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Miércoles, 18 de octubre 2017, 08:38
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El presidente de la Fundación Desarrollo de las Escuelas Cristianas, sociedad impulsora en Murcia del colegio San Antonio de Padua y de la guardería Jesús Niño, trató ayer de defender su inocencia. José S.B., que está acusado, junto a su esposa Rosalía D. H. y su hijo David S., de presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes y presentación de estado contable alterado, declaró ante la Audiencia Provincial. Negó que existiese una intención por parte de él y sus familiares de desviar el dinero del proyecto a otras sociedades con el fin de eludir el pago a sus acreedores. «No nos hemos llevado ni un euro», remarcó. «Se lo habrán llevado otros».
La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, solicita para cada uno de ellos siete años y medio de prisión. Este procedimiento parte de la demanda de la constructora Prehorman S.L., que llevó a cabo las obras del centro docente, y a la que la Fiscalía pide que abonen una deuda de 2,7 millones de euros.
Una red de sociedades
Esta familia, según sostiene el Ministerio Público, creó una serie de sociedades «con la finalidad de diluir las responsabilidades a las que su posterior actividad económico-empresarial pudiera dar lugar». Según subraya el fiscal, el objetivo inicial de la fundación era conseguir del Ayuntamiento de Murcia la cesión del derecho de superficie necesario para la construcción del citado colegio y guardería. Una vez obtenidos esos derechos, en 2006, la fundación, controlada por José, los cedió en usufructo durante 50 años a Globalis, una de esas sociedades constituida por el resto de la familia, «produciéndose una descapitalización de hecho de la fundación buscada de propósito». En este estado de cosas, en mayo de ese año, el principal acusado, en nombre de la fundación, contrató con Prehorman S.L. la construcción del colegio. El fiscal subraya que a la empresa no se le advirtió de que era Globalis y no la fundación la que dirigía la construcción del mismo. Poco después, esta se declaró en concurso de acreedores y le dejó la deuda.
La constructora está representada en el procedimiento por el letrado Javier Meseguer Barrionuevo, que ayer interrogó al principal procesado sobre los movimientos de dinero efectuados. «Las cuentas las habrán hecho los contables», espetó José S. «Yo no entiendo nada de eso».
José S., que está siendo defendido por el letrado Evaristo Llanos, explicó que decidió crear una fundación y no una empresa siguiendo el consejo de una concejal del Ayuntamiento de Murcia que le aseguró que así sería más fácil hacerse con la cesión del terreno.
Respecto a la deuda que mantiene con la constructora, el principal procesado negó que el dueño de la constructora desconociese que era con Globalis y no con la fundación con quien suscribía el contrato.
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