Invocan la 'doctrina Botín' en la vista por estafa de la Fundación Escuelas Cristianas

Los tres acusados, en la vista celebrada en la Audiencia. / Nacho García / AGM

La Audiencia Provincial decide hoy si deja fuera este delito en el juicio que se sigue por la construcción del colegio San Antonio de Padua

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Fue tal el bombardeo de cuestiones previas que plantearon ayer la acusación particular y la defensa en la Audiencia Provincial, que el plato fuerte del juicio por la construcción del colegio San Antonio de Padua, que era escuchar a los imputados y responsables de la Fundación Desarrollo de Escuelas Cristianas, quedó pospuesto para hoy. La sesión será crucial para el resultado final de la vista oral, ya que se resolverá la petición planteada por los letrados de la defensa, Evaristo Llanos y Paco Serna, quienes, aferrándose a la 'doctrina Botín', reclamaron a la Sala la «desestimación» de los delitos de estafa procesal que se imputan a sus clientes.

Para los acusados, los tres miembros de una familia cartagenera - J.S., R.D.H. y D.S.-, la Fiscalía pide penas individuales que suman siete años y seis meses por los presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes y presentación de estado contable alterado en proceso concursal. También solicita una indemnización de 2,5 millones de euros para Prehorman por la construcción del citado colegio en el barrio de La Flota, al considerar que supuestamente constituyeron una serie de sociedades pantalla «con la finalidad de diluir las responsabilidades a las que su posterior actividad económico-empresarial pudiera dar lugar». De hecho, Prehorman facturó la construcción del centro a la citada fundación, «desconociendo que la obligada a pagar era Globalis». A esa sociedad, en la que figuran dos de los acusados, se le cedió el usofructo del colegio y la guardería. El resultado final fue que el dueño de la constructora, Francisco Hernández, acabó arruinado al sufrir impagos de una obra que avaló con su patrimonio.

Los abogados de la defensa, Evaristo Llanos y Paco Serna, reclamaron ayer a la Sala la «desestimación» de los delitos de estafa procesal que se le imputan a la familia, argumentando que se debía aplicar la 'doctrina Botín'. «Toda la instrucción se ha realizado sin tener en cuenta esos delitos de estafa y el fiscal no concretó la acusación». Por todo ello, aseguraron que mantener tales cargos «afectaría al derecho de defensa de nuestros clientes».

La acusación se opone porque fue la propia Sala la que emitió un auto pidiendo ampliar la investigación

Los abogados de la acusación, Javier Meseguer y José Luis Pretel, se opusieron aferrándose a que la Audiencia Provincial, el 10 de junio de 2016, en su auto de procedimiento abreviado, «pidió ampliar la investigación» al delito de estafa, entre otros, «y el instructor así lo corroboró. Esto no es una cuestión de la 'doctrina Botín'». La Sección Segunda se pronunciará hoy sobre esta petición de la defensa, que podría rebajar en tres años la petición de penas a las que se enfrentan los acusados.

El tándem Llanos y Serna también reclamó «la prescripción» del delito de presentación de estado contable alterado en proceso concursal. Tal petición la apoyaron en el hecho de que «las cuentas fueron presentadas por nuestros clientes en septiembre de 2008 y la querella de la acusación particular se presentó en noviembre de 2012, cuando ya había prescrito (el plazo es de tres años)».

La dupla de la acusación se opuso a tal argumento. «No puede haber prescripción porque todo ha sido un plan preconcebido y continuado: crear empresas pantalla para sustraer el legítimo pago a sus acreedores». El magistrado avanzó que esta cuestión se resolverá en la sentencia. El constructor Francisco Hernández, a la sazón el principal impulsor de las diligencias, pasó ayer toda la mañana en los pasillos de la Audiencia Provincial esperando a que le llamasen para relatar a la Sala cuál es su situación desde que aceptó construir el colegio en 2006. «Estos años han sido insoportables, con ansiedad e impotencia. Tengo embargadas todas mis propiedades por un banco».

Los abogados Meseguer y Pretel aportaron en la vista los procesos de ejecución hipotecaria que pesan contra dos locales comerciales, una casa de la playa y el domicilio particular del constructor. «Ese colegio es el proyecto más grande que he hecho; me costó una deuda de 2,5 millones».

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