El juez tumba la querella de la UCAM contra funcionarios de Cultura

En un auto fechado el pasado lunes conocido hoy, archiva la demanda de los propietarios de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), contra esos funcionarios de la Consejería de Cultura por su supuesto bloqueo en la obtención de licencias para edificación de una zona deportiva y un aulario en la pedanía de Guadalupe, donde esa institución tiene su campus principal.

El auto destaca que se trata de un conflicto "jurídico técnico" e sin tipos penales, por lo que "la parte querellante puede acudir a la vía contencioso-administrativa contra las decisiones de Cultura o del Ayuntamiento de Murcia", cuya Concejalía de Urbanismo multó a la UCAM por el derribo ilegal de El Corralazo, bien catalogado.

Según resume el juez, para la UCAM los denunciados, entre ellos, la exdirectora general de Bienes Culturales, María Comas, y el jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel San Nicolás, "realizaron de manera grosera y deliberada actuaciones muy perjudiciales para la fundación, hasta el punto de venir a fijar en 15 millones de euros la posible responsabilidad civil".

"Se citan unas inversiones elevadas en los terrenos de casi 135.000 metros en base a unos derechos edificatorios que ahora no pueden ejercitar pasados varios años y ante un bloqueo que les impide la obtención de las pertinentes licencias", añade la querella inadmitida.

Se ha producido durante años, según plantea la querella de la UCAM, "una actuación conjunta y deliberada de esos funcionarios, primero por omisión y permisión en la caducidad de un expediente de 2009 y después con el expediente sancionador y medidas cautelares derivadas del derribo de El Corralazo" por el que Cultura ordenó la suspensión inmediata a la UCAM de las autorizaciones para construir.

En opinión de Castillejos, este relato es "endeble" "flaquea notablemente y no se sostiene" al ser "un plan insostenible que demuestra la creación puramente artificial de la querella".

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el mismo juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.