Imputan al alcalde de Alcantarilla y a su antecesor por tener 10 años a una firma sin contrato

Joaquín Buendía, a la izquierda, al tomar posesión como alcalde, recibiendo la felicitación de Lázaro Mellado./Javier Carrión / AGM
Joaquín Buendía, a la izquierda, al tomar posesión como alcalde, recibiendo la felicitación de Lázaro Mellado. / Javier Carrión / AGM

El Gobierno regional alertó de que esa ilegalidad era injustificable, a lo que se suma ahora el presunto fraccionamiento de pagos para burlar la norma

RICARDO FERNÁNDEZ y JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Los problemas judiciales para el exalcalde de Alcantarilla por el PP, Lázaro Mellado, no parecen haber acabado con su salida del cargo. El antiguo regidor acaba de ser imputado -investigado- por presunta prevaricación por un juzgado de Murcia, quien también dirige la investigación contra su sucesor, el también popular Joaquín Buendía Gómez. La resolución judicial tiene su origen en una querella interpuesta por el PSOE de esa localidad, que acaba de dar origen a la apertura de unas diligencias previas por ese presunto delito contra la Administración pública.

Los dos políticos, que han regido la localidad de Alcantarilla desde hace dos décadas, fueron denunciados meses atrás como presuntos responsables de haber mantenido de forma presuntamente ilegal, a conciencia de ello y a lo largo de más de diez años, un contrato con una empresa que se encarga de la limpieza, mantenimiento y control de accesos -porteros- en los centros educativos de la localidad.

Los hechos que acaban de dar origen a una investigación en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia se remontan al 9 de diciembre de 2004, cuando el Ayuntamiento adjudicó por dos años el mencionado servicio de limpieza y mantenimiento en los colegios a la firma Cryspemar SL, haciendo constar que se podría prorrogar por dos años más.

Los 205.954 euros que se pagaban al año se abonan ahora a razón de 17.162 euros por doce meses

Una vez agotados esos dos primeros años, y cuando el plazo ya había expirado, en concreto el 14 de diciembre de 2006, se aprobó la mencionada prórroga por parte de la Junta de Gobierno del Consistorio. Esta ampliación ya habría sido ilegal de por sí, según los hechos denunciados por el PSOE, pues la ley impide adoptar tal medida cuando el contrato ha finalizado. Concretamente, la norma exige que la prórroga se amplíe cuando el contrato todavía está todavía en vigor.

Pero, además, según se señala en la querella, tampoco con el agotamiento de esa prórroga de dos años se puso fin a la prestación de servicios por parte de esa firma, ya que se han extendido hasta el día de hoy de forma aparentemente irregular. En vez de sacar la contrata a concurso, lo que habría hecho el Consistorio fue fraccionar el contrato anual, que asciende a 205.954 euros, y abonarlo en doce pagos mensuales de 17.162 euros, con el aparente propósito de burlar la ley y no sacar el trabajo a licitación.

En noviembre de 2016, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Francisco Álvarez, pidió a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma que analizara esa situación y se pronunciara al respecto, lo que motivó la emisión de un dictamen que resultó concluyente. Básicamente, señalaba que «la actuación municipal no se ajusta a la legalidad», que «en ningún caso se puede amparar la actuación del Ayuntamiento» y que «no puede deducirse, ni justificarse, la persistencia durante diez años de una situación excepcional, urgente e imprevista». De ahí que instara a restituir inmediatamente la legalidad. Pese a que tal advertencia data de marzo y a los múltiples requerimientos que la oposición ha efectuado para que la situación se regularice, hasta hoy nada se habría hecho por parte del Consistorio.

'La Verdad' habló ayer con Lázaro Mellado, que eludió hacer declaraciones alegando que el asunto está 'sub iudice', pero no logró contactar con el primer edil Buendía.

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