Andrés Carrillo: «El impuesto de sucesiones estaba acabando con la estructura empresarial murciana»

Andrés Carrillo, en la terraza del edificio de la Consejería de Hacienda./Martínez Bueso
Andrés Carrillo, en la terraza del edificio de la Consejería de Hacienda. / Martínez Bueso

«Tenemos que ser un gobierno austero porque renunciamos a una parte de los ingresos, pero no se ha hecho al tuntún», explica el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas

Fuensanta Carreres
FUENSANTA CARRERESMurcia

Con el presupuesto aún caliente y bullendo en su cabeza, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas encara el año nuevo con la merma de ingresos que supondrá para la arcas públicas la bonificación del impuesto de sucesiones -para él, una medida «de política social»- y la negociación del nuevo modelo de financiación, en la que Murcia exigirá la mutualización de parte de la deuda.

-La bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones entra en vigor mañana. ¿Qué repercusión tendrá en las arcas públicas?

-Va a suponer una reducción de ingresos en 2018 de 26 millones de euros en relación con 2017. Como partimos de una situación en la que ya tenemos una bonificación del 60%, supone en el primer año esa cantidad. Pero en 2019 habrá otra reducción de 26 millones. Como el impuesto tiene una cadencia de seis meses desde que se produce el fallecimiento hasta que se hace la declaración, realmente en el primer semestre de 2018 recibiremos las declaraciones de las personas fallecidas en 2017. Así que en la práctica serán 52 millones anuales.

-¿A cuántos murcianos beneficia?

-Se producen, entre fallecimientos y donaciones, 45.000 casos anuales, pero no todos tienen que pagar el impuesto. Hasta ahora estaban exentos quienes tenían una declaración de menos de 16.000 euros. De esos 45.000, pagaban unos 15.000 al año.

-Las voces críticas reprochan que se trata de una medida incompleta e injusta...

-Es una medida de política social de primer orden. Este impuesto hace un daño enorme. Las situaciones que yo he vivido aquí son prototípicas: personas no adineradas, que reciben una herencia, tienen 65 años y viven con una pensión de mil euros. Se acaban de jubilar y el banco no les da un préstamo, no pueden vender la casa que heredan, y les produce una situación de vida complicadísima. La bonificación hará más felices, y la vida más fácil, a muchos murcianos.

-¿Por qué no pueden acogerse a la bonificación las parejas de hecho o los hermanos?

-Las parejas de hecho, si están registradas formalmente, sí; tienen los mismos derechos civiles. Los hermanos no; la bonificación se aplica a la línea 1 y 2, que son cónyuges, hijos y padres. Nos situamos así en la mejor situación que existe en España, junto con Madrid y Canarias. Ninguna región bonifica a los hermanos. En el ámbito de negocios empresariales estamos mejor que el resto de España. Era un tema prioritario en una región donde más del 90% de las empresas son de carácter familiar y la sucesión generacional se había convertido en un problema que generaba la desaparición de empresas. Tenían que malvenderse para sobrevivir, y estaba acabando con la estructura empresarial murciana. Ahí lo hemos llevado hasta los primos.

-¿No teme que se le reproche a la Región la renuncia a esos ingresos cuando llegue la hora de negociar el modelo de financiación?

-Para el gobierno es una medida de política social y económica. Era clave hacerlo. ¿Prefiero recibir un impuesto o que se elimine la empresa y que deje de generar impuestos y eche a trabajadores a la calle? Así lo hemos explicado en Madrid. Sabemos que tenemos que ser un gobierno austero porque renunciamos a una parte de los ingresos, pero esto no lo estamos haciendo al tuntún. Lo hacemos cuando este año los ingresos de la Comunidad por parte de los impuestos suben en 250 millones. Sucede porque la economía va bien, que es nuestro objetivo para que aumente la recaudación.

-Los presupuestos se han aprobado por el 'rodillo' PP-Ciudadanos. ¿No cabría esperar más debate y consenso en una cuestión clave para el futuro de la Región?

