La Fiscalía investiga a la cúpula de Enfermería tras una denuncia del Colegio de Murcia

Amalia Corominas y Máximo González Jurado./LV
Amalia Corominas y Máximo González Jurado. / LV

Las indagaciones van encaminadas a aclarar si González Jurado y el resto de dirigentes del Consejo General cometieron posibles delitos de malversación, estafa, cohecho y apropiación indebida

Javier Pérez Parra
JAVIER PÉREZ PARRAMurcia

La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para tratar de aclarar si la cúpula del Consejo General de Enfermería de España (CGE) ha podido cometer delitos de malversación, estafa, cohecho, apropiación indebida, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Las indagaciones parten de una denuncia de la presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas, y miembros de su junta directiva. Las investigaciones se iniciaron en julio y se centran sobre todo en el papel de Máximo González Jurado, quien ha presidido el Consejo General durante treinta años (el pasado 6 de octubre presentó su dimisión). También están bajo la lupa de la Fiscalía su sustituto en el cargo, Florentino Pérez Raya, hasta ahora vicepresidente segundo del CGE, y Pilar Fernández, vicepresidenta primera. En su denuncia, el Colegio de Murcia apunta al supuesto uso ilegal de fondos públicos del CGE (el dinero aportado por los enfermeros a través de sus cuotas colegiales) para constituir un “entramado societario” dedicado, en parte, a la especulación inmobiliaria y a otros fines totalmente ajenos a la labor de la institución. Según la denuncia, “de los presupuestos del CGE han salido en los últimos diez años (2006-2015) hacia el entramado societario pagos directos finalistas por un total de 15,9 millones de euros”. A esa cantidad habría que sumar, de acuerdo a estas acusaciones, las aportaciones de colegios regionales “afines” a la cúpula del Consejo. Entre las operaciones inmobiliarias se señala la ruinosa compra de un hotel en Benalmádena (Málaga), dos proyectos de complejos sociosanitarios (uno en Majadahonda y otro en Salobreña) que no han llegado a hacerse realidad, y la adquisición de dos parcelas en Getafe

El Colegio de Murcia cuestiona la creación en 1995 de la Fundación Salud y Sociedad (FSS), con la “autoproclamación” de González Jurado y Pilar Fernández como presidente y vicepresidente vitalicios, respectivamente. La FSS adquirió un edificio en Aravaca (Madrid) que es sede social del Consejo General, bajo un régimen de arrendamiento que supone un coste “un 300% superior a los precios de mercado de oficinas de alto ‘standing’ de la zona”. En 2015, el CGE desembolsó 435.000 euros, según la denuncia. Esta fundación dio pie a una sociedad mercantil, Cofunsalud S. A., que habría permitido realizar- siempre según la denuncia- parte de las actividades constitutivas de delito. Entre ellas, la compra de un hotel en 2011 en Benalmádena no ajustada a los fines de la institución colegial, por importe de 19,5 millones. La operación fue además un fiasco porque el propietario del hotel había vendido unos meses antes la empresa, dejando tras de sí un reguero de deudas. El hotel “permanece naturalmente cerrado desde entonces”. La junta directiva del Colegio de Murcia solicita que se investigue la relación de González Jurado con el propietario hotelero, Francisco Cuns.

En cuanto al complejo sanitario de Salobreña (Granada), la operación se realizó a través de otra sociedad, Enfermundi, participada por el CGE y Cofunsalud. La concesión administrativa del Ayuntamiento supuso una inversión de 3,8 millones, según los denunciantes, lo que inició “una carrera de endeudamiento que a largo plazo acabaría con la bancarrota” de Enfermundi, rescatada después por el Consejo General. El complejo nunca llegó a realizarse, y Enfermundi tuvo que abonar al Ayuntamiento de Salobreña 310.000 euros “en concepto de arrendamiento pendientes”.

El Colegio de Murcia señala que todas estas operaciones fueron posibles con los fondos públicos del Consejo, que incrementó un “365%” las aportaciones de los colegios autonómicos entre 1989 y 1996.

