El Gobierno advierte que las ITV están en situación de «vacío legal»

Noelia Arroyo y Javier Celdrán conversan con los manifestantes a favor de la ITV pública. /Guillermo Carrión / AGM
Noelia Arroyo y Javier Celdrán conversan con los manifestantes a favor de la ITV pública. / Guillermo Carrión / AGM

La portavoz del Gobierno insiste en que el Ejecutivo regional está buscando una solución para el conflicto

EFEMurcia

Las empresas que prestan el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se encuentran actualmente en una situación de "vacío legal", según indicó esta mañana la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, que insistió en la necesidad de solucionar cuanto antes esa situación de "inseguridad jurídica" para trabajadores y usuarios.

Arroyo hizo esas declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno, después de que este lunes los grupos de la oposición impidieran la aprobación del decreto ley que preveía ampliar las 8 concesiones actuales hasta 18 estaciones.

Durante la reunión, una veintena de representantes sindicales de la estación de Alcantarilla, la única de gestión pública (otras seis son concesiones y una más está liberalizada) protestaron a las puertas del Palacio de San Esteban para pedir la gestión pública en todo el servicio y mejoras de sus condiciones.

Antes de atender a los medios de comunicación, la propia Arroyo y el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, mantuvieron un breve encuentro con ellos a pie de calle para escuchar sus reivindicaciones.

Los representantes sindicales insistieron en que la estación pública de Alcantarilla es la más rentable económicamente, a la vez que es la más barata y también la que plantea más exigencias a los usuarios y, por tanto, garantiza una mayor seguridad de los vehículos, y lamentaron la falta de medios y personal.

Ya en rueda de prensa, Arroyo insistió en que, al no haberse aprobado el nuevo modelo de gestión de la ITV, estos trabajadores, como los del resto de estaciones y los usuarios, se encuentran en una situación de "inseguridad jurídica" por el "vacío legal" que se ha producido y ha insistido en que el Gobierno está trabajando para encontrar una solución "lo antes posible".

No obstante, lamentó que esta situación se podría haber evitado con una "actuación política responsable" y no se debería haber generado, puesto que las condiciones del decreto estaban negociadas de antemano y estaba previsto que Ciudadanos apoyara el texto permitiendo así su aprobación.

Por ese motivo, Arroyo lamentó el cambio de actitud que se produjo y advirtió de que esto no es "un revolcón al Gobierno, sino a los ciudadanos y los trabajadores".

En ese sentido, y ante la amenaza de Ciudadanos de no apoyar tampoco los presupuestos regionales para 2018, la portavoz insistió en que "los revolcones no son para el Gobierno, sino para los ciudadanos".

"Lo que nos preocupa es que piensen que van a perjudicar al Gobierno cuando a quienes perjudican es a los ciudadanos y a los trabajadores", afirmó, y advirtió de que en política se debe actuar "por el interés general" y no por intereses "partidistas".

«Oportunidad perdida» para CROEM

Por su parte, CROEM ha explicado en un comunicado que lamenta «la oportunidad perdida para haber liberalizado un sector que habría beneficiado de manera directa a la actividad empresarial y, en general, a todos los ciudadanos, que se verán así privados de un servicio más ágil, más cercano y a un menor coste».

Asimismo, recuerda que el proyecto de decreto contó con dictamen favorable del Consejo Económico y Social, y que las cuestiones sociales que los sindicatos plantearon sobre los trabajadores de las ITV vigentes fueron resultas mediante consenso con la Administración.

Por este motivo, apela a la necesidad, ya en este caso por la vía del diálogo, «de alcanzar los fines que se pretendían con el mencionado decreto-ley».

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