Imputan a Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias en 'Pasarelas'

Pedro Antonio Sánchez. /Javier Carrión / AGM
Pedro Antonio Sánchez. / Javier Carrión / AGM

El juez de Lorca cita al expresidente murciano el 2 de febrero para que explique por qué otorgó contratos sin convocatoria pública

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Prevaricación y tráfico de influencias. Estos son los dos nuevos cargos delictivos que pesan sobre el expresidente del Gobierno regional Pedro Antonio Sánchez, como consecuencia de la reapertura del denominado ‘caso Pasarelas’. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente Espinosa, acaba de dictar una resolución por la que cita a Sánchez a comparecer, en calidad de investigado, por esos dos presuntos delitos, el próximo día 2 de febrero. Junto a él deberá acudir el arquitecto Martín Lejarraga, también como investigado, por su condición de beneficiario de unos contratos que presuntamente le fueron otorgados sin salir a convocatoria pública.

El juez Morente ha tomado esta decisión después de que el mes pasado la Audiencia Provincial obligara a reabrir el ‘caso Pasarelas’, al considerar que el hecho de que no se hubiera declarado la complejidad de la investigación en el plazo legal de seis meses no era causa suficiente como para decretar el archivo de las actuaciones.

En base a esa resolución, el magistrado considera que se hace necesario investigar si se cumplió la legalidad en «diferentes contratos entre el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y Martín Lejarraga para la realización de obras y actuaciones de acondicionamiento de espacios públicos, pasarelas y áreas urbanas adyacentes a la Rambla de Nogalte».

Los trabajos adjudicados a este profesional supusieron el pago de 54.400 euros, que en apariencia se abonaron de manera fraccionada. De ahí que el instructor advierta de que es imprescindible establecer si «ese fraccionamiento obedeció a causas técnicas o legales, o si bien se hizo con la finalidad de eludir las disposiciones de la legislación de contratos en el sector público, evitando de ese modo sistemas de contratación que podrían haber obligado a acudir a procedimientos con concurrencia de ofertas».

El magistrado insta al Ayuntamiento lumbrerense a remitirle un listado con los nombres de todos los concejales del equipo de gobierno en los años 2006, 2007 y 2008, para llamarlos a declarar como testigos, y a enviarle toda la documentación existente sobre esos contratos de obras en la zona de la Rambla de Nogalte.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos