La juez suspende la declaración de Fuentes Zorita en la causa por la contaminación del Mar Menor

Fuentes Zorita, en una imagen de archivo./N. García / AGM
Fuentes Zorita, en una imagen de archivo. / N. García / AGM

La defensa del expresidente de la CHS había solicitado aplazar la comparecencia a fin de tener más tiempo para estudiar las diligencias realizadas hasta ahora

R. FERNÁNDEZ

Las declaraciones de los imputados por la contaminación del Mar Menor no arrancarán, en principio, hasta este martes, después de que la instructora suspendiera este lunes 'sine die' la comparecencia en sede judicial del expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita. Según indicaron fuentes próximas al caso, la defensa del ex alto cargo socialista, máximo responsable del organismo de cuenca entre 2004 y 2010, había solicitado el aplazamiento de la declaración a fin de tener más tiempo para conocer con mayor profundidad las diligencias realizadas hasta ahora.

Sí se mantiene, en principio, para mañana la comparecencia de la que fuera su sucesora en el cargo, Charo Quesada, a la que seguirán en jornadas sucesivas el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer (día 12), y los antiguos jefes de servicio de la CHS Manuel Enrique Ruiz Sánchez (día 13), Joaquín Ezcurra Cartagena y Blas Mirete Mompeán (día 17).

La Fiscalía Superior y la magistrada instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, señalan, indiciariamente, a todos los antiguos altos responsables de la CHS como implicados en el grave proceso de degradación ambiental sufrido por la laguna costera.

En tres piezas separadas

Con esta ronda de declaraciones, la juez Marín entra de lleno en la investigación por una de las tres piezas en que dividió la causa sobre la contaminación del Mar Menor y que podrían denominarse de la siguiente manera: 'caso Topillo I', centrada en las actuaciones presuntamente delictivas que se habrían desarrollado desde la Consejería de Agricultura y Agua; el 'caso Topillo II', basado en esclarecer los posibles delitos vinculados a la CHS, y una veintena de causas de menor entidad, correspondientes cada una de ellas a los agricultores y responsables de grandes explotaciones agrarias que habrían estado usando desaladoras ilegales para regar sus cultivos y vertiendo la salmuera y los desechos sobrantes a ramblas y pozos.

En virtud de esta división establecida por la instructora, las diligencias a practicar en los próximos días se corresponderían con la pieza 'Topillo II'. Tal y como reflejó en el auto por el que abrió formalmente estas diligencias, las supuestas actuaciones irregulares cometidas desde el organismo de cuenca consistirían en que las medidas de control, inspección y sanción adoptadas contra quienes en la práctica estaban contaminando el Mar Menor fueron «prácticamente nulas» hasta el año 2012. Y ello, advertía, a pesar de los múltiples y precisos datos que la CHS tenía «sobre la existencia de desalobradoras que vertían el sobrante o rechazo al Mar Menor o a los acuíferos».

Todo apunta, de esta forma, a que las tomas de declaración se centrarán en establecer si, desde la cúpula de la CHS y desde sus jefaturas de servicio, se habría hecho la «vista gorda» con las explotaciones que presuntamente estaban vertiendo salmuera a ramblas y a pozos, que finalmente acabaría en el Mar Menor, con las aparentes graves consecuencias ambientales ya conocidas.

Por lo que se refiere a la pieza 'Topillo I', el objetivo establecido «a priori» por la magistrada es determinar, igualmente, si se habría ejercido la obligada actuación de control sobre los agricultores que presuntamente realizaban tales vertidos a la laguna. Con el añadido, en el caso de este organismo de la Administración regional, de que habría llegado a otorgar subvenciones europeas a las mismas empresas agrarias que en apariencia estaban incumpliendo la normativa sobre nitratos.

Estas diligencias concretas se dirigen contra el exconsejero Antonio Cerdá; el ex secretario general de la Consejería, Francisco Moreno García, y los antiguos directores generales Ginés Vivancos Mateos, Joaquín Maestre Albert y Ángel García Lidón y los ex jefes de servicio Esteban Abad Salcedo y Francisco José González Zapater, quienes ya están formalmente imputados por presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.

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