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Antonio Martínez, frente a las ruinas de los chalés piloto de la urbanización Trampolín Hills de Campos del Río. Fran Manzanera/ AGM
El fiscal quiere que se procese a 'El Melonero' por una estafa en Trampolín de 54 millones

El fiscal quiere que se procese a 'El Melonero' por una estafa en Trampolín de 54 millones

El Ministerio Público, que identifica a casi 500 perjudicados por la compra de viviendas que no se construyeron, cree acabada la investigación

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Lunes, 25 de junio 2018, 08:00

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murcia. El paraje 'El Barril de Arriba' de Campos del Río, que un día acogió los anhelos de cientos de familias que soñaron con un chalé de vívidos colores y vistas a un campo de golf, conforma ahora un paisaje propio de cualquier era posterior a una catástrofe nuclear. La acción del tiempo y de los saqueadores han convertido las viviendas piloto en inquietantes ruinas, aunque lo que ciertamente parece es que una silenciosa onda expansiva de origen desconocido hubiera arrancado las puertas y ventanas de sus goznes, borrado trozos de pintura de las paredes, alzado las tejas de los aleros y agujereado los muros y paredes. Cientos de palmeras, llamadas un día no tan lejano a fundar un oasis sobre esos terrenos ancestralmente desérticos, yacen abatidas y resecas, con sus espinazos quebrados por algún diosecillo enfurecido.

Los promotores de aquel sueño convertido hoy en inmutable pesadilla, Antonio Martínez, 'El Melonero', y Rafael Aguilera, empiezan a acercarse al -parece- ineludible momento en que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Después de cinco años de investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía acaba de emitir un informe para sostener que las diligencias están concluidas, por lo que solo restaría que el magistrado Ismael Moreno dicte auto de procedimiento abreviado y encamine la causa hacia la celebración de la vista oral.

En este documento, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, el representante del Ministerio Público, Pedro Martínez Torrijos, atribuye a los dos antiguos directivos de la mercantil Solera El Trampolín SL un delito continuado de estafa, en concurso ideal con otro delito de falsificación de documento mercantil, por la venta sobre plano de unas viviendas, que nunca llegaron a ser construidas, en las urbanizaciones Trampolín Hills Golf Resort, en Campos del Río, y Residencial Solera Royal Dream, en Albudeite.

El acusador publico sostiene que el dinero a cuenta no se ingresó en una cuenta especial, como obliga la ley, y que fue avalado por una firma, Swiss Finantial Corporation, que no estaba autorizada a operar en España

Solo por el primero de los complejos urbanísticos, el fiscal cifra en 54 millones de euros las cantidades que los dos encausados habrían obtenido de los clientes y cuyo destino final, admite, no ha podido ser establecido pese a la investigación judicial. La cifra de afectados formalmente reconocidos en el escrito del acusador público, que entregaron cantidades que iban desde los 20.000 euros a los 336.000 euros, roza el medio millar.

Solicitud de recalificación

Según el relato que efectúa el fiscal Martínez Torrijos, a modo de resumen de lo actuado, para conocer el origen de la presunta estafa hay que remontarse al 5 de noviembre de 2004, cuando Solera El Trampolín presentó en el Ayuntamiento de Campos del Río una solicitud de recalificación de los terrenos que había adquirido en el paraje de 'El Barril de Arriba'. Allí pretendía edificar, a priori, una urbanización en dos fases, que sumaban 2.570 viviendas.

El 13 de diciembre de ese año, el Consistorio autorizó la construcción de cuatro chalés piloto.

Seis meses más tarde, en mayo de 2015, la promotora firmó un convenio para la reclasificación de los terrenos. Para ese momento, Trampolín Hills Golf Resort llevaba ya unos meses realizando una fuerte campaña publicitaria, «pese a que no había obtenido esa reclasificación y a que no contaba con capital suficiente», según la Fiscalía. Más de un centenar de personas adquirieron los inmuebles ofertados, con el abono íntegro del precio establecido, mientras que más de medio millar habrían entregado cantidades a cuenta, en algunos casos superiores a los 50.000 euros.

En los contratos de compraventa se hacía constar que se había firmado un convenio urbanístico con el Consistorio de Campos del Río y tramitado una modificación puntual de las normas subsidiarias, «dando a entender que en un corto periodo de tiempo se llevaría a cabo la recalificación y que le sería concedida la licencia de obras», relata el acusador público, que asegura que ello «era en la práctica imposible».

Salvo las primeras cantidades entregadas a cuenta de las viviendas, que fueron ingresadas en una cuenta especial -como establece la ley-, el resto habrían ido a parar a cuentas corrientes de Trampolín Hills, lo que permitía a los promotores disponer de ese dinero sin límite alguno y, presuntamente, «para finalidades distintas a la construcción de las viviendas», al contrario de lo que obliga la legislación sobre esta materia.

Por otro lado, esas cuantías tampoco habrían sido legalmente avaladas, ya que en unos casos se habría salvado ese compromiso mediante un «aval empresarial» de la propia Solera El Trampolín o de Trampolín Hills, y en otros se habría recurrido a la mercantil Swiss Finantial Corporation, que carecía de autorización en España para otorgar avales.

Con estos mimbres, cuando la reclasificación de los terrenos acabó por no llevarse a efecto, el proyecto urbanístico se fue al traste y los cientos de compradores se quedaron compuestos y sin novia. O, lo que es lo mismo, sin casa y sin dinero.

Lo mismo en Albudeite

Este situación se reprodujo, casi punto por punto, en el municipio de Albudeite, donde también la sociedad Solera El Trampolín impulsó un resort bajo el nombre Residencial Solera Royal Dream, con 318 viviendas individuales de lujo y su correspondiente campo de golf, inseparable de cualquier proyecto urbanístico en aquellos años.

Estos chalés comenzaron a ser vendidos sobre plano a partir de 2007, lo que motivo igualmente, según la Fiscalía, que «cientos de personas, residentes en España y en otros países», adquirieran esos chalés y entregaran un dinero a cuenta -en un caso, hasta 336.000 euros- que acabaron perdiendo cuando los planes se fueron al traste.

Ahora, una década larga después de aquellos hechos, el Ministerio Público reclama del juez que dé el penúltimo paso para sentar en el banquillo a Antonio Martínez y su socio Rafael Aguilera. La resolución de este asunto, sea la que acabe siendo, parece un poco más cerca.

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