La juez del fraude del AVE enfila a la Comunidad de Regantes San Felipe Neri

Cita a declarar como imputados al presidente Emiliano Riquelme y al secretario, José Luis García Salcedo

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZMurcia

El 'caso César', la investigación judicial con la que se pretende esclarecer un fraude multimillonario en las obras del AVE a la Región de Murcia, tuvo su punto de partida en las presuntas actividades ilícitas que se habrían desarrollado desde el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO), vinculadas a la reposición de acequias y azarbes afectadas por el trazado de la alta velocidad. Esos trabajos de restitución de las infraestructuras hidráulicas habrían servido para desviar cantidades ingentes de dinero, bien inflando los costes reales o facturando por obras no realizadas, que fueron cargadas a los fondos públicos de Adif.

Pues bien, después de tres años de gestiones por parte de agentes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia acaba de extender la exigencia de posibles responsabilidades penales a la cúpula de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri (CRSFN), ubicada en la Vega Baja del Segura. En un auto dictado hace apenas unos días, la instructora cita en calidad de investigados -antes imputados- al presidente de esa institución, Emiliano Riquelme Pacheco, y al secretario, José Luis García Salcedo. También pide que se identifique y comparezca a declarar, aunque en calidad de testigo, la persona que fue presidente de la CRSFN entre los años 2007 y 2009.

Informes elaborados por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil apuntan a que los presuntos miembros de la trama corrupta, que se sospecha que llegaron a desviar decenas de millones de euros, sufragaron la construcción de una nueva sede para la mencionada comunidad de regantes, por un importe de unos 360.000 euros. Pero no se habrían quedado ahí, ya que incluso habrían corrido con los gastos de mobiliario y del resto del acondicionamiento del edificio, por cuantía de 50.000 euros.

Los investigadores consideran que la construcción de ese inmueble fue una especie de regalo de los presuntos saqueadores de los fondos públicos, al haber permitido la CRSFN que fuera una empresa designada por estos la que se encargara de la reposición de acequias y azarbes en su territorio. Una circunstancia que, de confirmarse, les habría permitido seguir supuestamente saqueando las arcas de Adif.

En los próximos días también deberán prestar declaración como testigos un total de 25 personas que, por una razones u otras, tuvieron contacto profesional con los principales implicados en estas diligencias.

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