Fuentes Zorita abrirá la ronda de interrogatorios a investigados por la degradación de la laguna

José Salvador Fuentes y Rosario Quesada./N. G. y G. Carrión / AGM
José Salvador Fuentes y Rosario Quesada. / N. G. y G. Carrión / AGM

La magistrada del 'caso Topillo' inicia la toma de declaraciones con todos los imputados de la Confederación Hidrográfica del Segura

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Las diligencias judiciales por la contaminación del Mar Menor entrarán la semana próxima en plena ebullición con la toma de declaración a los imputados y, en concreto, a todos los antiguos altos responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a quienes la Fiscalía Superior y la magistrada instructora señalan, indiciariamente, como implicados en el grave proceso de degradación ambiental sufrido por la laguna costera.

En un auto dictado la semana pasada, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, cita a declarar para el próximo lunes a quien fue presidente del organismo de cuenca, el socialista José Salvador Fuentes Zorita, que se convertirá de esa manera en el imputado que abre la ronda de interrogatorios a imputados por el llamado 'caso Topillo'. Le seguirán, en jornadas sucesivas, quien le reemplazó en el cargo, María del Rosario Quesada Gil (martes, día 10); el excomisario de Aguas, Manuel Aldeguer (día 12), y los antiguos jefes de servicio de la CHS Manuel Enrique Ruiz Sánchez (día 13), Joaquín Ezcurra Cartagena y Blas Mirete Mompeán (día 17).

La preguntas se centrarán en conocer si desde la cúpula de la CHS se hizo la 'vista gorda' con las explotaciones agrícolas que estaban usando desalinizadoras ilegales y vertiendo la salmuera sobrante a ramblas y pozos

En tres piezas separadas

Con esta resolución, la juez Marín entra de lleno en la investigación por una de las tres piezas en que dividió la causa sobre la contaminación del Mar Menor y que podrían denominarse de la siguiente manera: 'caso Topillo I', centrada en las actuaciones presuntamente delictivas que se habrían desarrollado desde la Consejería de Agricultura y Agua; el 'caso Topillo II', basado en esclarecer los posibles delitos vinculados a la CHS, y una veintena de causas de menor entidad, correspondientes cada una de ellas a los agricultores y responsables de grandes explotaciones agrarias que habrían estado usando desaladoras ilegales para regar sus cultivos y vertiendo la salmuera y los desechos sobrantes a ramblas y pozos.

En virtud de esta división establecida por la instructora, las diligencias a practicar en los próximos días se corresponderían con la pieza 'Topillo II'. Tal y como reflejó en el auto por el que abrió formalmente estas diligencias, las supuestas actuaciones irregulares cometidas desde el organismo de cuenca consistirían en que las medidas de control, inspección y sanción adoptadas contra quienes en la práctica estaban contaminando el Mar Menor fueron «prácticamente nulas» hasta el año 2012. Y ello, advertía, a pesar de los múltiples y precisos datos que la CHS tenía «sobre la existencia de desalobradoras que vertían el sobrante o rechazo al Mar Menor o a los acuíferos».

Todo apunta, de esta forma, a que las tomas de declaración se centrarán en establecer si, desde la cúpula de la CHS y desde sus jefaturas de servicio, se habría hecho la 'vista gorda' con las explotaciones que presuntamente estaban vertiendo salmuera a ramblas y a pozos, que finalmente acabaría en el Mar Menor, con las aparentes graves consecuencias ambientales ya conocidas.

Por lo que se refiere a la pieza 'Topillo I', el objetivo establecido 'a priori' por la magistrada es determinar, igualmente, si se habría ejercido la obligada actuación de control sobre los agricultores que presuntamente realizaban tales vertidos a la laguna. Con el añadido, en el caso de este organismo de la Administración regional, de que habría llegado a otorgar subvenciones europeas a las mismas empresas agrarias que en apariencia estaban incumpliendo la normativa sobre nitratos.

Estas diligencias concretas se dirigen contra el exconsejero Antonio Cerdá; el ex secretario general de la Consejería, Francisco Moreno García, y los antiguos directores generales Ginés Vivancos Mateos, Joaquín Maestre Albert y Ángel García Lidón y los ex jefes de servicio Esteban Abad Salcedo y Francisco José González Zapater, quienes ya están formalmente imputados por presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.

Ninguno de ellos, sin embargo, ha sido llamado a prestar declaración hasta el momento.

En contra del despiece

En ámbitos próximos a esta causa ha provocado una cierta sorpresa el hecho de que la magistrada Marín haya comenzado a citar a los imputados antes de resolver varios recursos que tiene pendientes y, en concreto, los que se oponen a que las diligencias sobre la contaminación del Mar Menor se divida en dos grandes piezas -las ya referidas de la Consejería y la CHS- y una multitud de pequeñas causas para investigar la actuación particular de agricultores.

Entre los recurrentes se encuentra la propia Fiscalía Superior, que a través del fiscal delegado para perseguir los delitos contra el medio ambiente, Miguel de Mata, ha advertido de que el despiece de la causa tendría consecuencias «desastrosas», pues se obviaría que nos encontramos «ante un supuesto de causalidad acumulada o acumulativa, en la que hay un resultado unitario -la degradación del Mar Menor y del acuífero Cuaternario- que es consecuencia de muchos resultados individuales, activos y omisivos».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos