La plataforma exige un estudio sobre el estado de todos los depósitos mineros

El consejero Hernández (2i), junto a la alcaldesa, durante la reunión celebrada ayer en Mazarrón con la plataforma ciudadana. / CARM
El consejero Hernández (2i), junto a la alcaldesa, durante la reunión celebrada ayer en Mazarrón con la plataforma ciudadana. / CARM

La Consejería se compromete a «buscar las soluciones técnicas posibles para garantizar la seguridad y preservar el alto valor paisajístico»

Juan Ruiz Palacios
JUAN RUIZ PALACIOS

El dique de San Cristóbal II sigue en el punto de mira. La plataforma vecinal en defensa del patrimonio minero trasladó ayer sus propuestas al consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, en una reunión que se celebró en el Ayuntamiento de Mazarrón. En dicho encuentro, Hernández se comprometió a «buscar las soluciones técnicas posibles para garantizar la seguridad de las personas y preservar el alto valor paisajístico del patrimonio minero». La plataforma solicitó a la Comunidad «un estudio sobre el estado de todos los depósitos mineros».

Juan Sánchez Calventus, técnico del Consistorio y miembro de la plataforma, explicó que «hemos presentado una propuesta municipal. En primer lugar, creemos que es de gran interés caracterizar los materiales y el sustrato del dique de San Cristóbal II. Es decir, realizar sondeos geotécnicos para saber lo que hay en el corazón de la balsa; nunca se ha hecho».

Calventus añadió que otro de los puntos es «construir una escollera en la base de la presa para estabilizar el talud y evitar el flujo de lodos». También, transmitió al consejero que «se estudie si es adecuado o no sellar la balsa, ya que podrían provocarse bolsas del agua que puede haber bajo tierra y ser aún más perjudicial». El último punto fue «recrear un dique artificial con materiales no tóxicos para preservar el paisaje y la elaboración de un estudio del estado de todos los depósitos».

Sanción a los dueños

«El consejero nos ha dicho que, en el caso de que puedan llevarse a cabo, estas propuestas no pueden formar parte de esta primera ejecución. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque todo está sobre la mesa», explicó a este diario Calventus.

Hernández también se reunió con los propietarios de los terrenos donde se encuentra el dique minero. Según la Comunidad, «se impuso una sanción de 60.000 euros a la familia heredera por no acometer actuaciones que impidieran riesgos en la balsa. La familia presentó una escritura del año 1961 y ahora están intentando que dicho documento se inscriba en el Registro de la Propiedad».

Sin embargo, el abogado de algunos de los afectados, Diego Martínez, asegura que «la Comunidad les reclama a mis clientes el importe de la ejecución de las obras porque dicen que son los titulares de los terrenos, cuando ellos los vendieron». Sostiene, asimismo, que «estamos intentando agotar la vía negociadora. Ya hemos puesto una demanda a la empresa productora del dique para que aclare que mis clientes no han tienen nada que ver».

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