Una plataforma pide que no se pierda calidad asistencial con la ley de Atención Temprana

Los ayuntamientos de Lorca y Águilas aprueban mociones contra el nuevo decreto, que según la Consejería beneficiará a 3.700 niños

J. NICOLÁS / EPMURCIA

El nuevo decreto de Atención Temprana beneficiará a un total de 3.700 niños de la Región, de los que 653 son atendidos por la Federación de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral, Plena Inclusión, con cuyo presidente, Joaquín Barberá, se reunió ayer el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

En este encuentro, se analizaron las necesidades de este colectivo y los avances producidos como el nuevo decreto de concierto social y el de Atención Temprana, cuyo borrador -ya presentado- está impulsado por el Gobierno regional y al que se han incorporado las aportaciones de profesionales, familias y federaciones de personas con discapacidad.

Plena Inclusión es la principal entidad privada sin ánimo de lucro que presta este servicio. La federación está conformada por más de 3.000 familias, organizadas en 27 entidades, en las que trabajan alrededor de 700 profesionales y colaboran más de 300 voluntarios.

La Comunidad destina 4,5 millones de euros a financiar los 32 centros de Atención Temprana distribuidos por la Región, y regula la atención temprana como un servicio universal, público, gratuito dirigido a la población infantil de 0 a 6 años.

En contra del nuevo decreto regional de Atención Temprana, se ha creado una plataforma que alega que esta medida «menguará la calidad del servicio». Hasta ahora han logrado que se apruebe una moción en contra del decreto en los ayuntamientos de Águilas y Lorca, donde recibió incluso el apoyo del PP. La moción llegará también a los plenos municipales de Molina de Segura, Fortuna, Pliego y Mula.

La moción denuncia los trámites administrativos de acceso (que pueden durar 46 días). Así como un baremo que, dicen, «limita el acceso a los menores con discapacidad certificada por psicopedagogos de la Consejería de Educación y no por profesionales sanitarios». Además advierten del riesgo de derivar la atención a centros a cargo de asociaciones privadas, que exigen el pago de cuotas de afiliación, dejando fuera a las familias más humildes.

La Consejería ha manifestado su «desagrado» por estos movimientos y el PP culpa a Podemos de estar detrás. Recuerda que, en el caso lorquino, la aprobación fue fruto de «una simplificación notable del texto inicial» que solo llamaba a «continuar escuchando a los profesionales», algo que pretenden hacer -admiten-, ya que apuntan que, «de 66 alegaciones incluidas en el borrador, 35 procedían de profesionales».

El Gobierno regional afirma que el decreto ofrece valiosas ventajas, como la constitución de la Atención Temprana como un derecho reclamable jurídicamente. Defiende que la presencia de plazos es consecuencia de la oficialización del servicio y que los padres de los afectados podrán escoger el centro (sea público o privado, siempre que no tenga lista de espera), pues «primará la atención inmediata».

En este conflicto de intereses, la Consejería sostiene que el decreto es fruto de «la colaboración» entre los distintos colectivos, y se muestran «satisfechos». Desde la plataforma insisten que solo reclaman que los menores «sean atendidos desde el primer momento» y que el decreto obtenga «la amplia aprobación de profesionales y familiares». La próxima semana los representantes de la Consejería y la plataforma intentarán limar asperezas.

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