El fiscal reclama cuatro años y medio al exalcalde de Blanca por un vertedero clandestino

Rafael Laorden/M. B.
Rafael Laorden / M. B.

Dos concejales de Medio Ambiente se enfrentan a iguales penas, motivadas por los presuntos daños graves que la escombrera causó a la flora y fauna de un paraje protegido

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Cuatro años y medio de cárcel es la condena que la Fiscalía solicita para el exalcalde de Blanca, el popular Rafael Laorden, y dos antiguos concejales suyos, Ángel Cano Sánchez y José María Molina Trigueros, como sospechosos de un delito contra el medio ambiente por haber mantenido abierto durante largos años un vertedero ilegal en terrenos municipales. Junto a ellos aparece también acusado y sometido a la misma petición de prisión el empresario Juan M.G., administrador de la firma Los Marujos y gestor de la supuesta escombrera clandestina.

La calificación del Ministerio Fiscal sostiene que los encausados habrían consentido y hasta impulsado el vertido supuestamente ilegal de residuos en un monte conocido como La Navela y el Solán, ubicado en el paraje de San Roque, en una zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Ricote. Este vertedero era de titularidad municipal y habría estado funcionando desde el año 2003 hasta su cierre definitivo, en 2009, a pesar de carecer de las preceptivas licencias y autorizaciones de la Dirección General del Medio Natural y de la declaración de impacto ambiental.

El acusador público asegura que fue el propio alcalde Laorden quien, en diciembre de 2005, suscribió un convenio con el dueño de Los Marujos, con el fin de que esta empresa se encargara de gestionar los residuos sólidos e inertes del municipio. Y ello «pese a conocer todos los acusados que el vertedero carecía de cualquiera de los permisos necesarios al tratarse de un enclave geográfico de la máxima protección ecológica».

Los desechos habrían afectado al hábitat de varias especies de plantas amenazadas y de aves como el búho real y el halcón

Desde el primer momento, siempre según la Fiscalía, «se fueron recibiendo en el vertedero, de forma absolutamente descontrolada, no solo residuos inertesprocedentes de escombros de obras, sino también maderas, electrodomésticos, cartones, plásticos, asfaltos, neumáticos, bidones metálicos..., la mayor parte de los cuales procedían de las obras públicas del propio ayuntamiento».

Esa actividad presuntamente ilícita habría motivado «que se haya sepultado gran parte de la masa forestal allí existente, afectando de forma grave a la flora -incluso a dos especies amenazadas y a otra de especial protección- y haya tenido una incidencia grave en la fauna protegida de la zona, como el búho real y el halcón peregrino».

Pese a que la propia Consejería de Medio Ambiente sancionó en 2007 al Consistorio y a la empresa, «todos los acusados hicieron caso omiso, continuando la actividad incontrolada en el citado vertedero».

Más todavía, cuando la Dirección General de Calidad Ambiental ordenó en 2009 que cesaran todos los vertidos, el alcalde -hoy asesor en la Comunidad Autónoma- informó en mayo de que así se había hecho, pero una inspección en junio habría demostrado que tal afirmación no se correspondía con la realidad. Laorden fue instado entonces a acreditar el cierre mediante el precinto de los accesos y fotografías del mismo, lo que así hizo en julio, aunque en septiembre se rompió el cierre y se siguieron vertiendo muebles y escombros.

El fiscal reclama cuatro años y medio de cárcel para cada uno de los cuatro encausados. La organización Ecologistas en Acción, que impulsó estas diligencias con la denuncia inicial, se ha adherido a esa petición.

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