La lucha de los guardianes de la Historia

La conservación del patrimonio suma una legión de activistas, agrupados en colectivos ciudadanos, que ya pueden presumir de algunos triunfos, desde los molinos de viento del Campo de Cartagena a San Esteban; Cultura se siente desbordada debido al aluvión de solicitudes

La lucha de los guardianes de la Historia
MIGUEL RUBIO

Como ocurre con las buenas historias, el desenlace resultó de lo más inesperado. María Ángeles Muñoz Cosme, historiadora del arte, solicitó la protección de las piezas en bronce del artista Francisco Toledo (una escena del Juicio Final) que adornan la fachada de la iglesia del complejo residencial de Espinardo, abandonado desde hace más de una década. Y, aunque se topó con una negativa de la Consejería, la sugerencia de esta experta en escultura pública no fue estéril, porque puso el foco sobre un conjunto de edificios, de la última etapa del franquismo, que destacan dentro del patrimonio moderno. En agosto de 2016, Cultura acabó por declarar como bien inventariado cuatro de los inmuebles que forman dicho recinto, junto al parque científico del campus universitario: la iglesia (con las obras de Toledo), el teatro, las oficinas de administración y el pabellón residencial mixto. Un hito en la puesta en valor de la arquitectura del siglo XX en la Región.

«No esperaba ese final feliz», recuerda Muñoz Cosme, a quien aún le dura «la alegría de ver que tu preocupación por el patrimonio obtiene un reconocimiento así». Esta experta imparte talleres relacionados con la historia y las tradiciones en varias pedanías de Murcia. Y en esas clases puede palpar un sentimiento en auge: los ciudadanos se muestran cada vez más «sensibilizados con la conservación del legado que hemos heredado».

Es la misma preocupación que aprecian desde asociaciones como Hispania Nostra, que promueve la participación de la sociedad en la salvaguarda de los bienes culturales. Su ‘lista roja’, a la que los políticos no quitan ojo, se ha convertido en un termómetro para evaluar el estado de salud de los principales monumentos. Víctor Antona, del comité científico de dicha institución, destaca, en declaraciones a ‘La Verdad’, que «existe un interés creciente de la sociedad por colaborar de forma activa en la defensa de un patrimonio que entiende forma parte de su historia tanto a nivel personal como colectiva». Una inquietud que «viene de la mano del desarrollo de la educación y de una mayor disponibilidad de recursos para viajar, ver otras ciudades y aprender a valorar lo nuestro».

Casi sesenta iniciativas de ciudadanos han derivado en declaraciones de bien de interés, catalogación o inventariado

El número de denuncias se ha duplicado, pero la Consejería lamenta «que a menudo contienen datos falsos»

Monumentos en peligro

La relación de monumentos en peligro de Hispania Nostra (que incluye 750 elementos en toda la geografía nacional) se nutre, en buena parte, de las aportaciones de ciudadanos: cualquier persona puede enviar una solicitud rellenando un formulario disponible en la página web de la asociación. Y Murcia, admite Antona, «no constituye una excepción». Los murcianos «tienen cada vez mayor conciencia del valor e interés de su patrimonio histórico y se movilizan para lograr su conservación. Hay que felicitar a todos esos colectivos y personas anónimas que dedican una parte de su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida del conjunto de la sociedad».

El arrabal islámico de San Esteban, en pleno centro de Murcia, protagonizó uno de los casos más sonados de estos defensores de la historia. En 2009, la presión de la calle, surgida de forma espontánea, evitó que parte del yacimiento, de los siglos XI al XIII, acabara sepultado entre el forjado de un nuevo aparcamiento subterráneo. El compromiso del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para su puesta en valor, tras su declaración como bien de interés cultural (BIC), hizo que el arrabal abandonara la ‘lista roja’, aunque las obras de recuperación todavía no han arrancado.

