Suspenden las declaraciones de la alcaldesa de Mazarrón y su antecesor a la espera de la ratificación del denunciante

Francisco Garcia, exalcalde de Mazarrón, este lunes, llegando al juzgado./J. R. P.
Francisco Garcia, exalcalde de Mazarrón, este lunes, llegando al juzgado. / J. R. P.

Alicia Jiménez, Francisco García y un funcionario estaban citados este lunes en calidad de investigados

Juan Ruiz Palacios
JUAN RUIZ PALACIOS

La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, y su antecesor, Francisco García, no han tenido que prestar declaración este lunes en los juzgados de Totana. La sesión se acabó suspendiendo sobre las doce de la mañana, cuando todas las partes acordaron que "es necesaria la ratificación del denunciante antes de tomar declaración a los investigados" por un presunto delito de prevaricación.

Tanto el fiscal como el juez y las defensas exigieron que el denunciante -un exinterventor del Ayuntamiento- debe comparecer en los juzgados para ratificar la acusación que presentó ante la Fiscalía y que motivó la apertura de diligencias por supuesta prevaricación administrativa.

Denuncia por prevaricación

La frase del exinterventor de Mazarrón no deja lugar a los matices. «He podido presenciar distintas actuaciones, por parte de funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento, que bajo mi punto de vista podrían ser constitutivos de diversos delitos». Tal afirmación viene recogida en la denuncia que interpuso el exalto funcionario ante la Fiscalía y que ha motivado que la alcaldesa, Alicia Jiménez; su antecesor, Francisco García, y un funcionario fuesen citados para declarar este lunes, en calidad de investigados -antes imputados-, por un supuesto delito de prevaricación.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', el exinterventor puso reparos a principios de 2015 al entonces alcalde, Francisco García, en el pago de unas facturas que estaban sin fiscalizar. «Las facturas pertenecientes a los años 2007-2010 incluidas no pueden ir en este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, sino a otro muy distinto de prescripción de obligaciones de ejercicios anteriores. Es necesario que el Pleno apruebe este reconocimiento de créditos para evitar el principio de enriquecimiento injusto de la Administración», rezaba el escrito firmado por Intervención.

En la acusación, el denunciante explicó que «aquel informe no convenía políticamente. Un funcionario del área económica realizó otro texto en calidad de interventor municipal accidental, aprovechando mi ausencia por vacaciones». Las facturas, especificó el denunciante, acabaron abonándose «en un intento de ocultar las diversas ilegalidades, como gastos sin partida presupuestaria, prórrogas de contratos menores y contratos con pagos en especie».

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