El Consistorio de Mazarrón pagó 100.177 euros de luz y agua de dos instalaciones privadas

La alcaldesa Alicia Jiménez, el exregidor Ginés Campillo y la edil de Ciudadanos Agustina Ruiz. /LV
La alcaldesa Alicia Jiménez, el exregidor Ginés Campillo y la edil de Ciudadanos Agustina Ruiz. / LV

Intervención cifra en 80.244 euros las facturas abonadas a un geriátrico gestionado por monjas y en 19.993 euros a una urbanización en Bolnuevo

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Durante años, el Ayuntamiento, y por extensión todos los contribuyentes mazarroneros, le han venido pagando puntualmente el agua y la luz a una residencia privada de la tercera edad del barrio de la Ermita, así como el suministro eléctrico a una urbanización de Bolnuevo. Las alegaciones presentadas por la edil de Ciudadanos Agustina Ruiz a la Cuenta General de 2016, alertando de que se estaban asumiendo indebidamente y de forma continuada unos costes de suministro de espacios que no eran municipales, propició que la Intervención elaborase dos informes que revelan que se han abonado facturas por 100.177,47 euros.

El primer informe se centra en una urbanización, perteneciente al Plan Parcial Elcomar, por la que entre abril de 2014 y octubre de 2017 se cargó a las arcas municipales el pago de 19.933 euros de luz. «El Ayuntamiento habría estado asumiendo el coste por suministro energético de un punto que no le corresponde, en virtud de una decisión arbitraria del entonces alcalde», concluye el interventor en el documento al que ha tenido acceso 'La Verdad'. Tal decisión fue adoptada por el exregidor Ginés Campillo, de Unión Independiente de Mazarrón.

«No existió ningún acto expreso de autorización y disposición del nuevo gasto, que suponía la inclusión de este nuevo punto en la facturación general del Ayuntamiento. Simplemente se firma un contrato privado entre el alcalde y la compañía suministradora el 27 de marzo de 2014».

Un informe afirma que el exregidor Campillo asumió el suministro de energía eléctrica de una promotora con un contrato privado

La iluminación de un asilo se paga con fondos públicos «desde tiempo inmemorial»

El jefe de Urbanismo, en diciembre de 2017, confirmó que «no consta acta de recepción de dicha urbanización», por lo que el interventor zanja que el cambio de la titularidad de las facturas, desde la promotora al Consistorio, se hizo «sin la preceptiva fiscalización del correspondiente acto, cuyo gasto, a la vista de los antecedentes, no corresponde asumir al Ayuntamiento». Sin embargo, con fondos públicos se han abonado los costes de las cerca de 200 luminarias de la calle Felipe II. «El hecho descrito habría generado una responsabilidad patrimonial».

El exregidor y actual edil de UIDM Ginés Campillo defendió ayer que suscribió el contrato para domiciliar en la cuenta del Ayuntamiento las facturas de electricidad que generaban las luminarias del residencial, apoyado en el criterio de los técnicos. «Nunca he tomado decisiones unilaterales». Campillo reiteró que «no tomo decisiones si no existe amparo legal y técnico», pero no aclaró el motivo por el que estampó su firma. Próximamente, dijo, pedirá «una copia» del informe de Intervención. El exalcalde cargó contra el funcionario que elaboró el documento de marras: «Existe animadversión del interventor hacia mí». Y recordó que cuando aceptó asumir la facturación de Iberdrola a la urbanización, «el actual interventor era técnico económico; se encargaba de los presupuestos. Él sabía de estas facturas más que nosotros».

En la Ermita

El segundo informe del funcionario saca a la luz «un acto nulo por la asunción, por parte del Ayuntamiento, del suministro eléctrico y del canon de saneamiento correspondiente a un inmueble que no es de propiedad municipal». Se trata de una residencia privada para personas de la tercera edad, gestionada por una congregación de monjas, en el barrio de la Ermita.

El coste para los usuarios por habitación individual es de 1.225 euros al mes. Pese a que la cuantía no es escasa, el Consistorio ha venido abonando las facturas por suministros de luz, agua y alcantarillado «desde tiempo inmemorial», según el interventor. Su informe acota como facturas no prescritas 74.043 euros por suministro eléctrico, desde diciembre de 2013 a octubre de 2017.

Además, cuantifica en 6.200 euros las facturas de suministro de agua y servicio de alcantarillado asumidas con dinero público, de enero de 2014 a noviembre de 2017. El interventor concluye que se trata de «actos continuados que son nulos de pleno derecho», por lo que insta a la Administración local a tramitar expedientes para el cese de estos suministros y para «el resarcimiento por haber asumido unos gastos que no les corresponde». Es decir, que debe reclamar el importe de las facturas abonadas, así como los intereses legales.

La alcaldesa, Alicia Jiménez, confirmó ayer que «se les ha comunicado» tanto a la residencia como a la promotora que deben darse de alta como titulares de la red de suministro eléctrico y de agua. Jiménez aseguró que «si procede reclamar las facturas, se hará».

La regidora popular admitió que «no sé desde qué año» se está pagando la luz y el agua «al asilo» gestionado por las monjas. También reconoció que la urbanización «sigue sin recepcionarse». De forma que es el promotor quien debería de haber pagado las facturas de los últimos cuatro años.

Por su parte, la edil de Ciudadanos Agustina Ruiz resaltó que la «labor de fiscalización» del partido naranja en el Consistorio ha permitido «tener abierta una vía legal para poder recuperar este dinero para las arcas municipales». Ruiz reiteró su «firme compromiso de controlar el correcto funcionamiento de la Corporación local» y avanzó que próximamente dirigirá un escrito a la Alcaldía «para confirmar que se reembolsan las facturas al Ayuntamiento y para comprobar que se han dado de baja los dos contratos».

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