Concentración frente al yacimiento de San Esteban en 2009 para protestar por el desmonte de los restos árabes.
Concentración frente al yacimiento de San Esteban en 2009 para protestar por el desmonte de los restos árabes. / Edu Botella / AGM

Las protestas entorno a estos restos arqueológicos marcaron un antes y un después en el cuidado del patrimonio. «Ahora se vive con más interés por parte de la sociedad. La conservación y la protección empiezan a aparecer por fin en la agenda política. Y destrozos como los que se cometieron hacen medio siglo con los baños árabes de la calle Madre de Dios, los ciudadanos, desde luego, no lo permitirían ahora», mantiene Gregorio Sabater, doctor en Historia Moderna y portavoz de la Plataforma del Patrimonio Cultural de Murcia. Esta entidad surgió en 2012 con la misión de denunciar «los desastres provocados por la mala planificación y los ‘pelotazos’ inmobiliarios», recuerda Sabater. La plataforma, que ha contribuido, por ejemplo, a la declaración como BIC del jardín de Floridablanca, piensa seguir «metiendo el dedo en la llaga» para que no haya «dejación de funciones» por parte de la Administración en su labor de conservar los bienes históricos.

Esa mayor conciencia social ha llevado consigo que en la Región prolifere una legión de grupos de activistas y, también, que se multiplique el trabajo en los despachos de los servicios técnicos de Cultura, a donde cada vez llegan más escritos con denuncias y solicitudes de protección. Según el departamento que dirige el consejero Javier Celdrán, «resulta difícil saber» cuántas asociaciones se dedican a este fin en la actualidad. Habla de «decenas», pero advierte de que a la Dirección General de Bienes Culturales «llegan todo tipo de escritos de colectivos o asociaciones que no son tales y que no están inscritos en registro alguno». Con todo, la Consejería asegura que «figuren o no, la Administración los atiende, como atiende a cualquier particular».

De Librilla a Yecla

Casi en cada uno de los 45 municipios funciona al menos una de estas asociaciones, desde Librilla a Yecla. Todas con las que ha hablado este diario mantienen que no se mueven por una ideología política, aunque en algunas están representados los partidos. Realizan un trabajo altruista; sus socios dedican parte de su tiempo libre a esta tarea. No admiten ayudas de la Administración para no estar condicionados en sus acciones y si necesitan financiar alguna actividad (por ejemplo, el alquiler de un local para celebrar una asamblea) recurren al ‘micromecenazgo’, que incluye hasta la venta de camisetas. Es más, en bastantes ocasiones a sus representantes les cuesta el dinero de sus bolsillos. «La gasolina de los viajes a la Consejería y a la Asamblea Regional corre de nuestra cuenta», indica Diego Boluda, maestro de Primaria y portavoz de la Plataforma Mula por su Castillo. Con el respaldo de «miles de personas», esta agrupación (una de las últimas en constituirse en la Región) ha conseguido en poco más de un año que el Ayuntamiento pase a ser dueño del 66% de la fortaleza, cuando antes solo controlaba el 5% de la propiedad. Su trabajo reivindicativo le ha valido el reconocimiento público del propio Consistorio. Aunque aún le queda camino por recorrer, ya está más cerca de sus objetivos: lograr que el monumento sea un bien municipal y que se acometa un plan de obras para su restauración y puesta en valor. «El día que el castillo abra sus puertas completamente rehabilitado y con un uso para el disfrute de todos los ciudadanos, la plataforma se disolverá», adelanta Boluda.

Símbolo de Mula. Juan Fernández, Pepi Gracia, María Llorente, Diego Boluda y Juan Gutiérrez, a los pies del castillo.
Símbolo de Mula. Juan Fernández, Pepi Gracia, María Llorente, Diego Boluda y Juan Gutiérrez, a los pies del castillo. / Edu Botella

Mientras tanto, seguirán en la brecha. Su éxito (con acciones tan llamativas como un abrazo simbólico a la fortaleza, que reunió a 1.400 personas) radica en haber tocado «la herida que más escuece». El castillo, pese a ser «el símbolo identificativo de Mula, se encontraba en un abandono absoluto. Así que un grupo de vecinos decidimos pasar a la acción porque si no lo hacíamos nosotros, nadie [en referencia a la Administración] se movía», recuerda el portavoz de la plataforma.

