La Justicia avala que se obligue a los bancos a ofertar un alquiler social antes de un desahucio

Imágen de archivo de un desahucio en Murcia.
Imágen de archivo de un desahucio en Murcia. / Nacho García / AMG

El Tribunal Constitucional levanta el veto sobre ese aspecto de la reforma de la Ley de Vivienda, pero mantiene suspendidos otros dos artículos

LA VERDAD / EFECARTAGENA

El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado en parte la suspensión de la reforma de la Ley de Vivienda y del Estatuto de los Consumidores de la Región de Murcia, promovida por el PSOE y Podemos para atenuar los desahucios y proteger a los afectados por pobreza energética. Concretamente en su resolución el tribunal elimina el veto sobre el apartado 2 del artículo segundo. Este obliga a los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio y se fijan medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética.

El TC mantiene, por otra parte, la suspensión de dos apartados del artículo primero de la citada ley. Concretamente se trata de los puntos 10 y 11 del artículo 1, que establecen «mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento de personas físicas y de familias, por causas sobrevenidas, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual, mediante un procedimiento de mediación extrajudicial».

Levanta la suspensión
Artículo 2. Modificación de la Ley 4/1996, de 14 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, apartado 2
Obliga a los grandes tenedores de viviendas, caso de los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio y se fijan medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética.
Mantiene la suspensión
Artículo 1. Modificación de la ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región (apartados 10 y 11)
Establecen «mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento de personas físicas y de familias, por causas sobrevenidas, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual, mediante un procedimiento de mediación extrajudicial».

Esta ley, bendecida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia (PAH) e inspirada en la ley antidesahucios catalana, fue aprobada en mayo del pasado año por la Asamblea Regional con los votos a favor del PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP. Los diputados populares ya advirtieron en la sesión de que el texto podría ser inconstitucional al invadir competencias estatales.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo presentar el recurso por entender que varios preceptos de la ley murciana exceden las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga al Gobierno autonómico. La Comunidad alegó ante el Constitucional que la norma está fundamentada en su competencia en esta materia en los artículos 10.2 y 11.7 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Las dudas sobre la inconstitucionalidad de esta norma vienen de lejos. De hecho, PSOE y Podemos se vieron obligados a suavizarla tras las advertencias que en este sentido plantearon los servicios jurídicos de la Asamblea Regional, reparos que también arguyó el PP para justificar su abstención.

Exigen su puesta en marcha

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Murcia aplaudió ayer la decisión del Constitucional «que presupone que el recurso del Gobierno central al respecto decae, y dicha ley es plenamente vigente, salvo en lo que se mantiene suspendido». Tras conocer el fallo, la organización exigió al presidente regional, Fernando López Miras, que dé orden al consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, para que «inicie de inmediato los trámites para elaborar los reglamentos necesarios para que se pueda aplicar la ley vigente».

La diputada regional de Podemos María Giménez calificó la decisión del Constitucional de «paso crucial para la defensa y protección de los derechos sociales en la Región». Giménez exigió al Ejecutivo regional que «ponga en marcha la ley, con el desarrollo de los convenios que exige, ya que a quien perjudica la inoperancia del Gobierno regional es a todas aquellas familias que están esperando la entrada en vigor de la ley y que les permite seguir viviendo de una forma digna en sus casas».

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