La actual junta directiva del Colegio de Enfermería de la Región y el Consejo General están enfrentados desde que Amelia Corominas accedió al cargo en 2012, venciendo a la candidatura más próxima a la cúpula de Enfermería en Madrid. En 2016, Corominas revalidó el cargo en unas elecciones que fueron anuladas por el Consejo General, al entender que se habían producido sin la debida publicidad para la presentación de candidaturas. El CGE dio por disuelta la directiva que preside Corominas y nombró a una junta de edad, aunque en la práctica sigue siendo el equipo de Amelia Corominas quien gestiona el Colegio. En la junta de edad, el Consejo nombró a dos cargos no colegiados en Murcia que tuvieron que cesar tras destapar ‘La Verdad’ los hechos. El asunto está ahora en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que ha rechazado las solicitudes de suspensión cautelar de la resolución del Consejo presentadas por Corominas.

Por su parte, Máximo González Jurado cuenta con dos sentencias del Tribunal Supremo que estiman que no puede presentarse a las elecciones al CGE por no cumplir con un requisito establecido en los estatutos: un mínimo de 15 años de ejercicio profesional. González Jurado terminó presentando su dimisión el pasado 6 de octubre por “motivos personales”.

El CGE rechaza las acusaciones

En respuesta a la denuncia del Colegio de Murcia, el Consejo General de Enfermería asegura que ha actuado “en todo momento conforme a la normativa vigente y a la legalidad, buscando siempre lo mejor para dicha organización colegial y para todos sus miembros”. La institución insiste en que “todas las actuaciones realizadas a lo largo de la historia del Consejo General de Enfermería han sido siempre acordes con los estatutos y con la normativa vigente”, por lo que “es rotundamente falso que hayan existido irregularidades ni ilícitos penales”.

El CGE subraya que “este tipo de denuncias siempre se admiten a trámite aunque estas carezcan de base y sean temerarias y con mala fe, y luego investigan los hechos y resuelven”. En este caso, “los denunciantes sólo buscan desprestigiar y desestabilizar la organización colegial y así ocultar sus gravísimas situaciones personales”, añade el Consejo. En este sentido, se acusa a la “presunta presidenta del Colegio de Murcia”, Amelia Corominas, de pretender “frenar su salida de esta institución, ya que se autoproclamó presidenta en un proceso electoral con graves irregularidades, convocado sin la debida publicidad y en plena Semana Santa y Fiestas de la Primavera Murciana”.

El CGE insiste en que Corominas está suspendida y que los tribunales han rechazado en cinco ocasiones la solicitud de suspensión cautelar de dicha suspensión. Las acusaciones del Colegio de Murcia parten de un informe elaborado por el sociólogo Juan Hernández, quien según el Consejo está “a sueldo” del Colegio de Enfermería de la Región y quien tiene pendiente un juicio oral en Madrid por “presuntos delitos continuados de calumnias e injurias graves hechas por escrito y con publicidad por internet contra el ex Presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado”. La Fiscalía acusa a este sociólogo de “injurias y calumnias”, advierte el CGE.

Comunicado del Colegio

Por su parte, el Colegio de Enfermería de la Región ha señalado, en un comunicado, que la denuncia presentada ante la Fiscalía obedece al “deber” ciudadano de poner en conocimiento de la Justicia posibles actuaciones ilegales. “Podemos afirmar que la persecución que el Consejo General ha llevado a cabo contra este Colegio está y ha estado motivada por este paso en firme dado por la Junta de Gobierno del Colegio de Murcia, con el objetivo de intentar tapar las presuntas irregularidades cometidas durante años e impunemente por la cúpula del Consejo General”, asegura la institución. La junta directiva del Colegio de Murcia exige “la dimisión del actual presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya”, al considerar que “no está legitimado para ostentar el cargo de máximo representante de la enfermería española, al estar inmerso junto al resto de la cúpula del Consejo, en una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, estafa y cohecho”. “Exigimos igualmente que se convoque un proceso electoral con garantías democráticas, gestionado por personas ajenas a la actual cúpula directiva del Consejo General de Enfermería, para garantizar la limpieza, transparencia y legalidad del mismo, petición que hemos elevado a la Ministra de Sanidad”, se añade desde la institución colegial. El equipo de Amelia Corominas comunica a los colegiados su” intención de seguir al frente de esta Junta, pese a las continuas y graves amenazas del Consejo General de Enfermería. Seguiremos trabajando por y para nuestros compañeros enfermeros con honradez y transparencia, como lo hemos hecho hasta ahora”.

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