El juez suspende el interrogatorio a la alcaldesa y a García

El juez aplazó ayer la vista en la que iban a declarar la alcaldesa, Alicia Jiménez (PP); su antecesor, el exsocialista Francisco García, y ese alto funcionario del Ayuntamiento, todos ellos en calidad de investigados -antes imputados- por un presunto delito de prevaricación administrativa. Tanto la Fiscalía como las demás partes consideraron «conveniente y necesario» que el exinterventor ratifique la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público antes de que se tome declaración a los encausados.

El primero en llegar ayer a los juzgados fue el alto funcionario municipal. Minutos más tarde accedió por la puerta principal el exalcalde Francisco García, quien estuvo dentro unos diez minutos. Justo cuando García salió, llegó la actual regidora. Este le comunicó que la vista se había suspendido. «Hubiéramos preferido que se hubiera celebrado; no tenemos nada que ocultar», manifestaron.

En relación al pago de facturas sin tener en cuenta los reparos del interventor, García explicó a 'La Verdad' que, «cuando yo era alcalde, todos los abonos se hicieron cumpliendo dos requisitos: que hubiera crédito en las partidas y que dichas facturas contaran con el visto bueno de los responsables de cada área. Ninguno de aquellos reparos era suspensivo». Añadió que «ese trabajador no fiscalizaba nada y el Ayuntamiento estaba paralizado. Los argumentos que daba eran la falta de personal y que él no tenía tiempo de fiscalizar».

Sobre las empresas que cargaban a las cuentas municipales «lo que les venía en gana», tal y como se relata en la denuncia, García matizó que «no tenemos nada que ver. Cuando el interventor avisó de esas domiciliaciones, se quitaron. Yo no las puse, ya estaban cuando accedí a la alcaldía. Aquel informe alertando de esa situación lo firmó el día en que tomé posesión como alcalde».

Por su parte, la alcaldesa afirmó que «la denuncia del exinterventor obedece a una venganza por no abonarle una gratificación de 500 euros. Tuve que levantar los reparos que puso, además, para pagar la nómina de junio de 2015 a los trabajadores». Y añadió: «Los informes del interventor no tenían sentido. Todo estaba bloqueado y los trabajadores tenían que cobrar sus nóminas. Estoy muy tranquila con lo que hice».

El exinterventor puso una denuncia en la Fiscalía para alertar de «irregularidades» en el Ayuntamiento una vez que fue revocado por la Dirección General de Administración Local. Antes, la alcaldesa ya solicitó con un escrito que se rescindiera el contrato de este funcionario. Finalmente, la Consejería de Presidencia concluyó que el empleado municipal «demuestra una falta de capacidad y aptitud en el desarrollo de las funciones del puesto de intervención, impidiendo que se desempeñe de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir toda actuación administrativa».