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Vecinos del barrio García Lorca, durante una concentración contra las antenas en la zona.
La nueva ley deja a los ayuntamientos sin respuesta ante las antenas de telefonía

La nueva ley deja a los ayuntamientos sin respuesta ante las antenas de telefonía

La normativa elimina la obligatoriedad de los estudios ambientales y la licencia municipal con la que los consistorios frenaban su proliferación

Juan Luis Vivas

Martes, 21 de abril 2015, 01:54

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Los ayuntamientos están atados de pies y manos desde que, en mayo de 2014, entró en vigor la nueva Ley de Telecomunicaciones. Molina de Segura, que en la actualidad tiene 47 antenas en funcionamiento en su término municipal, fue el primer municipio de la Región que aprobó una ordenanza para regular el despliegue e instalación de plataformas de antenas de telefonía móvil, pero la norma fue tumbada por una sentencia judicial, a instancias de una demanda de las operadoras. Una de las razones por las que el juez rechazó la ordenanza es que contradecía en parte algunos aspectos de la nueva Ley de Telecomunicaciones.

El nuevo texto despoja de competencias a los ayuntamientos, encargados hasta entonces de otorgar las licencias municipales. Según la normativa, ya no es necesaria la licencia municipal ni la realización de estudios de impacto ambiental. El objetivo de la ley es que en 2020 todos los europeos puedan acceder a velocidades de hasta 30 megas.

Hasta el momento, la efectividad de este tipo de medidas había sido nula, en gran parte porque los ayuntamientos las frenaban mediante ordenanzas y normas de planificación urbanística que impedían obtener los permisos necesarios y que, en la práctica, dejaban sin efecto la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones.

La propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mostró su rechazo al texto al considerar que impone «condiciones urbanísticas» a los ayuntamientos y les excluye de la posibilidad de «fijar limitaciones o establecer condiciones técnicas y jurídicas respecto a cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público». Lo cierto y verdad es que ahora los ayuntamientos poco o nada pueden hacer frente al interés de una operadora en instalarse en una determinada zona. Con un plan de despliegue y el permiso del Ministerio de Industria, la antena podrá emitir sin mayores trabas.

Así está ocurriendo en el municipio molinense con una plataforma de telefonía móvil de la compañía Vodafone, que se ha levantado recientemente en la azotea del supermercado Mercadona ubicado en la carretera de El Chorrico. Su presencia ha alertado no solo a los vecinos de la zona, sino también a las familias de los escolares que cursan estudios en centros docentes cercanos, como la escuela infantil de San Antonio y el instituto Cañada de las Eras, situado frente al referido supermercado.

Protestas en El Chorrico

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro de enseñanza Secundaria ha iniciado una campaña para recoger firmas en contra de la antena, mientras algunos vecinos se han reunido con la concejal de Nuevas Tecnologías y también estudian medidas de protesta. Hoy, a las 20 horas, se ha convocado la Comisión Municipal de Nuevas Tecnologías para abordar este problema, reunión a la que también asistirán representantes vecinales de la Federación Interbarrios y de las juntas de zona. Los argumentos de unos y otros son los de siempre: la antena está cerca de centros educativos y viviendas, sus supuestos efectos nocivos para la salud...

El tejado donde se ha instalado la plataforma no es propiedad de Mercadona, sino de un promotor privado, quien habría dado el visto bueno a Vodafone para ocuparlo. De hecho, los responsables de Mercadona están haciendo gestiones con el propietario para que la antena no se ponga en funcionamiento, según ha indicado el alcalde, Eduardo Contreras, quien, por otro lado, «también está haciendo lo imposible para evitar que esta antena se ponga en marcha», señala la edil de Nuevas Tecnologías, Remedios López.

El problema estriba en que, a diferencia de lo que ocurrió hace años con otras antenas de telefonía móvil que llegaron a ser precintadas por el Ayuntamiento, ahora la Administración local tiene «poco margen de maniobra», admite López, en clara referencia a la Ley de Telecomunicaciones .

El proceso está claro. El Ayuntamiento recibió en diciembre una solicitud de declaración responsable de Vodafone. La operadora también tiene aprobado su proyecto en el departamento de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de Industria. Para concluir los trámites administrativos queda pendiente la aprobación del proyecto por parte de la jefatura provincial de Telecomunicaciones en la Región. Por tanto, la plataforma no tiene la certificación final que debe expedir este organismo provincial.

Pero la operadora tiene iniciado este trámite, por lo que se espera que al final se le de el visto bueno. Llegado ese momento, los técnicos de la delegación provincial tendrán que ir a la azotea de Mercadona para comprobar que los niveles de emisión se ajustan a la normativa. Es decir, tal y como está ahora la ley, es «muy complicado» que se pueda frenar el proyecto de la operadora de telefonía móvil. «Ahora mismo la antena pueda emitir en pruebas, pero no de continuo hasta que obtenga la certificación final», matiza la concejal López.

Ocupar espacios privados

Desde que entró en funcionamiento la nueva ley, ha generado preocupación entre comunidades de vecinos y administradores de fincas por un artículo, el 29, que aunque ya estaba en la normativa anterior -data de 2003-, es ahora cuando ha cobrado mayor protagonismo.

Se trata del apartado que permite a las operadoras de telefonía móvil ocupar espacios privados, como la azotea de un edificio, para instalar una antena que permita el desarrollo de su red y la mejora del servicio. Es decir, recurrir a una expropiación forzosa siempre que el proyecto sea declarado de utilidad pública por el Ministerio de Industria y que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables a la instalación.

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