Un juez investiga al alcalde de Fortuna por presunta prevaricación y falsedad

El alcalde José Enrique Gil, en su toma de posesión. / Nacho García

El PP acusa al socialista de emitir un documento falso para certificar que el Consistorio había subsanado los graves defectos de la instalación eléctrica de un colegio

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Los sillones de las alcaldías siguen teniendo efectos perniciosos en la 'salud judicial' de los políticos murcianos, sean del signo que sean. El primer edil de Fortuna, el socialista José Enrique Gil Carrillo, ha sido citado en calidad de investigado/imputado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cieza, Silvia Durán, para que preste declaración por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

Las diligencias judiciales tienen su origen en una querella interpuesta por el abogado José Antonio Izquierdo, en representación de los seis concejales del PP en esa localidad, que sostienen que el alcalde Gil Carrillo emitió un documento inveraz, el pasado febrero, para certificar que se habían subsanado por parte del Ayuntamiento las graves deficiencias detectadas en la instalación eléctrica del colegio público Vicente Alexandre.

Los hechos que están siendo objeto de investigación se remontan al 5 de noviembre de 2015, cuando la empresa Inspecciones del Sureste SL efectuó una revisión en varias instalaciones municipales y detectó nada menos que 33 defectos graves en el mencionado centro educativo, además de otros tres, igualmente graves, en la guardería municipal.

Una empresa efectuó una inspección y detectó 33 deficiencias graves en el centro educativo y otras tres en la guardería

Como consecuencia de tales deficiencias, el informe emitido por la compañía fue «desfavorable», lo que obligaba al Consistorio a corregir lo antes posible esos defectos y, en cualquier caso, antes de seis meses. En caso de que no se hiciera de esa forma, la calificación pasaría de convertirse en «negativa», lo cual implicaría que la instalación eléctrica tendría que dejarse fuera de servicio.

Siempre según la querella del PP, en enero de 2016 el ingeniero que asesoraba al Ayuntamiento advirtió de las conclusiones de ese informe y de los riesgos que entrañaba la no subsanación de las anomalías, alertando incluso de que las mismas podían «afectar a la seguridad de las personas». Y en mayo de 2016 habría vuelto a emitir un nuevo informe, señalando que «la no subsanación de las deficiencias puede suponer desde sanciones económicas hasta el corte de suministro eléctrico a los edificios afectados».

Pues bien, pese a tales advertencias, el Consistorio no habría reparado los defectos existentes en el colegio Vicente Alexandre, lo que motivó que la empresa inspectora emitiera en junio de 2016 un nuevo informe, ya con resultado «negativo», dirigido a la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma.

A su vez, Iberdrola hizo constar que el consumo que el centro escolar estaba realizando superaba con mucho la potencia contratada, por lo que iba a proceder a instalar un limitador en el contador. Una circunstancia que implicaba que el colegio se quedaría sin suministro cada vez que se superara el límite.

Traslado de la advertencia

Dicha advertencia habría sido trasladada en octubre de 2016 al alcalde Gil, quien -con la supuesta intención de evitar la instalación del limitador- presentó ante la Dirección General de Energía una declaración responsable, en la que aseguraba que se había procedido a modificar la instalación eléctrica del centro educativo para ampliar su potencia. No solo tal dato sería falso, según la querella del PP, sino que también lo era que la reforma la hubiera realizado la empresa Montajes Eléctricos Electrisur SL; como aseguraba, y que se hubiera hecho conforme a un proyecto de un ingeniero técnico industrial.

Los hechos, por los que ahora la juez ha procedido a imputar al alcalde, serían constitutivos de dos delitos de prevaricación y uno de falsedad documental.

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