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José Enrique Gil Garrido. LV
La juez exculpa al alcalde de Fortuna de haber falseado un certificado

La juez exculpa al alcalde de Fortuna de haber falseado un certificado

La instructora rechaza las imputaciones de los concejales del PP, que acusaban al primer edil de supuestos delitos de prevaricación y falsedad

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Viernes, 20 de octubre 2017, 03:30

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Apertura de diligencias, toma de declaración al sospechoso y, una vez constatado que los indicios de delito no se confirman, carpetazo inmediato. Tal es la diligencia con la que ha actuado la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cieza, Silvia Durán Alonso, quien después de interrogar al alcalde de Fortuna, el socialista José Enrique Gil Garrido, apenas ha tardado cuatro días en archivar las diligencias que ella misma abrió en respuesta a una querella presentada por los concejales del PP. Estos habían denunciado la supuesta falsedad cometida por el primer edil en un documento con el que certificó la reforma de la instalación eléctrica en un colegio de la localidad, sobre el que pesaba la amenaza de quedarse sin fluido eléctrico. Igualmente le atribuyeron un delito de prevaricación.

Una vez que el alcalde Gil Garrido ofreció explicaciones el pasado lunes y presentó en el juzgado diversa documentación, la magistrada ha llegado a la conclusión de que no incurrió en hecho delictivo alguno. Así, sobre la presunta falsedad señala que no existió tal, ya que en el documento se limitó a señalar el «presupuesto» que se iba a invertir en la reforma de esa instalación, así como a señalar la potencia «instalada o prevista» que iba a tener. Algo que, en opinión de la juez, demuestra que no estaba asegurando que la reforma se hubiera acometido ya, sino que estaba en proyecto.

También deja constancia de que las obras se acometieron este mismo verano, al término de las clases, «por lo que no se entiende que haya falsedad en la declaración».

Por lo que se refiere al incremento de potencia en el colegio público, la instructora tampoco aprecia indicio alguno de prevaricación. Así, recuerda que se anunció «la decisión de Iberdrola de instalar un limitador de potencia, ya que la contratada era inferior a la necesaria, lo que daría lugar a que saltara el automático cada dos por tres, perjudicando el desarrollo de las actividades del mismo». De esa forma, «lo lógico era contratar con la distribuidora una potencia superior para adecuar el contrato al consumo que se venía efectuando», por lo que no puede concluirse en modo alguno que la decisión del alcalde fuera «ni arbitraria ni injusta».

De ahí que haya dictado un auto ordenando el sobreseimiento de las diligencias.

En su declaración en el juzgado, Gil Garrido atribuyó la denuncia a una venganza del ingeniero que asesoraba al Ayuntamiento, debido a que no renovó su contrato.

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