La justicia archiva una querella por prevaricación contra el rector de la UMU

José Orihuela /LV
José Orihuela / LV

Un grupo de trabajadores de la Universidad acusaba a Orihuela de convocar sus plazas como «medida ejemplarizante», pero el juez no lo da por probado

LA VERDADMURCIA

El Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha dado carpetazo a la querella por prevaricación que cinco trabajadores de la Universidad de Murcia (UMU) presentaron contra el rector, José Orihuela. Según ha podido saber 'La Verdad', el titular del juzgado ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al no desprenderse de las diligencias «la existencia de infracción penal alguna».

En su querella, que fue admitida a trámite por el juzgado, los trabajadores acusaban a Orihuela de prevaricación por convocar un concurso para cubrir las plazas que ocupan. Una decisión que, a su entender, respondía a un «castigo por el legítimo ejercicio de sus derechos laborales».

El grupo de querellantes explicaba en su escrito que en los últimos años todos ellos demandaron a la UMU en la jurisdicción social para ver reconocidos sus derechos laborales. Ello, aseguraban, provocó que en el Consejo de Gobierno de julio de 2016 se aprobase la creación de las plazas de laboral que ellos ocupan. Una decisión que, sostenían, el rector denominó como «medidas ejemplarizantes».

El juez, en su resolución, sostiene que no ha quedado probado que esa convocatoria «obedeciera a un propósito ejemplarizante», sino que se acordó en cumplimiento de las sentencias laborales que se habían dictado en sus respectivos casos. Remarca que no puede considerarse «un acto jurídicamente injusto».

A tiempo completo

En su escrito, los demandantes sostuvieron que sus plazas son las primeras de empleo público de personal de administración y servicios creadas por la Universidad desde el año 2010 pese a que en la institución existen en la actualidad 250 interinos y otros laborales indefinidos no fijos cuyas plazas no han sido creadas ni convocadas.

Respecto al hecho de que se convocasen estas plazas en concreto y no otras, el rector explicó al instructor que optó por priorizar los puestos a tiempo completo y con un perfil más generalista. «El criterio discrecional adoptado no puede considerarse un acto prevaricador desde el punto de vista penal, pues (...) la convocatoria de las plazas se adopta por quien tiene la competencia, no carece de los elementos formales indispensables, ni comporta una contradicción patente e incuestionable con el ordenamiento jurídico». Contra esta resolución aún cabe recurso.

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