Interrogan al expresidente de Adif por el desvío millonario de los fondos del AVE

El expresidente de Adif, Gonzalo Ferre, en el centro, junto a su abogado y otro acompañante, tras prestar declaración el jueves en la Comandancia. / Edu Botella / AGM

Benemérita y Aduanas imputan a 8 ex altos cargos y directores de obras por sospechar que echaron tierra sobre el saqueo en la alta velocidad a Murcia

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZMurcia

Elegante, aunque con ese punto informal que confiere prescindir de la corbata y llevar abierto un botón de más en la camisa, y con el gesto preocupado y severo de quien acaba de pasar por un difícil trago, Gonzalo Ferre, alicantino de 63 años de edad, expresidente de Adif y una referencia obligada en el mundo de la economía y la administración pública en España, abandonaba este jueves a mediodía la 322 Comandancia de la Guardia Civil en Murcia. Un grupo de agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Benemérita y de funcionarios de Vigilancia Aduanera, dependientes de la Agencia Tributaria, acababan de interrogarle acerca de su grado de conocimiento del multimillonario desvío de fondos que, en apariencia y a lo largo de varios años, se llevó a cabo en las obras de la línea del AVE entre Crevillente y Murcia. Y sobre las acciones que habría emprendido, o mejor, que presuntamente habría dejado de adoptar, para atajar el saqueo e impulsar la depuración de responsabilidades administrativas y penales.

Gonzalo Ferre Moltó es, según la documentación que obra en poder de 'La Verdad', el más alto responsable de la antigua cúpula deAdif investigado en las diligencias 1007/2005 del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, que trata de esclarecer la presunta malversación de unos 60 millones de euros de las arcas públicas, con los que se habrían enriquecido constructores, antiguos dirigentes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO), ingenieros y altos responsables de la sociedad estatal que impulsa las infraestructuras ferroviarias en España.

A lo largo de las últimas semanas, los especialistas de la Guardia Civil y de Aduanas han tomado declaración, en calidad de investigados -antes imputados- al menos a ocho integrantes de la anterior cúpula de Adif y directores de obra en los tramos del Levante español, entre los que destacan los ex directores generales Antonio Gutiérrez Blanco y Javier Gallego López (Explotación y Construcción) y Raúl Correas García (jefe del Área de Infraestructuras), además de los máximos responsables de las obras en diferentes tramos, Francisco Rodríguez Montón, Andrés Celestino Rodríguez Martín, Arturo Pastor García y Juan Pedro Ruiz Hernández.

Gutiérrez Blanco: «A mí solo me podía dar instrucciones al respecto Gonzalo Ferre»

Fuentes próximas a la investigación refieren además otra serie de nuevas imputaciones en la antigua dirección de Adif, aunque los nombres y los cargos no han trascendido.

La circunstancia que ha llevado a investigar a buena parte de la anterior dirección de la sociedad estatal es la revelación, en diciembre pasado, de que una de las empresas externas contratadas para fiscalizar las obras del AVE a Murcia, GPO Ingeniería SA., había redactado un informe, ya en 2013, en el que ya se alertaba de la aparente malversación de fondos públicos con motivo de la reparación y reposición de acequias y otras infraestructuras hidráulicas afectadas por la construcción del AVE en la Vega Baja. El convenio suscrito entre el Juzgado de Aguas de Orihuela, que se encargaba de realizar esas obras, y Adif, que acababa pagándolas, habría permitido montar una trama delictiva que se dedicaba supuestamente a hinchar el coste de los trabajos y a facturar por otros que ni siquiera se habían realizado.

Pues bien, en ese informe de GPO Ingeniería se hablaba ya de partidas infladas por hasta ocho millones de euros y obras que no se habían llegado a ejecutar por más de seis millones, además de otras irregularidades, hasta sumar más de 17 millones malversados. Unas cantidades que, pese a su evidente falsedad, habían sido facturadas a Adif y abonadas con cargo a las arcas públicas.

Según declaró un directivo de esa firma, lo primero que se hizo en su día fue «entregar una copia al jefe de Infraestructuras II de Adif, Raúl Correas García». Dos meses más tarde, el ingeniero que hizo el informe se reunió con el recién nombrado director de Obra de Adif, Juan Pedro Ruiz Hernández, «a quien informó verbalmente del informe y de su contenido, indicándole que en las oficinas estaba a su disposición una copia».

No parece que nadie volviera a interesarse por esas irregularidades a lo largo de más de un año, hasta que en noviembre de 2014 se procedió a informar personalmente al director de Proyectos y Construcción de Adif, Javier Gallego. «Nos pidió que le acompañáramos inmediatamente a ver al director general de Adif, Antonio Gutiérrez Blanco», contó el consejero delegado de GPO Ingeniería.

El máximo responsable de Proyectos e Infraestructuras pareció mostrar gran interés y pidió una copia en papel de ese informe, que el 11 de noviembre le fue entregado en mano a Javier Gallego para que se lo hicierra llegar a su jefe.

Días después cesó en su cargo Antonio Gutiérrez y le sustituyó Javier Gallego como director general, aunque en apariencia la postura de Adif no varió, ya que ni las fuerzas de seguridad ni los juzgados recibieron denuncia alguna al respecto.

Los cuatro supuestos conocedores del informe que desvelaba las irregularidades en las obras del AVE, Raúl Correas, Juan Pedro Ruiz Hernández, Javier Gallego y Antonio Gutiérrez Blanco, ya han sido citados como investigados y han tenido que comparecer ante la Guardia Civil y Aduanas.

El primero, Correas, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores. El segundo, Ruiz Hernández, negó haber tenido cualquier conocimiento del citado informe y de las irregularidades en las obras. El tercero, Gallego, admitió haber recibido el documento, pero sostuvo que su jefe, Gutiérrez Blanco, tras consultar por arriba, le ordenó «que no investigara ni realizara ninguna actuación para no interferir en una investigación judicial» que supuestamente estaba abierta. No supo concretar, sin embargo, de qué investigación judicial hablaba -el actual procedimiento es posterior a esos hechos, ya que se inició en 2015- y solo pudo referirse a un requerimiento efectuado por la Agencia Tributaria.

Mucho más reveladora resultó la declaración del ex director general, el mencionado Gutiérrez Blanco, quien el 5 de junio pasado compareció en la Comandancia de Murcia y aseguró que habló del asunto con sus superiores y que estos le ordenaron no hacer nada, con el mismo argumento de que había una investigación judicial en marcha (que tampoco pudo concretar).

Aunque eludió señalar con rotundidad a quien o quienes le instaron a no actuar frente a las irregularidades detectadas, ya que dijo no recordarlo bien, citó como probables interlocutores al entonces presidente de Adif, Gonzalo Ferre -«lo lógico es que le informara», admitió-, y a la secretaria general de la sociedad ferroviaria, Alicia Portas. También sostuvo que probablemente lo comentara con su jefa de gabinete, Violeta González, y con el gerente de la línea Monforte-Murcia, Juan Tébar. Interrogado nuevamente sobre quién le dio las órdenes, acabó afirmando que «a mí solo me podía dar instrucciones al respecto el presidente, Gonzalo Ferre, y recomendaciones, Alicia Portas».

Fruto de ello, Gonzalo Ferre se vio obligado este jueves a dar explicaciones ante aduaneros y guardias civiles. El contenido de sus declaraciones no ha trascendido.

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