Esa inquietud por el patrimonio más cercano y la incertidumbre sobre su conservación de cara al futuro mueven a la mayoría de estas asociaciones. Legado de Alcantarilla, con 300 socios que no tienen que pagar cuota alguna, puede presumir de un expediente notable en poco más de un año de vida. La plaza de abastos de San Pedro (obra del arquitecto José Antonio Rodríguez, de 1924) es un bien catalogado por Cultura gracias a su empeño, lo mismo que el puente de las Pilas. También consiguió la protección para dos chimeneas industriales, colaboró en el reconocimiento de la importancia histórica de las Salinas Reales de Sangonera la Seca, en Murcia, y ahora está inmersa en la puesta en valor del acueducto de la rambla de las Zorreras, una obra de ingeniería de diez metros de altura y 30 de longitud. Su labor no se limita al patrimonio; la difusión cultural también está en su ADN, y así la asociación se encuentra en pleno proceso para recuperar el certamen literario internacional Jara Carrillo, como indica Alejo García Almagro, guardia civil, licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Murcia (UMU) y secretario de Legado.

Diego Rosique, Francisco Cascales, Alejo García y Fulgencio Martínez, de Legado, en el acueducto de Los Arcos en Alcantarilla.
Diego Rosique, Francisco Cascales, Alejo García y Fulgencio Martínez, de Legado, en el acueducto de Los Arcos en Alcantarilla. / J.C. Caval / AGM

Más de 200 peticiones

Resulta complicado poner sobre la mesa cifras acerca de los resultados cosechados por estos grupos de defensores de la historia, porque en ocasiones sus iniciativas se solapan con las que emprenden de oficio los técnicos de Cultura o los ayuntamientos. Según la Consejería, en los últimos cinco años este departamento ha registrado 215 peticiones de protección de inmuebles y otros elementos por parte de asociaciones, particulares y consistorios. Destaca la aportación de la asociación Daphne, con 181 solicitudes, que dio un impulso a la conservación del entorno de los molinos de viento del Campo de Cartagena. De las iniciativas ciudadanas, 57 derivaron en declaraciones de bien de interés, catalogación o inventariado.

Sin embargo, desde Cultura remarcan que «la mayoría de los escritos vienen presentados sin fundamento ni motivación técnica, lo que obliga al Servicio de Patrimonio Histórico a dedicar medios materiales y humanos, además de muchas horas de trabajo, para elaborar estos expedientes que, en los casos en que las solicitudes resultan finalmente desestimadas, no revierten en absoluto en el beneficio del patrimonio». En cuanto a las denuncias, su número se ha duplicado en los dos últimos años. Y de los 122 expedientes abiertos entre 2013 y 2017, 38 se iniciaron a instancias de asociaciones o similares. El resto partió de informes derivados de los servicios de inspección o policiales de la Administración. Según la Consejería, de los 22 expedientes sancionables (18 de ellos ya con multa firme), «solo cuatro se originaron por procedimientos incoados a partir de denuncias con participación o presentadas por asociaciones».

La normativa permite a cualquier particular poner en conocimiento de la Comunidad posibles destrozos o solicitar la protección de un bien

«Solo cumplimos la ley; el problema es la falta de medios en Patrimonio Histórico», señala Huermur; Cultura critica que «la mayoría de los escritos carecen de fundamento»

En este punto, Cultura también plantea una seria advertencia: «Se ha comprobado que muchas de ellas no responden al fin de preservar el patrimonio e, incluso, crean un relato retorciendo la realidad, creando alarma social y, en algunos casos, con fines políticos». La Dirección General de Bienes Culturales dice haber detectado, «en las últimas anualidades, la llegada masiva de denuncias a menudo con datos falsos e incluso documentación fotográfica manipulada, más orientadas a generar ‘noticias’ que a conservar el patrimonio».

