El técnico de Turismo niega su implicación

LA VERDAD

El técnico de Turismo del Ayuntamiento, Pío Garrido, asegura, en relación al auto del juez de Totana que lo llama a declarar en calidad de investigado, que «la citada denuncia se dirige contra Ginés Campillo y Andrés Valera por la realización de una serie de contratos de arrendamiento de servicios durante el tiempo de su mandato». Añade que «fui contratado por el Consistorio para la prestación de los Servicios Generales de Consultoría de Gestión en Materia de Turismo el día 31 de marzo de 2009, siendo alcalde Francisco Blaya. En aquel momento, ni Campillo ni Valera eran concejales del Ayuntamiento, y no me consta que tuvieran relación profesional con el Consistorio».

Garrido sostiene que «Campillo y Valera fueron alcalde y concejal de Contratación Pública, respectivamente, en el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2011 y el 6 de junio de 2014». Por ello, asegura, «mi contrato con el Ayuntamiento, cuya duración se pactó inicialmente en dos años, se prorrogó tácitamente por otros dos años el día 1 de abril de 2011, siendo aún alcalde Francisco Blaya».

Según explica este técnico municipal, «en octubre de 2013, y en virtud de las sucesivas prórrogas del contrato, seguía prestando mis servicios de Consultoría de Gestión en Materia de Turismo en el Ayuntamiento». Asevera Garrido que «el 31 de octubre de 2013 me vi obligado a interponer demanda ante el Juzgado de lo Social contra el Ayuntamiento, con el fin de que se declarase la obligación de dicha administración de abonarme los salarios devengados desde el mes de mayo anterior y la naturaleza laboral de la relación que me ligaba con dicho Consistorio».

Garrido añade: «Si me vi obligado a interponer la citada demanda, en el ejercicio de los derechos que me reconoce la legislación laboral, fue precisamente porque el equipo de Gobierno del que formaban parte Campillo y Valera se negó expresamente a reconocer el carácter laboral del contrato que me ligaba con el Ayuntamiento». Explica, además, que «mediante sentencia de 3 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, se declaró que el Consistorio me adeudaba la cantidad de 33.541,20 € en concepto de salarios y que esta parte y el Ayuntamiento estaban ligados por una relación laboral».

«La sentencia se dictó cuando Campillo había dejado de ser alcalde del Ayuntamiento, ostentando dicho cargo Francisco García desde el 11 de junio de 2014», explica el funcionario municipal. «Incluso para conseguir el abono de los salarios que se me adeudaban por el Ayuntamiento de Mazarrón tuve que promover una demandada de conflicto colectivo que se tramitó ante el Juzgado de lo Social número 6 de Murcia y que terminó por sentencia estimatoria de mis pretensiones de fecha 7 de octubre de 2016», puntualiza.

«Es inconcebible»

«Es totalmente inconcebible que yo participara en la comisión de un supuesto delito de prevaricación, ya que para ello habría sido necesario que en el año 2009, previendo todos los acontecimientos que he relatado, me concertara de forma simultanea con Francisco Blaya Blaya, que en aquel momento era alcalde, con Ginés Campillo y Andrés Valera Hernández, que no formaban parte del Consistorio, con Francisco García, que no sería alcalde hasta el año 2014 y, por último, con el juez que dictó sentencia en julio de 2014», señala.

«Todo ello con el fin de que transcurridos más de cinco años de prestación de servicios, y habiendo pasado por el Ayuntamiento tres equipos de gobierno diferentes de tres partidos políticos distintos, se declarase que la relación que me ligaba con el Ayuntamiento era de carácter laboral». Y concluye: «Del resto de contrataciones realizadas por el Ayuntamiento durante los años 2011, 2012 y 2013, esta parte no tiene conocimiento».

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