El fiscal reclama 432 años a la 'banda de encapuchados' que atemorizó a la Región

Tanto fue así que fue necesaria la intervención del Grupo de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que sus doce presuntos integrantes acabaran siendo identificados y detenidos. Para cuando dieron con sus huesos en prisión, los responsables de la investigación, bautizada como 'Operación Estibador', sospechaban que podían haber cometido ya en torno a setenta robos en Murcia y las provincias limítrofes, aunque las diligencias judiciales se han cerrado con pruebas que en apariencia solo los vinculan a una quincena de asaltos.

Los cargos que la Fiscalía les atribuye son, pese a todo, lo suficientemente extensos y graves como para justificar una petición global de más de 432 años de prisión, que es a lo que ascienden todas las solicitudes de condena recogidas en el escrito de calificación provisional.

El documento, al que ha tenido acceso 'La Verdad', comienza relatando que esta organización delictiva actuó en territorio murciano durante un periodo indeterminado, que al menos se extendió entre los meses de noviembre de 2015 y abril de 2016. En ese casi medio año, los miembros de la banda dejaron un reguero de saqueos en viviendas habitadas y comercios, principalmente en la zona del Campo de Cartagena -Pozo Estrecho, Roldán, Balsapintada, El Albujón, Dolores de Pacheco, Los Nietos, Fuente Álamo, La Palma...-, pero también en La Ñora, Mazarrón, San Isidro de Albatera (Alicante), El Ejido (Almería)..., en los que se emplearon con una violencia inusitada contra las víctimas. Al menos siete de ellas sufrieron lesiones, en cuatro de las ocasiones de carácter grave, incluyendo fracturas de huesos y grandes brechas en la cabeza, además de un intento de cortarle un dedo con unas tijeras a un ciudadano británico afincado en Cartagena.

La organización delictiva, según el relato del fiscal, estaba presuntamente liderada por un ciudadano marroquí, Chahlal E.B., con la estrecha colaboración de su mujer, la española Ana Beatriz L.N.. En torno a ellos habrían operado los integrantes de las tres ramas en que se dividía la actuación de la banda: una división operativa, que era la que realizaba los asaltos; otra logística, que facilitaba las armas, los coches y las herramientas, y otra de vigilancia, que se encargaba de seleccionar los objetivos.

El escrito de acusación del Ministerio Público disecciona con todo detalle cómo se perpetraron los robos en salones de juegos, empresas agrícolas, inmobiliarias, joyerías, bares de copas y, con especial profusión, domicilios particulares en los que sus moradores vivieron momentos de pesadilla que difícilmente llegarán a olvidar.

Las viviendas y establecimientos acababan siendo saqueados a conciencia -dinero, joyas, cajas fuertes, electrodomésticos, ordenadores, teléfonos móviles y hasta los vehículos, que eran empleados en posteriores golpes-, con el aparente fin de destinar buena parte de lo robado al mercado negro.

Los cargos a los que los doce presuntos integrantes de la banda se enfrentarán en el juicio van desde un delito de pertenencia a organización criminal hasta múltiples delitos de robo con violencia o con fuerza, pasando por detenciones ilegales, lesiones y receptación. En total, las penas de prisión solicitadas suman 4232 años, con el presunto líder de la organización, Chahlal E.B., encabezando la clasificación con una petición particular de 69 años y medio.

En su día, cuando fueron arrestados, se conoció que varios de ellos estaban fugados de prisión y que alguno había acumulado hasta 168 antecedentes delictivos.