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Este edificio apuntalado y envuelto en redes para evitar la caída de fragmentos a la vía pública, en avenida de Portugal, está en una situación de indefinición.
En el 'minuto cero' del terremoto

En el 'minuto cero' del terremoto

Los vecinos de tres bloques de viviendas de avenida de Portugal, La Viña y Fuerzas Armadas siguen enzarzados en una disputa con el Consorcio para poder reconstruir. Treinta y dos casas solariegas del recinto histórico también están en 'stand by', a la espera de un plan especial menos restrictivo que permita nuevos usos

PILAR WALS

Martes, 10 de mayo 2016, 02:15

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Cinco años después de los terremotos que asolaron la ciudad, los vecinos de tres edificios aún se encuentran en el 'minuto cero' del seísmo. La reconstrucción de sus viviendas está paralizada y no hay visos de que la situación cambie a corto plazo. El primero es el edificio Don Álvaro, en el barrio de La Viña. El inmueble fue demolido hace algún tiempo y desde entonces sus doce propietarios intentan llegar a un acuerdo con el Consorcio de Compensación de Seguros para ponerlo en pie.

  • de las 232 viviendas que se están reconstruyendo en San Fernando han sido expropiadas a través de la Ley de Sustitución. El Consistorio se ha inmiscuido como promotor para resolver el conflicto.

  • de las 88 viviendas del Residencial Viña Nueva vieron cómo se aplicaba esta figura para evitar la conformación de una minoría de bloqueo que hubiera paralizado la reconstrucción.

  • familias están a la espera de llegar a un acuerdo con el Consorcio de Compensación de Seguros que les permita iniciar la reconstrucción de sus viviendas de primera y segunda ocupación de tres edificios.

En una situación similar se encuentra un inmueble entre la calle Jerónimo Santa Fe y la avenida de Portugal. Ocho propietarios de viviendas y dos de locales esperan un acuerdo para demoler el bloque y poder reconstruirlo. La infraestructura, muy dañada, se mantiene en pie sujeta por decenas de puntales y envuelta en redes para evitar que se produzcan nuevas caídas de fragmentos a la vía pública, como ya ha ocurrido en diversas ocasiones. Para evitar esta circunstancia se procedió a su vallado.

El último en situación de indefinición es el edificio Almendro, en la avenida Fuerzas Armadas, frente al Campus Universitario de la Salud, con treinta y dos viviendas. Sus propietarios, de primera y segunda residencia, como ocurre en los dos anteriores, están a la espera de conseguir un acuerdo favorable con el Consorcio que les permita demolerlo y reconstruirlo. La situación de los tres inmuebles lejos de desbloquearse parece que ha llegado a una espiral en la que la única solución podría dictaminarla un juez, por lo que aún habrá que esperar largo y tendido.

No son los únicos conflictos que han puesto freno a la reconstrucción de la ciudad tras los terremotos de mayo de 2011. En 'stand by' también se encuentran un total de treinta y dos casas solariegas del recinto histórico de la ciudad. La mayoría se mantienen en pie sujetas por complicados entramados de hierros que sostienen sus fachadas, ya que el resto fue demolido por los graves daños que sufrieron como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Están repartidas por toda la ciudad vieja, lo que le da un aspecto de desolación y abandono. Se muestran como decorados de cine, ya que únicamente conservan sus fachadas. La mayoría de propietarios están a la espera de un nuevo Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico (Pepri) menos restrictivo que les permita adecuarlas a los nuevos usos.

Las pretensiones es que estos grandes espacios puedan acoger distintas viviendas, por lo que se hace fundamental la necesidad de abrir en sus fachadas nuevos huecos que den luz a las distintas estancias. Pero además, precisan de ascensor y aparcamiento si se quieren adaptar como viviendas comunitarias. Y en los bajos se reclaman reformas que les permita acondicionarlos para usos comerciales y de hostelería.

