes. De lo contrario, advierte, el derribo será ejecutado con medios municipales y se procederá a cursarle a Golosinas Fini una factura de 75.489 euros.

La resolución ha sido acogida con satisfacción entre los vecinos de La Bracha que vienen denunciando, desde hace años, las molestias que supuestamente les genera la actividad de esta industria, aunque no dejaron de recordar que la orden se produce con mucho retraso y cuando se están tramitando diligencias penales por parte de un juzgado de Molina.

Prevaricación administrativa

La denuncia fue interpuesta por tres vecinos, representados por el abogado Pedro Sánchez Guillén, por supuesta prevaricación y delito medioambiental por exceso de ruidos, en concurso con un delito de lesiones, y se dirige contra cuatro mercantiles de Golosinas Fini y el Consistorio.

Los denunciantes, que residen en la calle Finlandeses, afirmaban que la fábrica «es un foco constante generador y transmisor de ruidos», y a la vez alertaban de supuestos vertidos de aguas residuales a cauces públicos. Otro de los motivos de su actuación judicial radicaba en la ampliación de sus naves industriales, que el Ayuntamiento acaba de confirmar que se hizo sin la preceptiva licencia municipal, a lo que se sumaba la acusación de «haber invadido zonas verdes».

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