La conductora teletransportada

Es materialmente imposible que una persona esté en dos comunidades autónomas a la vez, por ello Lohitzune Pérez Martín sigue sin entender cómo estando su coche en un taller de Santurce (Vizcaya) le llegó una multa por saltarse un semáforo rojo que estaba a mil kilómetros de distancia. Concretamente, en Las Torres de Cotillas.

Cuando Lohitzune recibió la providencia no salía de su asombro, al comprobar que le instaban a pagar 200 euros de sanción, más 20 euros de recargo y cuatro euros por las costas de apremio. Además, como la infracción que le atribuyen está considerada grave le quitan cuatro puntos del carné de conducir.

«Esto es surrealista y tengo un mosqueo tremendo, nunca he estado en la Región de Murcia y ahora me toca regalar 200 euros al Ayuntamiento de una localidad que ni siquiera he visitado y en la que, por tanto, no he cometido ninguna infracción. Siento impotencia ante esta injusticia», asegura Lohitzune desde Vizcaya a 'La Verdad'.

La denuncia de la Policía Local torreña expone que esta mujer se saltó un semáforo en rojo en Las Torres de Cotillas, el 2 de enero de 2013. El marido de la conductora, Ramón Mejías, ironiza que «por circunstancias del tráfico, el buen agente ese día debió dejarse las gafas en casa, no le dio el alto a mi mujer, pero para nuestro asombro sí le dio tiempo a apuntar la matrícula. Habíamos pasado la Nochevieja con la familia en Santurce y el coche estaba ese día en el taller».

De hecho, el matrimonio le remitió al Consistorio torreño la factura del taller para demostrar que no se saltaron ningún semáforo en el municipio porque estaban en otra comunidad autónoma. «Le razonamos que al buen agente le debió bailar un número de la matrícula, porque era materialmente imposible que viese el coche de mi mujer ese día y a esa hora, en un lugar que no hemos tenido el placer de visitar aún».

Recurso fuera de plazo

Después de varias reclamaciones, Ramón lamenta que «no nos queda más remedio que pagar la multa, ya que, según la contestación a nuestros recursos, la palabra de un agente está por encima de la palabra de un ciudadano y de una factura de taller que demuestra que el coche estaba en esa fecha en una revisión».

Así lo entiende el Ayuntamiento en la notificación de la Secretaría Municipal sobre la propuesta de resolución dictada por el instructor del expediente sancionador. El día 2 de enero de 2013, Lohitzune Pérez Martín, a las 16.10 horas, «hacía uso en calidad de conductora por la avenida Destoup de Las Torres de Cotillas, del vehículo marca Opel Astra, con número de matrícula 2666-DXB, y no respetó la luz roja de un semáforo».

La infracción se tipifica como «grave» y añade que «dentro del plazo establecido por el inculpado, no se presentó escrito de descargo y alegaciones». Sin embargo, la conductora afectada asegura que sí lo presentó y tiene el resguardo de la compañía de seguros que se lo tramitó.

En defensa del agente

Pero el Ayuntamiento sostiene que «la denuncia del agente está revestida de presunción de veracidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y la Ley sobre Tráfico. El funcionario que denuncia un hecho es un testigo que lo ha presenciado y que merece la máxima credibilidad, en función de la objetividad y la preparación técnica que se le supone, máxime cuando la denuncia permite al encartado que formule las alegaciones y proponga la prueba que considera oportuna a fin de desvirtuar los hechos objeto de denuncia».

Ramón defiende con amargura que «los recursos los tramitó la aseguradora. Después de agotar los tres recursos administrativos, se empeñan en decir que mi mujer se saltó el semáforo. Les da igual que estuviéramos en Santurce y la factura del taller. No hemos estado en Murcia en la vida».