El Gobierno creará un canal para recoger denuncias anónimas sobre corrupción

La consejera Noelia Arroyo, en el centro, y representantes del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, durante la reunión en la que le entregó, el lunes, el borrador del Plan de Gobierno Abierto./CARM
La consejera Noelia Arroyo, en el centro, y representantes del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, durante la reunión en la que le entregó, el lunes, el borrador del Plan de Gobierno Abierto. / CARM

La iniciativa, puesta en marcha por otras administraciones, quiere implicar a los ciudadanos en la lucha contra las malas prácticas en la Comunidad Autónoma

Julián Mollejo
JULIÁN MOLLEJOMurcia

El Gobierno regional quiere convertir a los ciudadanos en sus cómplices en la lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la Comunidad Autónoma. Con este propósito, la Consejería de Transparencia y Participación trabaja en la puesta en marcha de un canal que permita presentar denuncias de forma anónima.

La medida figura en el borrador del Plan de Gobierno Abierto que se encuentra en este momento en fase de consultas por las organizaciones y asociaciones que componen la sociedad civil murciana.

La iniciativa se describe así en el capítulo que recoge las medidas propuestas sobre buen gobierno: «La Administración regional estudiará la puesta en marcha de un buzón de denuncias, que, previa la tramitación normativa que al respecto proceda, permita a cualquier persona denunciar presuntas prácticas corruptas de las cuales tenga conocimiento, sin revelar su identidad».

Esta acción no es nueva. En los últimos años se han puesto en marcha iniciativas similares en las administraciones públicas. El Ministerio de Empleo permite a través de su página web realizar denuncias sobre el fraude laboral y garantiza el anonimato a los delatores. También la Agencia Tributaria dispone de una herramienta similar en su lucha contra los delitos fiscales -en los últimos cinco años ha recogido unas 50.000 denuncias-, al igual que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

También se ha aplicado en ayuntamientos y comunidades autónomas de muy diverso signo político. El consistorio de Barcelona cuenta desde comienzos de año con lo que denomina un «buzón ético», y la Comunidad de Valencia prepara la puesta en marcha de lo que ha bautizado como el «buzón responsable y de buen gobierno» para recoger denuncias anónimas.

La Consejería de Transparencia y Participación ha estudiado varios de estos precedentes y, a diferencia de la Generalitat valenciana, que lo hará por ley, prevé regular la iniciativa mediante un decreto.

La consejera Noelia Arroyo considera que el buzón de denuncias «es una medida importante» dentro de las propuestas por el Ejecutivo autónomo en favor de la regeneración democrática, pero precisa que no se pondrá en marcha hasta que «podamos dar todas las garantías a los denunciantes de que se preservará su identidad».

«No se trata simplemente de un correo electrónico para presentar quejas, por eso estamos estudiando detenidamente todas las derivaciones jurídicas de esta medida», señala Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería. En varias administraciones que ya disponen de este canal se exige que la denuncia vaya acompañada de pruebas. Pero, aun siendo así, Ujaldón explica que «jurídicamente es complicado garantizar el anonimato, porque la legislación no admite denuncias anónimas, aunque existe jurisprudencia que sí las reconoce en casos concretos».

El Gobierno valenciano, por ejemplo, se ha encontrado con las críticas de los sindicatos por considerar que la ley no protege suficientemente a los funcionarios que denuncien malas prácticas.

El Plan de Gobierno Abierto, que la Consejería quiere tener aprobado antes de que finalice el año, se estructura en siete ejes: participación ciudadana, transparencia, datos abiertos, colaboración, buen gobierno, evaluación de políticas públicas, y comunicación y difusión.

Dentro del epígrafe sobre buen gobierno, además del buzón para denuncias anónimas, también figura la aplicación de un código ético a los altos cargos, la creación de un registro de grupos de interés ('lobbies'), la mejora de la comunicación institucional y fomentar el gobierno abierto en las federaciones deportivas.

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