La Asamblea pedirá a la Fiscalía que investigue irregularidades en Camposol

Urbanización Camposol. /LV
Urbanización Camposol. / LV

Instará también al Tribunal de Cuentas a que aclare si existe responsabilidad patrimonial

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Ni uno solo de los 3.742 chalés y dúplex levantados en los sectores B, C, D y F de la urbanización Camposol tienen licencia de primera ocupación. Es una de las preocupantes revelaciones que la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional incluirá en las conclusiones definitivas de la ponencia que se constituyó con el objetivo de investigar la tramitación y ejecución de la citada macrourbanización en Mazarrón.

La ponencia empezó a trabajar el 28 de octubre de 2015 y el documento de conclusiones que elaborarán PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos se elevará como dictamen a la Asamblea Regional, la semana del 12 al 16 de marzo. Los miembros de la ponencia, excepto los populares, acordaron ayer remitir las conclusiones a la Fiscalía para que determine si se cometió algún ilícito penal y también al Tribunal de Cuentas con el fin de que aclare si existe responsabilidad patrimonial. También se dará traslado al Consejo de Gobierno, al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)

Los diputados concluyen que 234 viviendas tienen graves deficiencias estructurales y de infraestructuras, 585 tienen problemas de abastecimiento de agua y 550 inmuebles fueron construidos ilegalmente en el cauce y zona de afección de la rambla de Los Aznares.

Los 3.742 chalés de cuatro fases de la urbanización no cuentan con licencia de primera ocupación

La ponencia también ha descubierto que el Plan Parcial de El Saladillo se aprobó sin los preceptivos y vinculantes informes de la CHS, tal y como establece la ley de Aguas. Además, pone el acento en el encauzamiento de la rambla de Los Aznares, en un tramo de 1.500 metros. «Es incomprensible que la Confederación Hidrográfica del Segura no lo impidiese», resumió el viceportavoz del PSRM, Alfonso Martínez Baños. Después de analizar los diarios de sesiones de los plenos del Ayuntamiento y de las comisiones de urbanismo, la ponencia incluirá en sus conclusiones que cuando fue aprobado definitivamente el Plan Parcial El Saladillo, el 25 de enero del año 2000, «las obras de urbanización ya estaban muy avanzadas».

Valga como ejemplo que una década después, el Tribunal Superior de Justicia condenó en cinco ocasiones a la promotora Justo y Manoli «por la edificación de viviendas sin la correspondiente licencia de obras». En concreto, se levantaron sin papeles un total de 724 inmuebles y se condenó a la promotora a pagar al Consistorio algo más de 3,6 millones de euros. «Tenemos constancia de que el Ayuntamiento de Mazarrón ni cobró ninguna de estas sentencias, ni se personó en el concurso de acreedores de la mercantil Justo y Manoli para reclamar ante la administración concursal el importe de estas sanciones», denunció el diputado Martínez Baños.

El parlamentario de Cs Luis Fernández aseguró que «la gran mayoría de viviendas carecen de cédula de habitabilidad», incluso del seguro decenal obligatorio. «No disponían de los informes técnicos necesarios para obtenerlo». Entre los documentos a los que se aludirá en las conclusiones definitivas, hay un informe emitido el 11 de enero de 2011, por el técnico municipal de Sanidad y Medio Ambiente, que concluye que la totalidad de los bombeos de aguas residuales de Camposol se encuentran generando vertidos de aguas residuales sin depurar a las ramblas de los Tollos y las Moreras.

La diputada de Podemos María Giménez avanzó que «requerimos al Ayuntamiento que resuelva en el menor tiempo posible la prestación del servicio de agua y saneamiento a las viviendas afectadas».

En el dictamen que se debatirá en la Asamblea Regional en marzo, los partidos propondrán que se constituya una mesa de trabajo formada por el Consistorio, el Ejecutivo regional y la CHS para planificar, coordinar y ejecutar medidas para revertir la situación a la que se enfrentan 5.000 vecinos. No solo por las calles que se están levantando y las casas que se están hundiendo, sino porque un informe de mayo de 2015, del ingeniero de caminos municipal, alerta de que el encauzamiento de la rambla de Los Aznares supone «un alto riesgo de inundación de una zona de la urbanización».

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