La juez sigue la pista del dinero de 'M. Paraguas'

José Luis Martínez Pombo, dirigiéndose al juzgado para prestar declaración como imputado, el pasado noviembre./Edu Botella / AGM
José Luis Martínez Pombo, dirigiéndose al juzgado para prestar declaración como imputado, el pasado noviembre. / Edu Botella / AGM

La magistrada insiste con la comisión rogatoria que mandó a las autoridades helvéticas en 2016 para inmovilizar las cuentas del ingeniero, rechazada por razones formales. Envía a Suiza los indicios de que Martínez Pombo se enriqueció ilegalmente con el multimillonario fraude de la línea del AVE y pide colaboración para hallar los fondos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Frank y Manuela, eficaces empleados de la Union Bancaire Privé de Suiza, sabían perfectamente a qué atenerse -en aquellos años previos a 2015- cuando descolgaban el teléfono y escuchaban la clave 'Paraguas'. De haberlo querido averiguar, cuestión que nada les aportaba por otro lado, seguramente les habría resultado sencillo determinar la identidad real del cliente que había escogido esa tan curiosa contraseña que, inequívocamente, remitía a su origen español: José Luis Martínez Pombo.

No mucho más complicado les habría resultado establecer -bastaba con conectarse unos minutos a internet- que se trataba de un ingeniero albaceteño, que llegó a presidir la demarcación provincial del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y que ocupaba el cargo de jefe de Infraestructuras de Adif en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Levante.

Lo que no habrían imaginado entonces, y sí podrían conocer en la actualidad, es que Martínez Pombo, el misterioso 'Monsieur Paraguas', está considerado uno de los presuntos cerebros, por no decir el principal 'ingeniero', de una trama corrupta que habría permitido desviar una ingente cantidad de millones -al menos 17,6, aunque podrían ser muchos más- de las obras del AVE a la Región de Murcia. Una parte de los cuales, según los indicios recabados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia con motivo de las diligencias bautizadas como 'caso César', habrían sido presunta y pertinentemente desviadas hacia sus bolsillos, hasta el extremo de haberle permitido amasar un gran patrimonio inmobiliario y económico.

«Tan masivo desvío de fondos no habría podido llevarse a cabo sin el conocimiento y/o consentimiento de responsables de las firmas adjudicatarias y de Adif»

Y entonces se habrían explicado Frank y Manuel las supuestas razones por las que 'Monsieur Paraguas', no siendo desde luego uno de los más relevantes clientes de la entidad, se hubiera permitido sin embargo disponer de unos 423.000 euros en carteras de valores en la Union Bancaire Privé y en BSI, pese a no disfrutar en apariencia de más ingresos oficiales que los derivados de su sueldo como mando intermedio de Adif. Que por muy respetables que fueran tales retribuciones -lleva ya unos años jubilado-, de ningún modo explicarían, a juicio de la instructora, que en 2012 se hubiera acogido a la llamada regularización fiscal para hacer aflorar un patrimonio oculto de dos millones de euros.

Estos datos, y otros todavía más relevantes, constan en una providencia recientemente dictada por la magistrada Olga Reverte, en la que se resumen algunos indicios de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsedad documental de los que está acusado.

Con esta resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia insiste en la línea que ya emprendió en 2016, cuando ordenó una comisión rogatoria a Suiza con el propósito de tratar de hallar -y recuperar- los fondos supuestamente malversados de las arcas públicas que Martínez Pombo pudiera tener ocultos en las -al menos- cuatro cuentas helvéticas que se le han detectado. Los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil señalaron en sus primeros informes sobre la 'Operación César' que en esos depósitos guardaría un mínimo de un millón de euros.

En apariencia, la petición para lograr la colaboración de las autoridades suizas le fue devuelta meses atrás a la juez por razones formales -tan prosaicas como que la documentación no se les envió traducida-, por lo que ahora ha vuelto a poner negro sobre blanco todos los indicios recabados contra el exjefe de Infraestructuras de Adif para la línea del Levante, con la esperanza de que esta vez sí alcance los fines perseguidos.

«Presupuestos inflados»

La juez Olga Reverte comienza su relato recordando que fue Martínez Pombo quien en 2010 y 2012 suscribió sendos contratos con el entonces presidente del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, por el que dejaba en manos de ese organismo la reparación de la extensa red de acequias y azarbes afectadas por las obras del AVE a su paso por la Vega Baja. Adif, por su parte, se comprometía a abonar el coste de tales obras, que se tramitaba mediante la figura del 'expediente de gasto'.

Pues bien, señala la magistrada instructora que los presupuestos elaborados por la aparente trama que se montó en torno a esos trabajos estaban «presuntamente sobredimensionados e inflados». Tanto fue así que unas labores que habían sido presupuestadas en origen en 11,4 millones de euros acabaron costando 71,5 millones, con un sobrecoste de más de 60 millones. De ello, la juez Reverte considera que hasta el momento estaría acreditada la malversación de 17,6 millones.

Una parte de ese dinero salía por ventanilla de una sucursal bancaria de Santomera, mediante el cobro de cheques expedidos a nombre de sociedades fantasma por trabajos no realizados, y acababa en apariencia en manos del jefe de los servicios técnicos del Juzgado de Aguas, José Manuel Fernández Pujante, ingeniero y otra de las supuestas piezas clave de la trama.

Esta persona se habría encargado de entregar parte del dinero desviado a Martínez Pombo, mediante entregas en mano de abultados sobres de dinero, que presuntamente le acercaba a finales de cada semana hasta una finca que el mando intermedio de Adif posee en Cuenca.

Mucho dinero en metálico

Con tales antecedentes presuntos, no debe de extrañar que, en el momento de ser detenido, Martínez Pombo estuviera en posesión de grandes cantidades de dinero en metálico, algunas de ellas en divisas. Así, el sumario recoge que le fueron intervenidos 147.130 euros, 55.680 francos suizos, 44.987 dólares USA, 1.130 dólares canadienses, 180 rublos, 35 libras esterlinas y hasta 8 pesos argentinos.

Respecto de su patrimonio inmobiliario, se constató que era propietario de dos fincas y un dúplex en Toledo, dos pisos en Madrid, una vivienda en Águilas, la finca conquense ya mencionada...

En la resolución recientemente dictada, la juez Reverte destaca que parte de los capitales y bienes de ese encausado «figuran a nombre de sociedades y personas interpuestas -testaferros- con el fin de 'opacar' su titularidad real. Estos actos de desviación y ocultación del patrimonio, presuntamente adquirido con las posibles ganancias ilícitas derivadas de otros delitos, podrían ser constitutivas de blanqueo de capitales».

Entre las mercantiles que supuestamente Martínez Pombo controlaba desde la sombra figuran Benalake SL, Figestor SA, Fogaso SA y Transsimo Holding SA.

¿Conocían o consentían?

Al margen del 'rendimiento' personal que cada uno de los implicados pudo obtener de la millonaria malversación, es de destacar una consideración que la magistrada realiza en la providencia recientemente dictada. «Tan masivo desvío de fondos hasta el momento descubierto no hubiera podido llevarse a cabo sin el conocimiento/consentimiento de personas responsables tanto de las empresas principales adjudicatarias de las obras como de la propia Adif», indica.

Hasta el momento, hay una decena larga de antiguos altos cargos de la empresa pública que siguen imputados, desde un expresidente a varios ex directores generales. Que no todo el 'chaparrón' está descargando sobre 'M. Paraguas'.

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