Todo ello deberá estar incluido en el nuevo Pepri, al que se sumarán alicientes como el que se pretende poner en marcha en las próximas semanas y que dotará a sus propietarios de ayudas para la reconstrucción. El plan director de recuperación del patrimonio tras los terremotos destinará un millón de euros a la puesta en valor de estas viviendas de las calles Álamo, Selgas, Lope Gisbert y Cava, aunque también se podrían incluir otras en Alfonso X el Sabio y Corredera.

Recuperar el casco antiguo

La principal intención es poner en valor el casco antiguo y así recuperar en su totalidad el conjunto histórico-artístico. Un grupo de inmuebles catalogados de grado 2 y 3 se encuentran en estos momentos tramitando distintas ayudas que llevará a que en pocas semanas se inicien obras de rehabilitación en varios edificios históricos, entre los que se encuentran la Casa de los Irurita o el Palacio de los Condes de San Julián.

En fase avanzada de rehabilitación se encuentra también un nutrido grupo de inmuebles repartidos por enclaves como la plaza de Colón, calle Corredera, Álamo y Nogalte, a los que se sumará en breve el inicio de las obras en otros tantos. Estas deberán estar concluidas antes del 31 de diciembre de 2017, cuando está previsto que concluya el plazo de las ayudas del plan director, que ha recibido una prórroga de un año desde la conclusión prevista a finales del actual ejercicio.

La reconstrucción no ha sido un camino de rosas. El principal problema se planteó solo unos meses después del terremoto, cuando se abordó el conflicto que podía generar en una comunidad de vecinos que un único propietario se negara a que se levantase nuevamente un inmueble. No se podía hacer nada. Una única negativa podía poner en riesgo la vuelta a la normalidad de decenas de familias. Fue entonces cuando se planteó la necesidad de cambiar los requisitos legales para hacer más fácil que los propietarios se pusieran de acuerdo. Y así se creó la ley de expropiación forzosa. Desde su puesta en marcha, diez meses después de los terremotos, únicamente se ha aplicado hasta sus últimas consecuencias en siete casos, aunque la ley ha permitido desbloquear distintas situaciones que impedían la reconstrucción en 80 edificios. La negativa de vecinos a reconstruir, propietarios de segunda vivienda, afectados que están separados o divorciados, inmigrantes que decidieron marcharse, pisos envergados, propiedades pendientes de resolución de herencia... se resolvió con un acuerdo rápido con el resto de vecinos tras conocerse que se encontraban inmersos en un proceso de expropiación forzosa.

Una de las situaciones más complejas se ha vivido en el barrio de San Fernando que fue demolido en su totalidad. De los 232 propietarios que lo integraban, 59 se negaron a reconstruir por distintos motivos, por lo que la reconstrucción parecía imposible. El Ayuntamiento recurrió a la expropiación, mediante la Ley de Sustitución Forzosa, para posibilitar que se volviesen a poner en pie las viviendas.

De esta forma se evitó que la negativa de 59 vecinos que no estaban a favor de reconstruir paralizase la reedificación del barrio, que era lo que quería la mayoría. Estas viviendas, probablemente, se destinarán a jóvenes a través de planes específicos. En otros casos como el Residencial Viña Nueva también se ha utilizado esta figura de expropiación forzosa. En el inmueble de La Viña había trece propietarios que se negaban a construir de un total de 88.

Pero estos no han sido los únicos conflictos a los que los vecinos han tenido que hacer frente para propiciar la reconstrucción. Los detalles más insignificantes de la construcción han provocado mil y un conflictos. Desde la elección del arquitecto o empresa constructora, hasta el diseño del edificio y los detalles del proyecto. Algunos inmuebles no cuentan con aparcamientos subterráneos por la negativa de los propietarios de los locales comerciales a ceder el espacio necesario para el acceso. En otros casos, por el contrario, el consenso ha sido total desde un principio.

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