El juzgado dejó prescribir 6 delitos fiscales millonarios en el 'caso Ninette'

Informes de Hacienda de finales de 2009 y de 2010 alertaron de los fraudes de una constructora y un despacho de arquitectos, pero sus responsables no fueron imputados

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, que durante los últimos trece años ha dirigido la investigación de una supuesta trama de corrupción en Los Alcázares conocida como 'caso Ninette', dejó prescribir al menos seis delitos fiscales por importe de varios millones de euros, pese a que la Inspección de la Agencia Tributaria había alertado de la existencia de ese fraude en varios informes. La consecuencia es que los supuestos responsables, dos constructores y los administradores de un despacho de arquitectos de la comarca del Mar Menor, se quedarán sin castigo, tanto en lo que se refiere a las penas de prisión, que oscilan entre uno y cinco años por cada delito, como a las multas, que podrían ser de hasta seis veces la cuantía defraudada.

En un auto recientemente dictado, la actual titular de ese juzgado, Sara Oliver, advierte de que no le queda otro remedio que sobreseer la causa respecto de un buen número de supuestos delitos fiscales, que habrían sido cometidos por las empresas de la trama corrupta entre los años 2002 y 2006. Así, la magistrada menciona expresamente las sociedades Promociones y Construcciones Nárcega SL -propiedad de Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier-, con un posible fraude por Impuesto de Sociedades del año 2002; Garcerán Construcciones SL -de los mismos empresarios-, que habría incurrido en una supuesta defraudación por el Impuesto de Sociedades de 2002 y 2005 y del IVA del año 2005, y, por último, el despacho de arquitectos Gyps Fulvus SL, con presuntos fraudes por Impuesto de Sociedades en los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, además del IVA de los años 2003, 2005 y 2006.

La juez Oliver recuerda que el plazo legal de prescripción de estos delitos es de cinco años, por lo que solo cabe el archivo cuando la justicia no ha dirigido una imputación formal contra sus autores en ese periodo máximo. Así, a modo de ejemplo, para que un delito fiscal cometido en 2002 pueda prosperar, antes de 2007 tendría que dictarse «una resolución judicial motivada» en la que se le atribuya su presunta participación en esos hechos ilícitos.

Como tal circunstancia no se produjo respecto de los doce presuntos delitos fiscales mencionados anteriormente, el juzgado no ha tenido más remedio que proceder a su sobreseimiento.

Como justificación, la magistrada menciona el hecho de que los informes de Hacienda en los que se advirtió de la existencia de tales presuntos fraudes no llegaron al juzgado hasta finales de 2009 y principios de 2010 (concretamente, en diciembre de 2009 y febrero de 2010, según ha comprobado La Verdad).

Pero ese mismo argumento desvela, a la vez, que cuando la Agencia Tributaria alertó a la justicia varios de esos delitos todavía no estaban prescritos, por lo que el juzgado bien podría en ese fecha haber imputado a los presuntos defraudadores. En concreto, a finales de 2009 y principios de 2010 todavía no se había superado el plazo de prescripción de las presuntas defraudaciones de IVA y del Impuesto de Sociedades cometidas por Garcerán Construcciones SL en 2005, ni las del Impuesto de Sociedades y del IVA en 2005 y 2006 en que habría incurrido Gyps Fulvus.

Un órgano colapsado

La juez Sara Oliver nada menciona sobre las razones por las que la titular en aquella época no procedió a imputar esos posibles delitos fiscales a los administradores de Garcerán Construcciones -Valero y Francisco Javier Garcerán-, ni al administrador de Gyps Fulvus: Juan Ignacio Ayuso, aunque todo apunta a que quien realmente controlaba ese despacho arquitectónico era su hermano Mariano. La única explicación posible a ese 'despiste' hay que buscarla en el colapso que ese juzgado viene sufriendo desde hace años y en el continuo cambio de jueces -hasta siete, durante la instrucción del 'caso Ninette'- que ha sufrido.

Las cantidades presuntamente defraudadas y que ya no se recuperarán, como tampoco las elevadas multas que correspondería aplicar, ascienden a varios millones de euros. Baste señalar que solo el IVA del 2005 que habría defraudado Garcerán Construcciones se elevaba a 229.135 euros, mientras el Impuesto de Sucesiones no satisfecho ese año fue de 573.275 euros.

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