La Fiscalía quiere que un tribunal popular juzgue a Sánchez por la 'trama Púnica'

Pedro Antonio Sánchez./Javier Carrión / AGM
Pedro Antonio Sánchez. / Javier Carrión / AGM

Anticorrupción recuerda que las acusaciones de presunto fraude y cohecho deben ser vistas por ciudadanos

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

Pedro Antonio Sánchez podría seguir el camino que ya recorrieron antes los expresidentes de otras comunidades -como el valenciano Francisco Camps y el balear Jaume Matas- y acabar enfrentándose a la justicia ciudadana. Las fiscales anticorrupción de la 'trama Púnica', Carmen María García y María Teresa Gálvez, reclaman que el actual diputado autonómico y presidente del PP murciano sea juzgado por un tribunal popular.

Así lo solicitaron en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y notificado a las partes ayer, en el que advierten de que los hechos que se achacan a Sánchez -y a su asesor David Conesa- y que vienen recogidos en el auto de incoación de procedimiento abreviado podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude y cohecho, y que estos deben ser vistos, según marca la ley, por un jurado popular.

El Ministerio Público solicita, asimismo, que, en base a esa petición, se paralice el trámite de presentación de escritos de acusación que, según pudo saber 'La Verdad', culminaba ayer y se proceda a incoar un procedimiento de jurado.

El Ministerio Público reclama, además, que se paralice, por el momento, el plazo para presentar las acusaciones

Una elección aleatoria

De ser así, Sánchez acabaría respondiendo ante nueve ciudadanos -y dos suplentes- elegidos aleatoriamente, por los trabajos de limpieza de la reputación personal que supuestamente concertó en 2014 con dos presuntos líderes de la 'trama Púnica', Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso. Las fiscales de la 'trama Púnica' ya dejaron claro en junio que, a su entender, los hechos serían constitutivos de un presunto delito de fraude. Desafíaron, así, la postura que enarboló la Fiscalía General del Estado -con Manuel Maza al frente-, que ordenó que no se acusara a Sánchez. En un escrito, remarcaron que los hechos recogidos en la pieza murciana de la trama «tienen suficiente fuerza indiciaria para iniciar la fase intermedia», esto es, para sentar en el banquillo a Sánchez y a su asesor.

Presentado este escrito, solicitando que se canalice el procedimiento por el tribunal de jurado, ahora las partes deberán pronunciarse al respecto y la Sala tomar una decisión antes de pasar al siguiente trámite: la formulación de los escritos de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa -o para excepcionalmente solicitar la práctica de diligencias que consideren indispensables para formular acusación-.

El pasado mes de julio, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ ya tumbó las pocas esperanzas que le quedaban al exlider del Ejecutivo regional de eludir el trago del banquillo y lo encaminó a la sala de vistas al dar un contundente carpetazo a los recursos con los que tanto él como su exasesor David Conesa trataron de tumbar el auto de procesamiento que el magistrado instructor, Enrique Quiñonero, dictó a comienzos de junio.

Frente a las declaraciones autoexculpatorias del político del Partido Popular, el magistrado hacía referencia, en ese escrito, a los múltiples datos incriminatorios que se deducen de «las intervenciones telefónicas (hasta veintiocho)» que autorizó el juez Eloy Velasco, «los datos de geolocalización de terminales móviles, el material informativo y la documentación en soporte papel y electrónico intervenidos en los registros, y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción de la causa». Material más que sobrado, en su opinión, para conocer «el proceso completo de concertación que se dio entre los investigados con el objetivo ya reseñado (la realización de supuestas tareas de lavado de la imagen personal de Sánchez, que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos)».

Los trajes de Camps y otros sonados antecedentes

El 'caso de los trajes' del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps es posiblemnente uno de los más recordados. Un político (que resultó absuelto) ante un tribunal conformado por hombres y mujeres de la calle. Una imagen, con mucha carga simbólica, que, sin embargo, ya se ha repetido en numerosas ocasiones, por ejemplo, con el expresidente de Baleares Jaume Matas, juzgado y condenado por ponerle un sueldo a su esposa -3.000 euros al mes por no hacer nada-.

En la Región más de medio centenar de asuntos han pasado por el veredicto de un jurado popular desde que volvió a instaurarse, el 22 de mayo de 1995. Y, en ocasiones, con veredictos rodeados de cierta polémica. Fue el caso de la absolución en 2010 del policía local de Ceutí acusado de matar de un tiro a un joven lituano; o, más recientemente, el 'caso Visser', en el que acabó absuelto uno de los presuntos autores materiales del doble crimen de una pareja holandesa, el rumano Constantín Stan, y el presunto encubridor, Serafín de Alba.

La fiabilidad de los fallos se mide por la estimación parcial o total de los recursos ante los tribunales profesionales. Una de cada cinco sentencias de jurado popular acaban siendo revocadas por el Tribunal Supremo.

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