Huermur, una de las asociaciones más veteranas, que ha extendido sus reivindicaciones desde los valores ambientales de la huerta de Murcia al patrimonio histórico de la capital -con la declaración BIC del Puente de los Peligros entre sus muchos logros-, recuerda que la ley regional permite a cualquier ciudadano o colectivo dirigirse a la Consejería si advierte de una posible destrucción relacionada con los bienes históricos. Según Sergio Pacheco, presidente de Huermur, «los técnicos nos reconocen que están desbordados. Pero el problema no es que lleguen muchas denuncias, sino la falta de personal y medios. La Administración regional debe dotar de suficientes recursos a Cultura, porque ese departamento es la piedra angular en la que descansa la protección de nuestro patrimonio».

La huerta. Miembros de Huermur, durante una protesta en el paraje de La Contraparada, donde nacen las dos acequias mayores.
La huerta. Miembros de Huermur, durante una protesta en el paraje de La Contraparada, donde nacen las dos acequias mayores. / J. Carrión / AGM

También desde Daphe, que destaca en su lucha por la salvaguarda de bienes históricos del entorno de Cartagena, recuerdan a la Consejería que «nosotros hacemos lo que dice la ley, que es denunciar cuando vemos riesgo de destrucción en el patrimonio; y esa labor la realizados fuera de nuestro horario laboral. Así que ellos que cumplan con su trabajo. Y si no pueden, que devuelvan las competencias. Lo que no es admisible es que, por ejemplo, las ermitas del monte Miral, junto al monasterio de San Ginés de la Jara, tengan incoadas la declaración BIC desde el año 1992 y nunca antes se haya pedido a los propietarios su consolidación», critica María Dolores Ruiz, vocal de Daphne. Y se lamenta: «La labor que desarrollamos es poco agracedia. Se lo toman a mal».

Cartagena. José Luis Sánchez, presidente de Daphne, junto al fuerte de Despeñaperros, que ha centrado una de sus iniciativas.
Cartagena. José Luis Sánchez, presidente de Daphne, junto al fuerte de Despeñaperros, que ha centrado una de sus iniciativas. / Antonio Gil / AGM

La lucha sigue. Porque solo la ‘lista roja’ de Hispania Nostra recoge 26 bienes en peligro en la Región. Pero hay más.

Hispania Nostra: «La presión social puede determinar una respuesta más ágil»

Mantener en buen estado un patrimonio «tan inmenso, por cantidad y calidad, como el español», según Hispania Nostra, puede llegar a convertirse en un quebradero de cabeza para los políticos y en un pozo sin fondo para las arcas públicas. «No podemos pretender que con los recursos disponibles, que no son pocos pero sí limitados, se resuelvan todos los problemas», indica Víctor Antona, del comité científico de dicha asociación. Este experto defiende que «debemos exigir a los responsables de cuidar nuestro patrimonio histórico la necesaria sensatez y sangre fría para tomar las decisiones que más convengan en cada momento para el bien de todos». No obstante, añade, «no es menos cierto que la presión social puede determinar una respuesta más ágil de la Administración ante un problema concreto. De hecho, cada vez es más frecuente ver que la ciudadanía se organiza para impulsar determinadas acciones».

Respecto a la falta de recursos para hacer frente a esta preocupación ciudadana, Antona considera que «siempre resultan insuficientes. Pero cualquier gestor digno de ese nombre sabe que su trabajo consiste, precisamente, en obtener los mejores resultados posibles con los medios de que dispone y, aunque siempre todo es mejorable, la plantilla de profesionales con que cuentan las distintas administraciones es digna de elogio, tanto por su dedicación y entrega como por su nivel técnico».

Fotos

Vídeos