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Viernes, 9 de febrero 2018, 10:59
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La juez Olga Reverte, instructora del 'caso César' que investiga un presunto fraude multimillonario en las obras del AVE en la Región, estrechó ayer el lazo contra las ocho constructoras a las que se encomendó abrir la línea de alta velocidad entre Crevillente y Murcia. Si el pasado noviembre ya las señaló como supuestas partícipes a título lucrativo de esa malversación, lo que llevó a meterlas en el proceso, en previsión de que tuvieran que correr en un futuro con las posibles responsabilidades civiles y subsidiarias del asunto, ahora acaba de dictar un auto por el que las eleva a la condición de «posibles autores/cooperadores necesarios de los delitos continuados de estafa y falsedad documental».
Formalmente, estas compañías -varias de las cuales figuran entre las más relevantes del país- pasan a estar investigadas como aparentes partícipes de la multimillonaria defraudación, lo que equivale a encontrarse imputadas como personas jurídicas (a partir de la última reforma legal, esta condición no es exclusiva de las personas físicas y se puede extender, como aquí ha ocurrido, a las mercantiles).
Las compañías directamente señaladas por el dedo acusador de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia son Acciona Infraestructuras SA y Construcciones Villegas, cuya UTE resultó adjudicataria de las obras del tramo Crevillente-San Isidro; Dragados SA, Construcciones Hormigones Martínez SA y Tecsa (UTE responsable del tramo San Isidro-Orihuela), Sacyr SAU y Neopul Sociedad de Estudios o Construcciones SA (tramo Orihuela-Colada de la Buena Vida), y Constructora San José, como beneficiaria del contrato de la línea de alta velocidad entre Colada de la Buena Vida y Murcia. Todas estas obras se adjudicaron por el ente público Adif entre los años 2008 y 2010.
Aunque fuentes próximas a la investigación indican que el volumen total del fraude en este tramo del AVE podría superar ampliamente los 60 millones de euros, en el caso concreto de estas ocho constructoras el montante presuntamente malversado podría rondar los 7,3 millones, según el análisis realizado por peritos sobre la documentación aportada por estas empresas y Adif (Administradora de Infraestructuras Ferroviarias). Esa cantidad constituye la diferencia existente entre lo que las ocho constructoras facturaron a Adif y los costes reales que han podido demostrar sobre las obras.
La juez Reverte destaca particularmente el caso de la Constructora San José, pues el desvío entre los costes demostrados (9.498.289 euros) y la cantidad facturada (12.875.503 euros) es nada menos que de 3,3 millones. Tampoco es anecdótica la diferencia entre los dos conceptos en el caso de Sacyr SAU y Neopul Sociedad de Estudios o Construcciones SA (tramo Orihuela-Colada de la Buena Vida), pues se eleva a casi tres millones.
Menores desvíos se producen en las facturaciones realizadas por Dragados SA, Construcciones Hormigones Martínez SA y Tecsa (UTE del tramo San Isidro-Orihuela), con 730.385 euros, y por Acciona Infraestructuras SA y Construcciones Villegas (UTE del tramo Crevillente-San Isidro), con 219.838 euros.
La instructora deja además constancia en su resolución de que si esas cantidades se enfrentan además a la facturación que realizó la empresa subcontratista Obras Marimar, y que fue la que sirvió para que a su vez las constructoras cargaran los gastos a Adif, las desviaciones llegan, en algunos casos, al 57%. Y las cantidades globales presuntamente malversadas superan con mucho los 22 millones de euros.
Para más 'inri', la documentación oficial examinada por los peritos desvela que los trabajos de reposición de infraestructuras hidráulicas en la Vega Baja del Segura -como acequias y azarbes-, que son los que en buena medida soportaron el multimillonario fraude, «no estaban acabados en el momento en que se expidieron las correspondientes actas de finalización de los trabajos o, en el caso de la UTE San Isidro-Orihuela, en el momento en que se firmó el acta de conformidad».
Por todas estas razones, la instructora ve justificado elevar los cargos contra las constructoras, que ya están formalmente señaladas por presuntos delitos de estafa y falsedad.
Luis María Pérez Fábregat, ex director general de Grandes Proyectos de Adif entre los años 2010 y 2012, ya sabe lo que es prestar declaración en el 'caso César' -lo hizo el pasado diciembre- y en breve deberá volver a hacerlo. Pero la diferencia va a ser muy sustancial. Tanto como lo es pasar de testigo en unas diligencias a adquirir la condición de investigado o imputado, como se le denominaba hasta hace poco. Este cambio a peor tiene su origen en un informe redactado hace unos días por la fiscal anticorrupción Sandra María Fagil, quien puso de relieve que las declaraciones de testigos e imputados, pero sobre todo «las trascendentales conclusiones» a las que ha llegado una auditoría encargada por Adif, ponen de relieve «su incuestionada participación activa en la suscripción de resoluciones y su responsabilidad en atención al cargo desempeñado», por lo que consideraba que, «sin la mayor demora», debía pasar a estar formalmente investigado por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La petición ha sido estimada por la juez Olga Reverte, que ha procedido a imputarlo en las diligencias del 'caso César'. En otro auto, la instructora también ha decidido «traer al proceso», como posibles responsables civiles subsidiarias, a cuatro empresas de asistencia y control de obras, que fueron contratadas por Adif precisamente para evitar irregularidades en el tramo del AVE a la Región y que en apariencia no lo consiguieron: GPO Group, Intemac Payma, Gestinsa Ingeniería y Sondeos, Estructuras y Geotécnica.
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