La Verdad

El 70% de afectados por el terremoto de 2011 aún no han vuelto a sus hogares

Uno de los edificios con la marca roja que significa que es un inmueble inseguro y no habitable.
Uno de los edificios con la marca roja que significa que es un inmueble inseguro y no habitable. / ANTONIO GIL / AGM
  • La Asamblea de Vecinos de Lorca Afectados por los Terremotos ha publicado un informe en el que indica que solo unas 400 de las 1.152 familias que se quedaron sin casa ha conseguido reconstruir su vivienda en estos cuatro años

El 70 por ciento de los vecinos de Lorca que perdieron su casa en un derribo como consecuencia de los terremotos del año 2011 no han regresado aún a sus hogares cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la catástrofe, mientras que el 30 por ciento restante ya vive en sus pisos una vez reconstruidos.

La Asamblea de Vecinos de Lorca Afectados por los Terremotos ha hecho público un "informe de situación" ante el cuarto aniversario de los seísmos, que se cumple el lunes, en el que indica que solo unas 400 de las 1.152 familias que se quedaron sin casa ha conseguido reconstruir su hogar en este periodo.

Según ese informe, los lorquinos que han podido reconstruir sus edificios derribados son "los que disponían de pólizas de seguros, que han recibido indemnizaciones justas y acordes con la situación", mientras que el 70 por ciento restante son "los que tenían infraseguros o que carecían de los mismos y que dependían de las ayudas públicas" para reedificar sus casas.

Para la plataforma de damnificados los retrasos en la aprobación de los expedientes de ayuda pública y la demora en el ingreso de las cantidades aprobadas ha provocado la "ralentización en el proceso de reconstrucción" del parque inmobiliario que resultó destruido.

Una parte de las 800 viviendas restantes están en algún punto del proceso de reconstrucción, pero "algunas de ellas siguen enredadas en litigios con el Consorcio de Compensación de Seguros", añade la asamblea en su informe, en el que cita los casos de las comunidades de propietarios de los edificios "Los Almendros", "Portugal", "Alameda Ramón y Cajal" y "Don Álvaro", algunos de ellos aún en pie.

Sobre estos casos el colectivo de damnificados reclama a la Administración que intervenga ante el Consorcio, organismo dependiente del Ministerio de Economía, y se facilite "una salida digna y adecuada para los vecinos".

El informe también hace alusión al caso particular de edificios ya reconstruidos -se cita al "Viña V"- en el que se entregarán las llaves solo a los propietarios que hayan satisfecho el importe íntegro de la vivienda y expone que algunos propietarios no han atendido el abono íntegro de las ayudas públicas a la reconstrucción.

En ese caso algunos propietarios cobraron la mitad de las ayudas a las que tenían derecho, pero desde hace seis meses se les adeuda la cuarta parte de la ayuda que debían haber percibido cuando la obra estuviera certificada al 75 por ciento.

Para la asamblea de afectados esta circunstancia es "incomprensible" ya que el Gobierno de Murcia dispone de un crédito ICO que le fue concedido en 2013 por 115 millones de euros destinado a pagar la mitad que le corresponde de los expedientes de ayuda pública regulados por Real Decreto que hayan sido resueltos de forma favorable.

Las ayudas públicas a los damnificados son la cuestión que más preocupación despierta en este colectivo, que también menciona que las que están relacionadas con los alquileres por necesidades de realojo suman una bolsa de impagos de siete millones de euros.

"Los afectados siguen pagando de sus bolsillos estos importes de alquiler e incluso hacen frente al pago de hipotecas de pisos que aún no han sido reconstruidos", expone la plataforma, que considera que esos retrasos inciden directamente en la ralentización de los procesos de reedificación de inmuebles.

También se han detectado problemas en el caso de los damnificados que perdieron sus casas y que eran usufructuarios, propietarios de segundas residencias y arrendatarios en precario, que quedaron fuera del régimen de ayudas públicas aprobado por las administraciones, ya que ninguno de los tres reales decretos aprobados en su día ni el reciente Plan de Estatal de Vivienda "ha conseguido dar solución a esas familias, que se han visto desamparadas" y que tampoco pueden asumir la reconstrucción.