En su mano tiene elegir al tribunal

Si el líder del PP mantiene el acta de diputado, será juzgado por el TSJ ; si la entrega, por la Audiencia Provincial El expresidente tiene que analizar si le interesa un juicio antes de fin de año o si opta por retrasar al máximo la resolución

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Pedro Antonio Sánchez lleva años -los mismos que está envuelto en graves problemas judiciales- reclamando la máxima celeridad a la Justicia. Lo que quizás no imaginaba es que un día, como el actual, acabaría teniendo en su mano el 'poder' de adelantar o atrasar casi a voluntad la resolución de las dos causas judiciales que ahora lo acorralan: 'Auditorio' y 'Púnica'. Si se parte de la base, no cierta, pero sí muy probable, de que los respectivos autos de procedimiento abreviado (procesamiento) se acabarán viendo confirmados y adquirirán firmeza, conduciéndole irremisiblemente hacia el banquillo, el expresidente del Gobierno regional tendrá que optar por una decisión -la de dimitir como diputado o la de mantener el acta- que no solo tendrá una evidente repercusión política y personal, sino que condicionará de forma trascendental la velocidad con que ambos procedimientos llegan a su término.

La explicación hay que buscarla en la figura del aforamiento, de la que Sánchez -dimitido meses atrás como presidente del Gobierno murciano- sigue beneficiándose en virtud de su condición de diputado de la Asamblea Regional. Este fuero especial es el que determina, hoy por hoy, que la instrucción de los casos 'Púnica' y 'Auditorio' siga en manos de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, que es la única con competencias para enjuiciarle.

Si se aferra a su acta de parlamentario, ambas causas seguirán en ese órgano judicial y los juicios podrían señalarse en un plazo de tiempo excepcionalmente breve para lo que se acostumbra en la Justicia española: muy probablemente antes de fin de año, pues no en vano esa sala del TSJ no sabe de problemas de saturación.

Al contrario, si obligado por las presiones políticas de su propio partido y de los ajenos, por convencimiento íntimo o por pura estrategia procesal, acaba entregando el acta, dejará en ese mismo instante de estar aforado y las dos causas -'Púnica' y 'Auditorio'- pasarán inmediatamente a manos de los tribunales ordinario que la ley determina para cualquier ciudadano de a pie.

En el caso concreto de la 'Púnica', el asunto retornaría a la Audiencia Nacional y Pedro Antonio Sánchez y su asesor, David Conesa, serían juzgados junto a la veintena larga de encausados de la rama murciana de ese asunto de corrupción, como lo son el exconsejero Juan Carlos Ruiz, el exalcalde cartagenero y conseguidor José Antonio Alonso y el blanqueador de reputaciones ajenas Alejandro de Pedro, entre otros.

No es que la Audiencia Nacional esté terriblemente saturada, pero el juicio se fijaría con unos cuantos meses de retraso respecto a lo que pasaría si se queda en el TSJ. Un dato a valorar, como también el hecho de que a PAS no le interese en absoluto verse en el banquillo rodeado por toda la presunta 'trama Púnica'. Por aquello de que todo se pega, menos la hermosura, y el tribunal -con más o menos razones- bien podría acabar haciendo tabla rasa y llevándose por delante a los que parecen muy culpable y a los que parecen menos.

Por lo que respecta al 'caso Auditorio', la pérdida de la condición de aforado llevaría estas diligencias a la Audiencia Provincial, que sería la encargada de fijar y celebrar el juicio. Y teniendo en cuenta que este órgano está hasta las cejas de trabajo y que viene ya señalando las vistas con más de año y medio de retardo, bien puede afirmarse que podríamos entrar en la próxima década sin conocer la sentencia. Algo, cualquiera sabe, que igual hasta le interesa.

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