Jiménez: «Había necesidades de personal y contraté a un técnico»

La alcaldesa testifica sobre la presunta trama en la que un grupo de autónomos habría conseguido un puesto fijo en el Ayuntamiento

Juan Ruiz Palacios
JUAN RUIZ PALACIOS

La alcaldesa, Alicia Jiménez, prestó declaración el pasado miércoles, en calidad de testigo, en los juzgados de Totana por una supuesta trama que habría permitido que un grupo de autónomos se hiciera con un puesto fijo en el Ayuntamiento. En esta causa están investigados (antes imputados) el exalcalde y líder de Unión Independiente de Mazarrón (UIDM), Ginés Campillo, y su socio de partido Andrés Valera, ambos por presunta prevaricación. También han sido llamados a declarar trece trabajadores municipales, que habrían obtenido supuestamente contratos de manera irregular.

Según ha podido saber 'La Verdad', la juez preguntó a la regidora en base «a qué concepto contrató a un técnico de Turismo» cuando ella era edil. Jiménez explicó que fue ella misma quien requirió los servicios de este funcionario debido a que «había un plan director de turismo y hacía falta un experto que estuviera al frente de aquel plan promovido por la Comunidad Autónoma. El contrato se formalizó en el año 2009, cuando yo era la concejal de Turismo». La regidora hizo hincapié en que «era fundamental contar con la colaboración de un técnico especializado, ya que había necesidades de personal».

El origen de este asunto hay que buscarlo en la denuncia presentada ante la Fiscalía por el sindicato de empleados públicos SIME y un particular, que fue interpuesta hace un par de años y dio origen a la apertura de diligencias informativas por parte del Ministerio Público. La regidora aseguró a este diario que «la declaración ha ido bien; he estado muy tranquila porque no tengo nada que esconder». Jiménez precisó que «tan solo he tenido que exponerle a la juez por qué contratamos en el Ayuntamiento a un técnico de Turismo: se hizo porque hacía falta personal para desarrollar un plan director de la Comunidad». También prestó declaración como testigo el exalcalde Francisco García, pero su declaración no ha trascendido.

Ya han sido llamados a testificar los trece trabajadores implicados y numerosos testigos. La ronda de comparecencias se cerrará previsiblemente el próximo mes de enero con las declaraciones del exalcalde Campillo y del concejal Valera.

Tal y como adelantó este periódico, los hechos narrados en la denuncia del SIME se remontan a las dos últimas últimas. El supuesto 'modus operandi' para conseguir el puesto fijo habría consistido, según la denuncia, en presentarse tres personas a las ofertas de trabajo. De ellas, dos se retiraban. El autónomo que habría ganado el trabajo prestaba los servicios propios de un funcionario en el Consistorio, en lugar de realizar tareas puntuales.

Pasado ese tiempo, algunos de los contratados habrían denunciado su situación ante Magistratura de Trabajo, que acababa fallando a su favor, reconociendo que venían ocupando el puesto de un empleado público de forma irregular, lo que obligaba al Consistorio a hacerles un contrato indefinido. Otros, por el contrario, habrían alcanzado un compromiso para conseguir el empleo fijo a través de un acuerdo que habría sido aprobado en Junta de Gobierno local.

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