Las fiscales de 'Púnica' desoyen el criterio de su superior y acusan a Sánchez de fraude

Pedro Antonio Sánchez
Pedro Antonio Sánchez / Javier Carrión/ AGM

Remarcan que para ser procesado por este delito «basta la simple elaboración concordada de un plan criminal»

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

Las fiscales anticorrupción de la 'trama Púnica' han dado un golpe en la mesa y, en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejan clara su convicción de que los hechos recogidos en la pieza murciana de la trama «tienen suficiente fuerza indiciaria para iniciar la fase intermedia», esto es, para sentar en el banquillo al expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez, y a su asesor, David Conesa.

En ese escrito, en el que se oponen al recurso presentado por este último -y que ya ha sido desestimado por el juez-, las fiscales Carmen García y María Teresa Gálvez sostienen, además, que los hechos serían constitutivos de un presunto delito de fraude. Desafían, así, la postura que enarboló la Fiscalía General del Estado -con Manuel Maza al frente-, que ordenó que no se acusara a Sánchez.

En un informe firmado por la teniente fiscal, este organismo aseguraba no ver motivos para actuar por el supuesto trabajo de reputación 'online' que el «conseguidor» de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, tenía previsto realizar al entonces consejero de Educación. El proyecto de imagen hallado en los registros de la operación señalaba que los trabajos, cuyo coste se pretendía enmascarar en tareas de la Consejería de Educación, se iban a desarrollar entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. Sin embargo, al final no se llevaron a cabo porque lo impidió la 'Operación Púnica', que hubo que precipitar a causa de un chivatazo. El hecho de que los trabajos no se ejecutaran sirvió a la Fiscalía del Supremo, y por ende a Anticorrupción, para no apreciar delito porque «no supuso coste alguno a las arcas públicas».

En este nuevo escrito, sin embargo, las fiscales remarcan que el delito de fraude es un delito de mera actividad, que consiste en concertarse con otros para defraudar a un ente público. «La mera maquinación para despatrimonializar al Estado realizado por un funcionario» es suficiente, explican. Este tipo delictivo, concluyen, viene a castigar «verdaderos actos preparatorios» y «basta la simple elaboración concordada del plan criminal o la puesta en marcha de ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo».

En otros escritos, las fiscales advierten al magistrado instructor, Enrique Quiñonero, de que la Audiencia Nacional no ha concluido aún el expurgo de toda la documentación relativa a la causa y que esta debe ser remitida a las partes. Esta labor, remarcan, «es necesaria pero compleja, por el volumen de la misma, el número de investigados y la complejidad de la causa».

El letrado Evaristo Llanos, que representa al asesor Conesa, advierte en otro escrito de que la remisión de esos escritos podría dar lugar a «una instrucción paralela» y rechaza estos nuevos documentos.

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