-Ha habido debate, conversaciones y discusiones con Ciudadanos. Pero al final tiene sentido debatir y llegar a acuerdos con alguien que te va a decir que sí. Si dialogamos y buscamos posturas comunes con alguien que te va a decir que no, no es fácil.

-Pero se alcanza mayor consenso...

-En 2016 Ciudadanos, PSOE y Podemos acordaron medidas para el presupuesto y después los dos primeros votaron que no a lo que habían acordado. Llegar a acuerdos para que después voten no, ¿qué sentido tiene? Buscamos el voto positivo, y el que al final necesito es el de Ciudadanos. En ese juego al final tienes que tomar una decisión, y lo importante es que se apruebe el presupuesto. En eso trabajamos, en tenerlo el 1 de enero.

-¿No queda así el Gobierno a merced de Ciudadanos?

-Aquí el objetivo es seguir impulsando la economía. En este momento tenemos una velocidad de crucero de 20.000 nuevos afiliados al año, muy por encima de la media nacional. El presupuesto es el principal elemento de economía del Gobierno, y utilizamos esa herramienta para mantener el impulso. Es un presupuesto muy bien pensado para mantener esa línea de crecimiento. Con medidas a largo plazo en la lucha contra el abandono escolar, con ocho millones de euros para acciones muy concretas, el apoyo a una FP ágil que esté dispuesta a cerrar ciclos para abrir los que hagan falta y en los sitios que haga falta. Hay medidas a corto plazo, y 75 millones para cofinanciar a empresas que invierten en innovación, en mejorar su eficiencia energética...

-Pero precisamente el gasto social ha sido la principal crítica de la oposición a los presupuestos. Las becas para libros, por ejemplo, quedan en niveles de asignación por debajo de los reservados antes de la crisis...

-Las becas de comedor tienen un montante importante, y en las de libros tenemos una batería de medidas: la bonificación fiscal en el IRPF, que se incrementa de 100 a 120 euros por hijos, y llegará a más familias porque la base pasa de 15.000 a 20.000 euros. Además, se mantienen las becas directas, y vamos a diseñar una ley de bancos de libros para que nadie tenga que pagarlos.

-¿Se ha concretado el modelo de bancos de libros?

-Aún no, pero el presupuesto reserva el dinero para hacerle frente. Se elaborará en el primer semestre. Las becas directas se mantienen igual, pero se complementan con las bonificaciones y los bancos de libros.

-En Sanidad incrementan también la partida reservada a los conciertos, que suponen un gasto brutal...

-No exactamente. La realidad es que la sanidad no da abasto. Necesitamos la sanidad privada concertada. No sería posible la asistencia sanitaria en la Región si no contásemos con ese apoyo. En estos momentos se hacen casi más pruebas diagnósticas en la privada que en la pública. Los precios son muy ajustados.

-Las cuentas llegan marcadas por la proximidad de las elecciones...

-Yo no les veo carácter electoralista. El único énfasis que ha puesto el Gobierno ha sido mantener la economía para crecer más en empleo y seguir teniendo recursos para las políticas sociales. La única manera de mantener esas plazas en residencias de ancianos, de mejorar la sanidad y de tener una educación de calidad, es mantener la economía, y lo que tenemos que hacer es echar más carbón a la máquina de la economía, y así están concebidos los presupuestos. El dinero no viene del cielo, viene de que la economía vaya bien, se generen puestos de trabajo, los ciudadanos paguen el IVA y el IRPF...

-El acuerdo con Aena para la explotación del aeropuerto, ¿permitirá recuperar los 182 millones del aval?

-La oferta de Aena establece que en el escenario optimista, que es el normal en la situación actual, el canon ascienda a 125 millones de euros, y en gran medida sí se compensaría. Si las cosas van como están previstas compensaríamos 126 en este periodo.

-Pero si la cosas no van bien no hay garantías...

