La Verdad

La CHS vuelve a tramitar la sanción por Camposol, que aumenta en 1,5 millones

  • El expediente, que prevé una multa de 4,5 millones, lo resolverá el Consejo de Ministros tras el segundo periodo de alegaciones al Consistorio y a la empresa promotora

Los servicios jurídicos y el área de Urbanismo de Mazarrón trabajan contrarreloj para presentar las alegaciones a la nueva propuesta sancionadora por la urbanización Camposol. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente declaró la «caducidad» del primer expediente sancionador que presentó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al haber excedido el tope de 12 meses para su tramitación, y en este segundo expediente, una de las novedades es que el organismo de cuenca ha elevado en 1,5 millones el importe de la multa contra el Ayuntamiento y la promotora Justo y Manoli por construir sin permiso sobre la rambla de Los Aznares.

La cuantía se ha encarecido de 3.031.000 euros a 4.569.239. La CHS califica la infracción de «muy grave» y propone una sanción de un millón de euros, además del pago de 3.569.239 euros «en concepto de daños al dominio público hidráulico».

El expediente debe ser resuelto por el Consejo de Ministros y, antes de que le sea remitido por la CHS, tanto el Consistorio como la promotora disponen de dos turnos de alegaciones. En el primero, el Ayuntamiento no ha visto prosperar sus alegaciones. «El hecho que se imputa se tiene por cierto y probado», concluye el órgano de cuenca al tiempo que detalla que se han ocupado 34.529 metros cuadrados de la rambla para levantar parte de la macrourbanización. El expediente critica que los trabajos desarrollados por la promotora evidencian una «continuidad infractora», ya que «primero ejecutó las obras de canalización de la rambla (1.500 metros) y, posteriormente, ocupó las zonas de dominio público hidráulico consecuencia de las obras de urbanización». Todo ello «sin la preceptiva autorización administrativa».

El expediente estima que en los años 2004 y 2005, cuando se ejecutaron los trabajos, el valor medio de las parcelas en el mercado inmobiliario era de 215 euros el metro cuadrado. «El beneficio obtenido por el infractor es claro (urbanización y posterior venta de parcelas) y la actuación comporta graves riesgos para el régimen de escorrentías del cauce». La inestabilidad de los terrenos sobre los que se desarrolló el plan parcial de El Saladillo es una de las causas del ondulamiento progresivo de las calles y de que 550 dúplex, chalés y bungalós estén agrietados y que se hayan hundido sus patios, piscinas y muros perimetrales.

Para la CHS, la Administración local debería de haber supervisado al detalle la ejecución de la urbanización. «Es responsabilidad del Ayuntamiento el velar por la adecuada ejecución de los instrumentos de planeamiento y la dejación de esa labor, precisamente es la que ha conducido a la irregularidad que hoy es objeto de sanción. De este modo, la invasión del cauce de la rambla de Los Aznares podría haberse evitado con la adecuada supervisión por parte del Ayuntamiento».

El expediente detalla que sobre el cauce se ha ido edificando a lo largo de 26.928 metros y se han ejecutado 7.601 metros de viales. No hubo ningún tipo de control, a pesar de que el arquitecto técnico municipal alertó en un informe de mayo de 2004 de que «se ha canalizado la rambla de Los Aznares sin estar incluido en el proyecto de urbanización y sin la correspondiente autorización de la CHS». De hecho, el jefe de servicio de Actuaciones en Cauces concluye que el cauce «literalmente ha desaparecido».

Una solución técnica

El organismo de cuenca llega a reprochar a la Administración local que la Corporación por aquel entonces «procedió a conceder licencia urbanística, cuando ni siquiera se había solicitado el preceptivo informe del planeamiento». Incluso inició un expediente que comunicó a la CHS «a fin de ejecutar la actuación urbanística y no para sancionar la conducta objeto de multa en las presentes actuaciones».

El expediente, junto a las sanciones, también «ordena» la reposición del terreno o que se acometa alguna solución técnica. De no tomar medidas en el cauce su estado actual tiene «trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes». Después de que el Consistorio presente sus alegaciones, la CHS las estudiará y resolverá para remitir su propuesta definitiva de sanción al Consejo de Ministros. El Estado tendrá la última palabra.