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Grietas en un dúplex del sector C de Camposol.
El Ayuntamiento tardó veinte años en recepcionar la urbanización Camposol

El Ayuntamiento tardó veinte años en recepcionar la urbanización Camposol

Ciudadanos impulsa una comisión en la Asamblea Regional y exige a la CHS que aclare por qué esperó hasta este año para sancionar las obras del residencial en una rambla

Jorge García Badía

Lunes, 10 de agosto 2015, 11:43

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Los 5.200 residentes de la urbanización Camposol han estado viviendo en el limbo a ojos del Ayuntamiento de Mazarrón. La promoción abarca 4.000 viviendas que comenzaron a gestarse en 1994, pero no fue hasta agosto de 2014 cuando el Consistorio recepcionó las obras. A pesar de que han transcurrido dos décadas, la asociación de vecinos Camposol y la ONG Murcia Transparente denuncian que hay muchos residentes que «todavía no tienen licencia de primera ocupación».

En algunos casos se debe a que el Plan Parcial El Saladillo proyectaba apartamentos turísticos que supuestamente fueron vendidos como viviendas, de forma que sus moradores no puede recibir esas licencias. En otros no cuentan con escrituras de sus dúplex porque solo tienen registrado un bancal de tierra.

Estas supuestas irregularidades, sumadas a la propuesta de sanción de más de ocho millones de euros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) contra la promotora de la urbanización y el Ayuntamiento de Mazarrón por haber construido sobre la rambla de Los Aznares, han provocado que el asunto termine en la Asamblea Regional

Ciudadanos ha registrado en el parlamento autonómico una moción para que se debata y se apruebe la constitución de una comisión de trabajo, en la que estén presentes el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento, «con el fin de estudiar cómo solucionar las carencias de dicha urbanización». El diputado regional Luis Fernández justifica esta propuesta por los «graves problemas» que sufren los residentes: «Calles sin asfaltar y en peligro de hundimiento, falta de carreteras de acceso, grave deterioro de las redes de saneamiento y aguas residuales, inexistencia de servicios de depuración de aguas residuales, transporte público y correos, alumbrado insuficiente...».

Y todo como consecuencia de haberse urbanizado sobre la rambla de Los Aznares, lo que ha motivado la sanción millonaria de la Confederación Hidrográfica, pero que no la deja fuera de la lupa de Ciudadanos. La formación naranja ha pedido por escrito a la Asamblea Regional que solicite información a la Delegación del Gobierno sobre las actuaciones realizadas por el órgano de cuenca entre 2004 y 2015, «desde que tuvo conocimiento de la ocupación de la rambla». También pide en otro escrito que la Asamblea demande a la Consejería de Fomento los informes emitidos sobre al Plan Parcial El Saladillo, «en especial el que hace referencia a la rambla y al puente de conexión entre el sector A y el resto (B, C y D)».

El citado puente supuestamente carecía de licencia y se lo llevó por delante la riada de San Wenceslao que arrasó amplias zonas de la comarca del Valle del Guadalentín en 2012. Los vecinos de los sectores B, C y D estuvieron semanas aislados y tenían que dar un rodeo de 25 kilómetros solo para poder llegar al supermercado. En este tercer escrito, Ciudadanos también reclama a la Consejería que informe del «control y seguimiento» realizado en los apartamentos turísticos, que presuntamente se vendieron como viviendas.

Farolas sin permiso

La concejal de Ciudadanos en Mazarrón, Agustina Ruiz, resume que «el problema le queda grande a Mazarrón». Y parece que no exagera ya que técnicos municipales llegaron a estimar en una horquilla de 15 a 20 millones de euros el arreglo de los desperfectos de la urbanización, entre otros motivos, porque parte de la red de saneamiento está partida y se vierten aguas residuales.

Ese coste, sumado a la multa de la CHS de más de ocho millones de euros, «supera el presupuesto municipal, que oscila entre 20 y 24 millones».La edil defiende la necesidad de que «medie la Asamblea Regional en Camposol para que sea un mal menor para el Ayuntamiento y para resolver el problema que tienen los vecinos». El 80% son británicos y en algunos casos pagaron hasta 255.000 euros por sus casas para disfrutar de una jubilación dorada que se ha tornado en pesadilla.

El edil de IU-Verdes David Fernández, que la pasada legislatura dirigió la Concejalía de Medio Ambiente, explica que «nosotros recepcionamos los servicios básicos de la urbanización para normalizar el abastecimiento de agua, el servicio de basura y hasta dimos de alta farolas que se instalaron sin permiso de la compañía Iberdrola».

Modificación del plan parcial

Fernández alerta de que «hace falta una modificación puntual del plan parcial para terminar de regularizar la situación de Camposol, porque ahora hay casas donde había previstas zonas verdes y la realidad no tiene nada que ver con el plan. Hoy por hoy esas viviendas son ilegales». De momento, la alcaldesa del Partido Popular, Alicia Jiménez, se ha limitado a asegurar que está «tomando conocimiento de la situación».

Sin embargo, el concejal de IU-Verdes le recuerda que «fue primera teniente de alcalde con el equipo de Francisco Blaya». Es más, el actual jefe de gabinete de la regidora fue en su momento edil de Urbanismo y en las corporaciones de Blaya, de 2003 a 2011, no se puso freno al desarrollo de la 'zona cero' de la urbanización Camposol: los sectores C y D. «No entendemos que ahora diga eso, le vamos a dar dos meses de plazo para ver qué hace», afirmó.

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