Fiscalía arremete contra la Comunidad por la gestión de los residuos de la balsa Jenny

Gráfico

La Consejería permitió que el depósito con los desechos tóxicos estuviera diez años sin sellar, con grave riesgo para las personas y el medio ambiente

RICARDO FERNÁNDEZ y JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Un informe de la Fiscalía General, remitido días atrás al Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, pone de relieve los altísimos riesgos que se derivaron, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente, de la dejación de la Administración regional o de su supuesta connivencia con la compañía minera Portmán Golf en todo lo relativo a la gestión de los residuos tóxicos que acogía la balsa Jenny. El documento, que hace prever que ex altos responsables de la Comunidad deberán rendir cuentas sobre sus decisiones y supuestas inacciones, se basa en las inspecciones y análisis efectuados por miembros de la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con la colaboración del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid.

La situación de riesgo creada en la zona de El Llano del Beal y todo su entorno tiene su origen en el traslado del material tóxico que la balsa Jenny acogía y que, entre los años 2004 y 2005, fue depositado en la corta minera Los Blancos I, en el paraje de El Sabinar. Pese a la peligrosidad de esos residuos, el vertedero no se impermeabilizó y los estériles estuvieron a la intemperie, sin cubrir, a lo largo de una década, hasta que en 2015 se acometieron esos trabajos.

Con la vulneración de toda la normativa legal sobre ese tipo de depósitos, que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente era responsable de hacer cumplir, según la Fiscalía, «se ha generado un riesgo muy alto (peligrosidad muy alta y severidad alta) de afección de espacios protegidos de la Red Natura 2000, concretamente Lugares de Interés Comunitario (LIC) cercanos a la corta Espacios abiertos e Islas del Mar Menor y Calblanque, Monte de las cenizas y Peña del Aguila, por la erosión eólica del material contaminado superficial».

La concentración de zinc en la laguna minera es 2.100 veces mayor que el máximo legal para aguas superficiales

Si ya de por sí son alarmantes las consideraciones que los expertos y la Fiscalía realizan en ese documento sobre posibles riesgos para el medio ambiente, mucho más lo son en lo que respecta a los cerca de 700 vecinos del Estrecho de San Ginés. «Ha existido un riesgo alto (peligrosidad muy alta y severidad media/alta) de afección sobre la población de Estrecho de San Ginés». Y concluye que, «en ambos casos, desde un punto de vista técnico, ha existido un riesgo claro de daño muy significativo por la situación del depósito a la intemperie, sin sellar, durante diez años».

La decena de muestras tomadas por agentes del Seprona en torno al depósito Los Blancos I, que fueron analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología, desvelan hasta qué punto eran elevadas las concentraciones de metales pesados en esa zona, totalmente expuesta a la dispersión por el viento y las escorrentías de la lluvia, con el peligro que ello implicaría para la naturaleza y las personas de la zona. Así, las pruebas establecieron que el material procedente de la balsa Jenny presenta concentraciones de metales pesados y metaloides muy superiores al de otra zona cercana, tomada como referencia o 'suelo blanco': hasta 2.000 veces mayores en zinc, mil veces superior en aluminio, 150 veces más en manganeso, 50 veces por encima en níquel, 24 veces más en plomo y 18 veces más en cobre.

Por lo que respecta a los análisis efectuados en la laguna minera situada junto a la corta de Los Blancos I, las concentraciones son muy altas en magnesio, manganeso y aluminio, pero particularmente en zinc, que supera en más de 2.100 veces la concentración máxima legal permitida para masas de agua superficiales. Esta circunstancia es especialmente preocupante por el hecho de que tal laguna minera es de origen freático, por lo que tiene conexión directa con las aguas subterráneas.

De hecho, el informe alerta de que ese vertedero de estériles sin impermeabilizar está situado sobre el acuífero La Unión-Portmán y el del Campo de Cartagena.

«Alta prioridad de actuación»

Siempre según las conclusiones a las que lleva la Fiscalía General, las características de estos desechos obligaban a considerar el depósito de Los Blancos I como «de riesgo muy alto y con alta prioridad de actuación, debido al riesgo de poder convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud de las personas o para el medio ambiente», según recoge la directiva europea 2006/21/CE. Y pese a ello, el «promotor y órgano sustantivo del proyecto», que no fue otro que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente entonces presidida por Antonio Cerdá, habría incumplido durante una década la normativa ambiental y la propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto.

En concreto, la DIA obligaba a aplicar al vertedero «una capa impermeable de naturaleza mineral y una capa de suelo con características adecuadas para el desarrollo de una cubierta vegetal frente a procesos erosivos, que no se observa en ninguna de las ortofotos hasta 2015». Además instaba a «ejecutar una superficie estable hídricamente, lo que no se ha realizado, a la vista de las fisuras y cárcavas que el depósito ha presentado a lo largo de los años».

A la hora de determinar posibles responsabilidades, la Fiscalía deja constancia expresa en su informe de que «la Consejería de Medio Ambiente, promotora y órgano sustantivo, era quien también otorgaba el acta de puesta en marcha -que debía garantizar que los trabajos se adaptaban al proyecto aprobado- y que Portmán Golf, quien finalmente resultó ser el propietario del área elegida como depósito (Los Blancos I) era quien debía solicitar ese acta)».

El documento está suscrito por el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, José Martí García, y debe significar un fuerte impulso a unas diligencias, abiertas en 2014, que deben servir para depurar posibles responsabilidades penales en la gestión de los residuos mineros acumulados en la balsa Jenny, así como en su posterior traslado a la corta de Los Blancos I.

El juzgado insta a abrir otra causa por el riesgo en el colegio de El Llano

El año pasado, a raíz de un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre anomalías en el sellado de la balsa Jenny, la Comunidad Autónoma sancionó a Portmán Golf. A nivel judicial, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, Emilia Ros, tomó hace unos días declaración como investigado a un representante legal de la empresa, por un presunto delito contra el medio ambiente. Y, a la vista de un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha pedido a la Comunidad Autónoma una copia del proyecto. Además, ha pedido abrir una investigación distinta sobre la contaminación por metales pesados en el colegio público de El Llano, situado cerca de la ubicación original del depósito minero. La Guardia Civil ha constatado «la presencia de afloraciones salinas metálicas dentro de las instalaciones de recreo de dicho colegio». Y la magistrada entiende que, «sin perjuicio de la vinculación inicial contaminante que pudieran» estos hechos con los de sus pesquisas, lo conocido ahora tiene entidad suficiente como para que el Decanato designe a un juzgado para investigarlo en solitario. El Ayuntamiento de Cartagena acaba de terminar obras urgentes para evitar riadas en el colegio, donde la Consejería de Medio Ambiente halló niveles anómalos. Y la Consejería de Salud estudiará si 184 niños y madres están ya afectados en su salud.

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