Condenan al Consistorio a pagar 1,4 millones por obras en la red de alcantarillado de Camposol

Una de las calles de Camposol anegada por las deficiencias de la red de alcantarillado en una imagen de archivo. /LV
Una de las calles de Camposol anegada por las deficiencias de la red de alcantarillado en una imagen de archivo. / LV

El Ayuntamiento alegó que no podía contrastar el coste de los trabajos realizados por Aqualia en la urbanización desde 2011 hasta 2013

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Pagarán hasta el último céntimo. La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, confirmó ayer que el Ayuntamiento acatará la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Murcia que condena al Consistorio a abonar a Aqualia la suma de 1.007.802 euros por los trabajos ejecutados en la red de saneamiento y agua potable de la urbanización Camposol. El fallo admite recurso de apelación, pero la regidora avanzó que no ejercerán esa opción porque ya «estamos trabajando para ver cómo se incluye el pago en los próximos Presupuestos de 2018».

Los trabajos se realizaron desde 2011 hasta 2013 y el fallo también incluye los intereses de demora, por lo que la Administración local deberá desembolsar cerca de 1,4 millones de euros. Jiménez indicó que están negociando con Aqualia la forma de pago «menos lesiva» para las arcas municipales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', vuelve a evidenciar los problemas que han tenido que soportar los vecinos de Camposol, la mayoría británicos jubilados, que invirtieron los ahorros de toda una vida en las casas de la macrourbanización. De hecho, el juzgado subraya que la Junta de Gobierno del 28 de enero de 2011 acordó «desposeer de la condición de promotor de las obras» a la sociedad Justo y Manoli, «dado el estado de deficiente salubridad del abastecimiento de aguas y del sistema de saneamiento de aguas residuales».

Las estaciones de bombeo no funcionaban y hubo vertidos a varias ramblas

Garantizar la salubridad

El técnico municipal responsable de Sanidad y Medio Ambiente llegó a emitir un informe alertando de los «vertidos de aguas residuales urbanas sin tratar de distintas ramblas de la zona». La situación era tan insostenible que sin haber llegado a recepcionar las obras de la urbanización, el Ayuntamiento encargó a Aqualia, la empresa del servicio de agua, que, «con carácter de emergencia», ejecutase diversos trabajos «para que la situación no se deteriorara más y se garantizara la salubridad».

El rosario de «deficiencias observadas en el desarrollo de las obras» de la primera fase del Plan Parcial El Saladillo iba desde pozos de bombeo que no funcionaban «a la no existencia de ningún registro en el trazado para poder proceder a la verificación, conservación y mantenimiento de la red»; incluso algunas de las rejillas de pluviales «estaban conectadas a la rambla».

La citada Junta de Gobierno encargó a Aqualia actuaciones como la «reparación de averías de la red de agua potable y alcantarillado, limpieza correctiva de las redes y estaciones de bombeo, toma de muestras y realización de analíticas, conservación de los grupos electrógenos...».

Las medidas provisionales se acabaron convirtiendo en encargos fijos, de 2011 a 2013, y cuando la empresa del servicio de aguas reclamó 1,8 millones por los trabajos, el Consistorio devolvió las facturas porque «el gasto expresado en las mismas era imposible de contrastar con la realidad de las obras». Sin embargo, el juzgado reprocha a la Administración que «no realizó control alguno de los trabajos, no pudiendo imputar ahora su falta de actuación a la recurrente para así, no proceder al abono de unos trabajos que fueron realizados».

También subraya que de las pruebas testificales, documentales y el informe del perito judicial, se desprende que el 'protocolo' en caso de averías era «llamar directamente a Aqualia». Además, por parte del Consistorio «no se estableció sistema alguno para remunerar los trabajos realizados en las redes» y la empresa se limitó a aplicar «precios medios de mercado». De forma que el juez le «reconoce el derecho» a cobrar las facturas e intereses: valorados en cerca de 1,4 millones.

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