Imputan al exalcalde García y a dos funcionarios por realizar pagos pese a existir reparos

Parte de las diligencias impulsadas por la Fiscalía se sustentan en un informe emitido por el Tribunal de Cuentas, dentro de sus actuaciones de 'Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías en materias de ingresos'. Ese documento pone de manifiesto que «no se realizaron en este ayuntamiento actuaciones de control financiero en los ejercicios 2014 y 2015». Tales años se corresponden con la etapa en la que Francisco García ostentó la vara de mando, después de que se la cediera su socio de gobierno Ginés Campillo.

El Tribunal de Cuentas expone que en la Junta de Gobierno celebrada el 30 de julio de 2014, cuando García ya era regidor, se aprobó una relación de «múltiples gastos de naturaleza diversa», por valor de 334.904 euros. Sobre la motivación de este acuerdo, el entonces alcalde «manifestaba que se omitía informe de fiscalización del órgano de Intervención por ser dicho trámite fuente de retraso en la tramitación y pago de las facturas».

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no acepta el argumento del exregidor y reprocha que «el posible retraso en la tramitación y pago de los expedientes no puede justificar la omisión de uno de los trámites esenciales contemplados en la normativa, como es la fiscalización previa».

De hecho, el Consistorio tenía implantado un sistema de fiscalización regulado en las bases de ejecución del presupuesto local, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El citado acuerdo de la Junta de Gobierno motivó que un mes después, en agosto, la Intervención municipal emitiese un informe «poniendo de manifiesto que se habían aprobado órdenes de pago por parte de alcaldía, en relación con reconocimientos de obligaciones que no habían sido sometidas a fiscalización previa y sin informe de Tesorería».

En la misma sesión de julio también reconoció 116.500 euros del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, lo que motivó que el interventor, una vez más, pusiera de manifiesto que se habían realizado pagos sin la fiscalización previa de «ninguna de las fases de ejecución del presupuesto de gastos, ni tampoco las órdenes de pago».

Francisco García regentó el Consistorio entre junio de 2014 y junio de 2015, pero a pesar de su fugaz paso por la alcaldía, esta es ya la segunda causa en la que se le investiga y en ambos casos por supuesta prevaricación administrativa. En las primeras diligencias figura su nombre junto a su entonces socio de gobierno, Ginés Campillo, por un supuesto favorecimiento ilegal a un grupo de empresarios locales. Este diario preguntó al exalcalde acerca de esta nueva causa judicial, pero aseguró no tener «ni idea» de la investigación. Incluso subrayó que no había recibido citación alguna. Tan solo apuntó a que «imagino que todo tiene que ver con el anterior interventor, que no pagaba nada», y añadió que en 2014, cuando llegó a la alcaldía, «todo estaba atascado en el Ayuntamiento».

El antiguo regidor zanjó que «tendría que mirarlo con tranquilidad» y no quiso aclarar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno «contrarios a reparos» a la Intervención.

Desde el Ayuntamiento subrayaron que no se ha iniciado expediente informativo alguno sobre los dos funcionarios citados, «porque la actuación judicial prevalece sobre la administrativa».

En la investigación también está en la diana la Junta de Gobierno del 14 de noviembre, en la que se aprobó una disposición de crédito y se reconocieron 16 facturas de una tacada, sin fiscalización previa, por importe de 353.684 euros.

También figuran acuerdos en 2015, «contrarios a reparos», que afectan a gastos de personal por importe de 656.678 euros. El abono de esta suma se ordenó por decreto porque la Intervención advirtió «deficiencias en la creación o establecimiento de conceptos retributivos». Incluso subrayó que «los complementos de jefatura abonados a los jefes de servicio dentro del complemento de productividad estaban indebidamente asignados».

El informe del Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto que el personal de confianza siguió cobrando sus nóminas desde que se celebraron las elecciones municipales de 2015 y hasta que juró su cargo la regidora popular, Alicia Jiménez. «El abono de esas cantidades no procedía, ya que la Ley de Bases de Régimen Local determina que el personal eventual cesa 'automáticamente, en todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su confianza o asesoramiento'».

Y añade que «no consta en el expediente información sobre la necesidad de mantener personal eventual para el desarrollo de la administración ordinaria de la entidad».

El listado de presuntas irregularidades lo completa la aprobación de un contrato de cobertura de seguros para el Consistorio, por 100.774 euros, «existiendo informe de Intervención en el que se reparaba la falta de competencia del Ayuntamiento para contratar en nombre de sus organismos autónomos». Además, el expediente carecía de una memoria que justificase la contratación.