El exinterventor de Mazarrón denunció que sus informes no convenían «políticamente»

Alicia Jiménez./Javier Carrión / AGM
Alicia Jiménez. / Javier Carrión / AGM

La alcaldesa y su antecesor declaran hoy ante el juez en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación

JUAN RUIZ PALACIOS y JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

La frase del exinterventor de Mazarrón no deja lugar a los matices. «He podido presenciar distintas actuaciones, por parte de funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento, que bajo mi punto de vista podrían ser constitutivos de diversos delitos». Tal afirmación viene recogida en la denuncia que interpuso el exalto funcionario ante la Fiscalía y que ha motivado que la alcaldesa, Alicia Jiménez; su antecesor, Francisco García, y un funcionario tengan que declarar hoy, en calidad de investigados -antes imputados-, por un supuesto delito de prevaricación.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', el exinterventor puso reparos a principios de 2015 al entonces alcalde, Francisco García, en el pago de unas facturas que estaban sin fiscalizar. «Las facturas pertenecientes a los años 2007-2010 incluidas no pueden ir en este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, sino a otro muy distinto de prescripción de obligaciones de ejercicios anteriores. Es necesario que el Pleno apruebe este reconocimiento de créditos para evitar el principio de enriquecimiento injusto de la Administración», rezaba el escrito firmado por Intervención.

En la acusación, el denunciante explicó que «aquel informe no convenía políticamente. Un funcionario del área económica realizó otro texto en calidad de interventor municipal accidental, aprovechando mi ausencia por vacaciones». Las facturas, especificó el denunciante, acabaron abonándose «en un intento de ocultar las diversas ilegalidades, como gastos sin partida presupuestaria, prórrogas de contratos menores y contratos con pagos en especie».

«Las empresas podían cargar a las cuentas lo que les viniera en gana, sin control alguno»

Otro de los asuntos que motivó la acusación fue el hecho de que «el secretario del Ayuntamiento advirtió al exalcalde García de la inexistencia de los preceptivos informes de fiscalización de Intervención. Aún así, García adoptó los acuerdos». De hecho, se realizaron varios escritos con reparos, que García «omitió» con el objetivo de abonar el pago de diversas facturas. Y en otra ocasión, el entonces interventor informó al exregidor «de la existencia de una responsabilidad contable por alcance de caudales públicos por aparecer diversos gastos de empleados municipales sin justificar». El secretario le dio traslado de ello, «sin que hasta la fecha este haya hecho ninguna actuación tendente a la recuperación de fondos públicos no justificados».

El funcionario también denunció ante Fiscalía «diversas domiciliaciones de pagos en las cuentas del Consistorio, sin permiso ni justificación documental, de entidades bancarias. Se venían produciendo con regularidad en las cuentas sin que se hubiera advertido de ello. Las empresas podían cargar a las cuentas lo que les viniera en gana, sin control alguno».

En la Junta de Gobierno local celebrada el 19 de noviembre de 2014, el secretario advirtió a García de que los gastos solo estaban fiscalizados «parcialmente», por lo que podían ser causa de reparo de Intervención. «Por el alcalde se manifiesta que, en todo caso, existe crédito y se cumplen los requisitos legales», exponía el escrito firmado por el secretario, que fue incorporado a la denuncia.

Pero además de abonos destinados a personal y otros conceptos, los papeles reflejaban el ingreso de 36.080 euros al exalcalde Francisco Blaya en concepto de gastos judiciales. «Ello se produce previo al levantamiento de mi informe de reparo», rezó el denunciante. García regentó el Consistorio entre junio de 2014 y junio de 2015, pero a pesar de su fugaz paso por la alcaldía, esta es ya la segunda causa en la que se le investiga y en ambos casos por supuesta prevaricación. En las primeras diligencias figura junto a su entonces socio de gobierno, Ginés Campillo, y los concejales Isidro Coy y Andrés Valera por un supuesto favorecimiento ilegal a un grupo de empresarios de la localidad.

La alcaldesa, Alicia Jiménez, también tendrá que responder a las preguntas del juez instructor y de la Fiscalía. La denuncia pone de manifiesto que la regidora «levantó un reparo y no quedó acreditado por qué ponía un complemento de productividad a unos funcionarios sí y a otros que cumplían con los criterios no». Jiménez levantó los reparos mostrados para pagar la nómina de junio de 2015 cuando tan solo llevaba quince días al frente del gobierno local. Este diario se puso en contacto con el exinterventor, quien prefirió no hacer declaraciones.

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