-El canon se tiene que pagar a partir de un millón de pasajeros al año, y esos ya los hay en San Javier; sí se alcanzará.

-En el presupuesto hay dinero para inversiones, pero siguen aletargadas, sin ritmo.

-Siempre hay menos dinero para inversiones del que a todos nos gustaría, pero la verdad es que lo que más crece son las inversiones, de 385 a 407 millones, 54 millones más, que suponen un 14%. Crecen en todos los ámbitos, y sobre todo en el apoyo a la estructura productiva.

-Contemplan también una oferta de empleo público reseñable.

-Son 13.500 plazas hasta 2019, una cifra que nunca hemos visto. Lo mismo que queremos para la estructura empresarial lo queremos también para la administración pública, que la gente tenga un empleo estable; eso es bueno para la administración pública, para las familias y para la economía.

-¿Teme que los grandes proyectos pendientes de los presupuestos generales tengan un horizonte menos claro?

-El miércoles recibimos el compromiso del gobierno de España con un plan de infraestructuras enorme, con el AVE, el Arco Noroeste, que ayuda al turismo, el transporte... la autovía del bancal, Camarillas, la potenciación del puerto.... son los compromisos que necesitábamos, el 'no va más'.

-La negativa del Gobierno a facilitar las cifras del presupuesto territorializadas por municipios da pie a críticas y suspicacias sobre el trato preferente a los ayuntamientos del PP. ¿No pueden despejar la sombra de duda haciendo públicas las cifras?

-Se ha producido mucha confusión con ese tema. Los presupuestos del Gobierno no están concebidos con un carácter territorial, no pensamos en los municipios cuando los elaboramos. Todos merecen todos los servicios públicos, y si pensamos en la sanidad, pensamos en la regional, y ponemos el centro de salud o el colegio donde hace falta. Nuestras inversiones se van en carreteras, infraestructuras de agua, que afectan a varios municipios. Una parte importante de los presupuestos son de carácter competitivo, y no sabemos si lo va a ganar una empresa de Alhama o de Alcantarilla. El plan de vivienda, las medidas ambientales... nada tiene que ver con la territorialización.

-Pero antes se publicaban. ¿Qué ha cambiado?

-Los técnicos decían que ese documento estaba hecho sin rigor, y no se sabía calcular bien. Me planteé quitarlo, pero lo mantuve, y en 2015 muchos alcaldes me pidieron que dejáramos de dar esa información porque era errónea, y decidimos eliminar una información que no aportaba nada. El debate territorial en unos presupuestos regionales solo genera conflictos.

-La negociación del nuevo modelo de financiación se vio retardada de forma intencionada por la situación en Cataluña. ¿La han retomado?

-Ha habido un impás por el tema catalán, pero el mismo día que se decretó la aplicación del 155, el ministro convocó a las comunidades, y ha habido dos reuniones más. No hay parón. El tema no es fácil, porque poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas en un acuerdo que tiene que acabar votándose en un Congreso de los Diputados donde no hay mayoría, es difícil. El Gobierno regional no ha soltado la tensión ni un minuto.

-¿Cuáles son las propuestas concretas de la Región?

-El comité de expertos independientes acordó una serie de medidas en las que todos estaban de acuerdo. El modelo no está cerrado pero tiene directrices claras. La postura de Murcia es que se coja esa propuesta, que está muy avanzada, se complete y se ponga encima de la mesa. Con lo que está en ese documento es suficiente. No queremos nuevas vías de debate.

-¿Y cuáles son esas modificaciones clave?

-El sistema actual es tremendamente injusto, trata de forma desigual a las regiones, y así lo dicen los expertos. Esa desigualdad se corrige eliminando la cláusula del 'status quo' vigente en el actual modelo, y que dice que aquellos que recibían mucho cuando se hicieron las transferencias tienen que seguir recibiendo ese mucho. Los expertos dicen que hay que eliminar esa cláusula, que es la causa de todos los males. En lugar de ese criterio, se propone el de la población ponderada, lo que quiere decir no tomar en cuenta solo el número de personas, sino también el porcentaje de ancianos, la dispersión territorial... Pero siempre basado en el criterio de población, no en cómo se recibieron las transferencias.

