El jefe de la Policía de Aguas de la CHS también carga la culpa al excomisario

El excomisario Aldeguer./
El excomisario Aldeguer.

José Manuel Enrique dice que la orden para perseguir las desaladoras ilegales que dañaban el Mar Menor debía partir de su superior jerárquico

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer pidió el pasado jueves que se aplazara su declaración como imputado en las diligencias sobre la contaminación del Mar Menor, aduciendo que ni él ni su abogado habían tenido tiempo suficiente para preparar su comparecencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, que instruye el llamado 'caso Topillo', accedió a la petición, sin que hasta el momento se conozca cuándo será citado de nuevo a ofrecer explicaciones.

Lo que sí se sabe es que el trabajo para preparar su declaración se le está acumulando, pues a las manifestaciones del martes de la expresidenta de la CHS, Rosario Quesada, que dejaban en una situación muy delicada a Aldeguer, se sumaron ayer para peor las de quien fue su jefe de la Policía de Aguas y directo subordinado suyo, José Manuel Enrique Ruiz.

Con esta comparecencia, el excomisario de Aguas se ha visto atrapado en una pinza: con imputaciones que le llegan desde la que fue su superiora, quien le achacó toda la responsabilidad a la hora de perseguir y sancionar a los agricultores por la instalación ilegal de desalinizadoras y por arrojar los sobrantes a ramblas y pozos, y desde el que fue su directo subordinado, que ayer sostuvo exactamente ese mismo argumento.

Admitió que no tenía constancia de que antes de 2012 se hubiera tomado medida alguna

«La labor inspectora y de dirección de la Guardería Fluvial recae directamente en el comisario», aseguró en reiteradas ocasiones José Manuel Enrique, advirtiendo seguidamente de que su trabajo no iba más allá que el de ejercer de correa de transmisión de sus órdenes. «Yo solo hacía labores de apoyo o intendencia», aseguró.

En esa función de 'rueda de transmisión' también actuaba en sentido opuesto, dirigiendo hacia el departamento correspondiente, para la apertura de expedientes o para su archivo, los alrededor de 3.000 documentos que cada año podían generar los funcionarios de la Guardería Fluvial y los agentes medioambientales. «Ese flujo de documentación era el que yo gestionaba», aseguró. «Pero en esa gestión, ni mi servicio ni yo iniciamos expedientes sancionadores, ni los tramitamos, ni los resolvemos».

Por la tangente

El investigado negó haber tenido conocimiento de que, en el año 2008, Coag hubiera facilitado a la CHS un listado de desaladoras irregulares del Campo de Cartagena, geolocalizadas y catalogadas, con el fin de que se buscara una solución a este problema. «Eso en mi departamento no se tramita», dijo. Y directamente se salió por la tangente cuando la juez Marín le interpeló acerca de su conocimiento concreto sobre las desalobradoras ilegales, primero, y seguidamente «sobre la grave situación de contaminación del Mar Menor, fundamentalmente por los vertidos de nitratos procedentes de la agricultura».

Frente a estas preguntas, José Manuel Enrique se limitó a señalar que «mi conocimiento se deriva de las actas de denuncia que llegaban al organismo y que se dirigían al departamento correspondiente». O sea, que no aclaró si sabía mucho o poco, ni desde cuándo lo sabía.

La cuestión más concreta y más comprometedora que le lanzó la magistrada fue si se había tomado alguna medida «desde su servicio de Policía de Aguas para paliar la contaminación que estaba sufriendo el Mar Menor a causa de los vertidos de la agricultura». El imputado aseguró que «eso requiere de una vigilancia efectiva del personal de campo o de órdenes específicas de la Comisaría de Aguas».

Ya a preguntas del fiscal Miguel de Mata, aclaró que la campaña de actuaciones contra las desalobradoras ilegales arrancó en 2012 y finalizó con el precinto de muchas de estas instalaciones en 2016. Hasta ese momento, admitió, no recuerda que se hubiera hecho nada.

Sí dejó constancia de que en esa labor de sellado de las desalinizadoras clandestinas participó personalmente, por órdenes directas del comisario de Aguas, y que fue un trabajo «muy difícil por la oposición manifiesta de los regantes». Hasta el extremo de que hubo que presentar doce o catorce denuncias contra los agricultores.

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