-La Región recibe ahora un 50% de lo que recauda por IVA y un 58% de los impuestos especiales. ¿La reclamación es alcanzar el 70%, como proponían algunos?

-Esa es una vía para aumentar la financiación, pero para mí no es vital llegar a ese porcentaje. Lo importante es que llegue el dinero con los criterios de población, en lugar de tomar como referencia el 'status quo'.

-¿Pedirán también la condonación de la deuda?

-En esa cuestión no hubo acuerdo entre los expertos. Murcia lo pedirá de forma enfática. Proponemos que la deuda se mutualice. Que deje de ser de la Comunidad y sea del conjunto del Estado. La Región era la menos endeudada antes de que se pusiera en marcha este sistema de financiación y de la crisis. No tenemos propensión a endeudarnos, nuestra deuda viene de tener que mantener los servicios públicos a pesar de la caída a plomo de los ingresos que supuso el actual modelo de financiación. Esa parte de la deuda es la que nos tienen que mutualizar, no la que había antes, y el resto es de cada comunidad. Además, decimos que no se perdone, que se mutualice y quede condicionada. Que el Estado ponga condiciones y quien no las cumpla, que la deuda vuelva a ella.

-La Región tendrá enfrente a todas las comunidades beneficiadas con el actual modelo. ¿Iremos de la mano con Valencia en la negociación?

-No es fácil cambiar un modelo con el que a algunas regiones no les va tan mal, y además está la cuestión política; se necesita el voto del PSOE; si no, no sale para adelante. Vamos con Valencia en el sentido de que tenemos exactamente la misma situación: somos las peor financiadas. Pero no vamos contra nadie, solo pedimos que se trate igual a un murciano que a un gallego.

-¿Le preocupa que la armonización fiscal impida la aplicación de la bonificación?

-No temo a ese escenario porque creo que las regiones van a ir tomando poco a poco decisiones parecidas porque es un impuesto injusto. Iremos poniéndonos de acuerdo en que desaparezca ese impuesto.

-Hace apenas unos días el Ministerio reprochaba a la Región las desviaciones detectadas en la regla de gasto, de la que Murcia se ha alejado tres puntos...

-El Gobierno regional tiene que cumplir las leyes, y existe una ley de dependencia que hay que cumplir, prestaciones sanitarias y educativas, o la subida salarial del 1% a los funcionarios públicos. El cumplimiento de leyes estatales es lo que está provocando ese incremento del gasto.

-En la misma misiva el Ministerio pregunta las medidas correctoras que aplicarán. ¿Cuáles son?

-Es difícil que se adopten medidas correctoras en el mes de diciembre, no tiene mucho sentido hablar de ellas. El incremento del gasto está provocado por el cumplimiento de leyes de carácter básico, y en nuestro caso también por el incremento de la renta básica de inserción.

-También advierten a la Región sobre el alto riesgo de la deuda, que podría comprometer el crecimiento de la economía...

-Nuestra deuda está financiada directamente por el Estado al 80%. Nuestra deuda solo se ha producido por la caída del sistema de financiación, y por eso está financiada por el FLA. Si tengo una deuda elevada, pero al que le debo el dinero es al Estado, pues yo creo que es una deuda con garantías. Y más cuando el Estado es el que tiene que cambiar el sistema de financiación. Lo más importante es que el 80% de nuestra deuda la tiene el Estado, y por tanto no es un problema para nosotros.

-¿Qué subida salarial prevén para los funcionarios públicos?

-Aunque sigue pendiente de la aprobación de los presupuestos del Estado, está prevista una subida del 1,5%. Hay establecido un variable del 0,125% condicionado al PIB.

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